Blog Jurídico Lefebvre

La empresa puede establecer de modo unilateral un modelo de acuerdo de teletrabajo, para su firma individual por cada trabajador que lo acepte, siempre que respete las previsiones legales y convencionales. También puede elaborar la política de desconexión digital siempre que lo haga previa consulta y audiencia de la representación legal de los trabajadores y con respeto a la ley y al convenio colectivo.

Se establece el contenido de la comunicación, el plazo de presentación, así como aclaración de los efectos y condiciones de la notificación que deben emitir las entidades al Consejo Rector del Consorcio para la inaplicación por causas de fuerza mayor de los incentivos fiscales ZEC.

Se adapta la norma foral del impuesto a las modificaciones del Concierto Económico aprobadas por la L 3/2025 y se introducen novedades en relación con el concepto de microempresa, pequeña y mediana empresa, la sociedad patrimonial, la amortización acelerada, el fondo de comercio, la compensación de bases imponibles negativas, la tributación mínima, las deducciones, el régimen especial de AIE españolas, el de consolidación fiscal y el de reorganización empresarial.

Se aprueba una nueva deducción vinculada al fomento y la formación musicales en este territorio.

Con efectos a partir del 5-3-2026, quedan exentas del Impuesto las indemnizaciones a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia (L 20/2022 disp.adic.20ª).

Se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en el ITP y AJD, ISD e IMT.

Convenios colectivos

El TS declara la validez como prueba de las imágenes obtenidas mediante cámaras de videovigilancia visibles y anunciadas mediante carteles informativos, que permitieron captar la comisión flagrante de un acto ilícito, al considerar su instalación y uso como una medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada. Pero, incluso, aunque la prueba se hubiera obtenido con vulneración de derechos fundamentales, su nulidad no determinaría, necesariamente, la nulidad del despido si existen otras pruebas hábiles que acreditan el incumplimiento del trabajador.

La edad no es la circunstancia definitiva para el reconocimiento o denegación de la IPT del deportista profesional, sino que lo que ha de constatarse es si, a consecuencia de su patología, ha perdido capacidad para realizar las tareas esenciales de su profesión con normalidad, seguridad y rendimiento mínimo.

Para el año 2026, el plazo de renuncia al método de estimación objetiva ( RIRPF art.33.1.a ) así como su revocación, es desde el 25-12-2025 hasta el 31-1-2026.

Si la subvención es no reintegrable, la imputación a la cuenta de resultados, y por tanto a la base imponible, debe efectuarse según los criterios contables, aunque no se haya cobrado.

Con el objetivo de coherencia con la propuesta europea del paquete ómnibus de simplificación administrativa, que incluye medidas como la reducción del número de empresas obligadas a la presentación del Estado de sostenibilidad, se modifican las NEIS transversales.

El Tribunal clarifica y actualiza los parámetros del control de transparencia aplicable a las cláusulas que contienen el IRPH como índice de referencia en préstamos hipotecarios. La accesibilidad pública y la indicación adecuada de fuentes oficiales pueden suplir la obligación de información directa por parte del prestamista, no afectando a la transparencia la omisión de información sobre el diferencial negativo previsto en circulares anteriores si se cumple con la referencia a la normativa aplicable y la información accesible.

Resolución de la Asamblea Regional de Murcia que ordena la publicación del acuerdo de derogación del DL 3/2025 sobre medidas urgentes en vivienda y ordenación urbanística. El acuerdo fue adoptado por el Pleno al amparo del Estatuto de autonomía art.30.3

El Decreto regula el programa 'Alquilámoste', que incentiva la cesión de viviendas vacías de titularidad privada a la administración autonómica, garantizando un canon mensual y la devolución del inmueble en buen estado, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas en alquiler y facilitar el acceso a personas con ingresos limitados

La legitimación para interponer recurso especial está reservada a operadores económicos con interés directo en obtener el contrato. La legislación no contempla la acción popular, y aunque se permite una legitimación amplia, esta debe estar vinculada a intereses concretos relacionados con la adjudicación.

Se condena al Ayuntamiento de Madrid, por la responsabilidad patrimonial de la Administración, a indemnizar a un particular por lesiones sufridas tras un accidente con su motocicleta causado por el mal estado de una rejilla en la calzada, al considerar probada la relación causal entre el deficiente estado de la vía y el daño.

Denegación registral de inscripción de una adición de herencia, al no haberse presentado ni calificado formalmente la resolución judicial extranjera que otorga la propiedad de la totalidad del inmueble a la causante, exigiendo su presentación conforme a la legislación hipotecaria española. Es necesario el respeto del principio de tracto sucesivo y del control nacional de las consecuencias patrimoniales derivadas de los divorcios en el extranjero.

El juicio verbal de impugnación de la calificación registral negativa no tiene un carácter meramente revisor limitado a los documentos y motivos aportados al registrador, sino que permite a los tribunales valorar cualquier medio de prueba que incida directamente en la procedencia o improcedencia de la inscripción solicitada.

El Tribunal Supremo anula la condena por un delito de abandono de menores impuesta a un progenitor que se negó a ir a recoger a su hija adolescente a la casa del familiar de una amiga como aquella le requería. Los hechos carecen de la gravedad necesaria para la intervención penal; se trata de un hecho puntual, la menor no se encontraba en peligro y su guarda y custodia la ostenta el otro progenitor.

La amnistía supone la excepción retroactiva de la aplicación de una norma penal y, por consiguiente, la eliminación de responsabilidad punitiva derivada de la comisión de ese ilícito a quien resulte beneficiado por ella. El indulto, sin embargo, solo exime de las penas total o parcialmente impuestas, pero no afecta a otras consecuencias que se derivan del ilícito cometido.

Se confirma la condena a un acusado por delito contra la seguridad del tráfico, aplicando la agravante de multirreincidencia debido a la existencia de varias condenas previas no susceptibles de cancelación al no haber transcurrido el plazo legal.

La obtención fraudulenta de la clave de un ordenador se considera un acceso no consentido a un dato personal reservado. La clave que es un identificador de su titular, permite el acceso a toda la información que pueda existir en el ordenador y constituye un dato personal reservado protegido por el tipo penal referido