Derecho Civil

No cabe declarar nula la compraventa del inmueble realizada tras el divorcio por el cónyuge que figura en el Registro como titular (lo adquirió antes del matrimonio), aunque se realizara dicha venta sin el consentimiento del otro cónyuge. Aunque algunas mensualidades del préstamo hipotecario que financió su adquisición fueran satisfechas tras el matrimonio por la sociedad de gananciales, la concreción del porcentaje de ganancialidad debe resolverse en el proceso de liquidación, ya iniciado entre las partes. Además, se presume la buena fe de los adquirentes a título oneroso, cuando se realiza el negocio jurídico con quien figura en el Registro con facultades para transmitir.

En casos de preterición intencional en la partición de una herencia, si los herederos que practican la partición conocen la existencia del heredero omitido y actúan con mala fe, la partición es nula y debe anularse para realizar una nueva, sin que proceda optar por la indemnización; en ausencia de mala fe, se presume buena fe y la partición se mantiene, debiendo pagar la parte proporcional que corresponda al heredero preterido conforme al CC art.1080.

Es imposible aplicar la interrupción o cómputo del plazo desde el conocimiento posterior a la inscripción registral para el ejercicio del derecho de retracto, siendo necesario salvaguardar la seguridad jurídica mediante la presunción iuris et de iure de conocimiento desde la inscripción, incluso ante la falta de notificación fehaciente al retrayente.

La persistencia de un interés afectivo parental no exime de la privación de la patria potestad cuando existe un incumplimiento grave y reiterado de los deberes parentales que afecta el bienestar del menor. El régimen de visitas puede ser suspendido si el mantenimiento del contacto resulta perjudicial para la salud emocional del menor, siendo necesario que prevalezca el interés superior del menor por encima de la mera conservación del vínculo parental cuando este ha quedado deteriorado por conductas del progenitor.

La extinción de la pensión alimenticia para un hijo mayor que ha finalizado estudios e iniciado actividad laboral no se aplica retroactivamente, salvo excepciones evidentes. Se consolida la doctrina sobre la irretroactividad en el derecho alimenticio cuando no se prueban hechos que justifiquen lo contrario.

El Tribunal Supremo enfatiza la necesidad de una valoración integral y prioritaria del interés superior del menor en procesos de guarda y custodia, destacando que la existencia de condenas penales y medidas cautelares por violencia deben excluir la custodia compartida aun cuando la conflictividad derivada esté vinculada a crisis de pareja, reforzando la prohibición de guarda compartida en casos con indicios fundados de violencia doméstica o de género.

Es importante exigir una determinación temporal clara del derecho de uso de la vivienda familiar para su inscripción registral, especialmente en supuestos de custodia compartida, donde no puede asignarse dicho uso con carácter indefinido. Es necesario que cualquier extinción o modificación de dicho derecho de uso sea declarada judicialmente, preservando la función registral sin extralimitarse en aspectos jurisdiccionales.

La interpretación de las sentencias judiciales debe ser literal para determinar la duración y vigencia de derechos limitados, como es el derecho de uso sobre la vivienda familiar tras el divorcio. Además, es necesario que los derechos inscribibles en el Registro de la Propiedad cumplan estrictamente con el principio de especialidad, en particular, la identificación clara y previa registral del inmueble o porción sobre la que recae el derecho, para evitar incertidumbre jurídica y proteger la seguridad del tráfico inmobiliario.

En procedimientos de modificación de medidas matrimoniales la extinción de pensión compensatoria tiene efecto ex nunc, salvo que se establezca expresamente retroactividad. El tribunal precisa los límites para la aplicación de la acción de cobro de lo indebido cuando los pagos obedecen a resolución judicial firme vigentes en su momento.

No cabe modificar unilateralmente el régimen económico matrimonial atribuido a un bien según inscripción registral sin prueba fehaciente o título rectificatorio formal. Se insiste en la adecuación rigurosa del caudal hereditario para la protección de legitimarios y terceros y se reafirma la presunción legal de ganancialidad como criterio rector ante la ausencia de prueba documental válida, reforzando la seguridad jurídica en materia de derechos reales y sucesorios.

Se clarifica la aplicación de la LH art.15 en el contexto de pactos sucesorios con transmisión actual en vida del causante, distinguiendo entre el régimen jurídico sucesorio que solo opera post mortem y la transmisión inmediata a título singular, lo que implica que en vida no procede extender afección legitimaria sobre legados con eficacia presente. Además, resalta la interpretación coherente con la naturaleza jurídica de la legítima que protege derechos solo una vez el legitimario se configura tras el fallecimiento, matizando el ámbito de actuación registral y consolidando la autonomía del causante para disponer libremente de su patrimonio en vida sin tutela registral legitimaria previa.

En la partición de herencias donde existan donaciones a título lucrativo consistentes en dinero para la compra de bienes inmuebles, debe considerarse para la colación el valor actualizado del dinero donado al momento de la partición adicional, y el pago de intereses remuneratorios pactados debe respetar lo acordado contractualmente, comenzando su devengo desde la fecha prevista en la escritura y no desde la reclamación judicial.