Derecho Civil

La determinación registral debe ser completa y precisa para la inscripción de derechos reales derivados de legados, siendo necesario delimitar claramente los elementos afectados y duraciones, no pudiendo suplirse con uso pacífico o sentencias judiciales sin la debida descripción registral. La transformación del uso de un local puede estar sujeta a restricciones estatutarias o de propiedad horizontal, las cuales requieren ser aprobadas para ser válidas frente a terceros, protegiendo así la seguridad jurídica en las inscripciones registrales.

Cuando el testamento prevé sustitución vulgar a favor de los descendientes, la renuncia del hijo llamado a la herencia no produce los mismos efectos en toda la masa hereditaria. La previsión testamentaria opera en la mejora y en la parte de libre disposición, pero la cuota de legítima estricta repudiada se redistribuye entre los demás colegitimarios por derecho propio

Se debe aplicar la obligación declarativa contenida en la L 7/2022 art.98.3 en el momento formal de la transmisión inscrita, independientemente de cuándo se haya producido la transmisión material y aunque la apertura de la sucesión sea anterior a la entrada en vigor de la ley. Se diferencia entre la fecha del título formal y la fecha del hecho jurídico material y cómo esta interpretación evita una exoneración sistemática del requisito en transmisiones mortis causa anteriores a la ley, garantizando la función preventiva y de publicidad registral relativa al posible suelo contaminado.

El convenio regulador aprobado judicialmente no puede sustituir ni suplir un título real transmisivo para la modificación registral, especialmente cuando no se realiza una liquidación o adjudicación concreta de bienes. El respeto a los principios de tracto sucesivo y titulación auténtica constituyen elementos esenciales para la inscripción en el Registro de la Propiedad.

Si la cesión gratuita del uso de una vivienda no establece un plazo determinado ni contraprestación y se otorga para satisfacer una situación de necesidad temporal, dicha cesión debe considerarse como una situación de precario, permitiendo al titular legítimo reclamar la devolución del inmueble a su voluntad, incluso si inicialmente existió un contrato de comodato, pues la falta de fijación temporal convierte el uso en revocable en cualquier momento.

Se aprueban con carácter de urgencia diversas medidas de protección del derecho a la vivienda, con especial incidencia en el ámbito de los arrendamientos y los desahucios.

El derecho de retracto de colindantes debe analizarse con base en la condición de colindancia del retraído al momento del ejercicio de la acción, sin que la adquisición posterior de una finca colindante por parte del comprador anule el derecho configurado inicialmente.

En el ejercicio de la acción de retracto de colindantes, el plazo de caducidad de 9 días para su ejercicio comienza a computarse desde la fecha de inscripción registral de la transmisión inmobiliaria, salvo que el retrayente acredite haber tenido conocimiento fehaciente y completo de la venta con anterioridad, pero no desde una fecha posterior a dicha inscripción.

Cuando un bien inmueble disputado está inscrito registralmente a nombre de un tercero hipotecario y otro posee materialmente el bien sin título inscribible, la presunción registral que protege la titularidad no ampara la exactitud en cuanto a datos de hecho como la delimitación de la superficie o linderos, y la carga de probar la propiedad efectiva recae en quien reivindica la posesión. La posesión continuada, pública y pacífica por más de treinta años puede superar dicha presunción y justificar la propiedad material del inmueble, desestimándose la acción reivindicatoria si se acredita tal posesión del poseedor de hecho.

Cuando una persona que no es titular de un inmueble realiza y asume el costo de obras necesarias para acondicionar una parte del mismo para su habitabilidad con conocimiento y consentimiento del propietario, la acción para reclamar el coste invertido debe basarse en la figura del enriquecimiento injusto y no en la accesión inmobiliaria, dado que el CC art.361 no es aplicable en supuestos donde existe aquiescencia o acuerdo con el dueño del terreno.

Cuando existe un error obstativo en la descripción del objeto de una compraventa en la escritura pública que implica una divergencia entre la voluntad real de las partes y lo declarado, este error debe reconocerse y conduce a la nulidad parcial o total del contrato, especialmente cuando la parte que sufre el error actúa con diligencia inmediata para subsanarlo y la contraparte no puede acogerse a la apariencia generada por la escritura para prevalerse de una adquisición por un bien distinto.

Cuando en un contrato de compraventa de inmueble con cláusula resolutoria expresa y pago aplazado, el comprador incumple un plazo de pago y realiza el abono tras el requerimiento resolutorio previsto en el CC art.1504, procede la resolución automática del contrato conforme a la condición resolutoria pactada, sin que sea necesario acreditar un incumplimiento esencial conforme al CC art.1124.