Derecho Civil

El Tribunal Supremo considera exigible una imputabilidad exclusiva y un daño psicológico comprobable y significativo para considerar procedente la causa de desheredación por maltrato psicológico, aclarando que las situaciones de distanciamiento o ruptura afectiva mutua no cumplen automáticamente este requisito, conformando una aplicación restrictiva y detallada de las causas legales de desheredación por maltrato.

Se debe realizar una interpretación integral y restrictiva de la prohibición de disposiciones testamentarias en favor de tutores o curadores, ampliando el ámbito de validez a cualquier pariente dentro del cuarto grado sin exigir exclusividad en el grado hereditario y reforzando la autonomía y capacidad jurídica de las personas con discapacidad conforme a la L 8/2021 y la Convención Internacional. Además, considera que no es aplicable la aprobación judicial de la gestión tutelar para la validez testamentaria post mortem, reforzando el papel del notario como garante de la voluntad libre y esclarecida del testador con discapacidad.

La interpretación sustancial y voluntarista del testamento prevalece sobre una literal estricta en materia de sustitución testamentaria, especialmente el reconocimiento explícito de que la expresión 'fallecer en la misma fecha' debe entenderse en sentido amplio incluyendo la premoriencia. Asimismo, es importante respetar la legítima del heredero preterido aun cuando haya acuerdo entre todos los interesados sobre la interpretación del testamento.

Resuelve el tribunal sobre la forma en que se produce la transmisión hereditaria en supuestos complejos de herencia y transmisión, desestimando la doctrina moderna de adquisición directa en favor de la teoría clásica de la doble transmisión para garantizar la adecuada protección de los derechos legitimarios, especialmente de la viuda del transmitente, y evitar distorsiones en la práctica notarial y registral, contribuyendo a la seguridad jurídica en materia sucesoria.

La Dirección General destaca la claridad jurisprudencial y administrativa sobre la distinción esencial entre renuncia abdicativa y traslativa, especialmente en el ámbito del derecho hereditario y registral, así como su impacto en la transmisión de derechos hereditarios y obligaciones fiscales. La calificación registral es independiente y autónoma respecto a calificaciones anteriores, garantizando la seguridad jurídica y la correcta interpretación de la voluntad del renunciante según el carácter de la renuncia.

El Tribunal Supremo ha anulado, por falta de competencia estatal, los preceptos del RD 1312/2024 relativos al procedimiento de registro único de arrendamientos y la obligación de inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad o en el de Bienes Muebles para obtener un número de registro que permita ofrecer servicios de alquiler de corta duración a través de plataformas en línea.

En la liquidación de la sociedad de gananciales, los gastos derivados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y las cuotas de la Comunidad de Propietarios que son abonados por uno de los excónyuges tras la disolución pero antes de la liquidación definitiva de la sociedad, corresponden a la sociedad ganancial como pasivo, ya que tales gastos se imputan a la titularidad y propiedad del inmueble y no al uso o disfrute de la vivienda.

Destaca la importancia del principio registral de especialidad en garantizar la claridad y precisión en la inscripción de propiedades en comunidad. La disolución de la sociedad de gananciales no equivale automáticamente a una adjudicación registral, por lo que para inscribir bienes en condominio tras divorcio es imperativo expresar de forma inequívoca las cuotas proporcionales de cada comunero

La Dirección General destaca la estricta interpretación del principio de titulación formal para la inscripción registral y deja claro que la aprobación judicial de un convenio regulador en procedimientos relativos a medidas parentales no constituye título hábil para la inscripción de la disolución de comunidades de bienes entre progenitores no casados fuera del ámbito matrimonial, quienes deberán formalizar dicha disolución mediante escritura pública notarial.

No puede aceptarse que el contrato de alimentos, firmado entre el padre y la hermana de la demandante, carezca de causa porque las prestaciones asumidas ya estén legalmente establecidas entre personas con este parentesco, puesto que dicha obligación legal no comprende necesariamente acoger en casa y cuidar personalmente al alimentista, y puede asumirse contractualmente, aunque este cuente con medios económicos suficientes para contratarlos.

Los honorarios del contador partidor, al ser gastos hechos en interés común de todos los herederos, deben deducirse de la herencia y repercutirse a cada heredero en proporción a su cuota hereditaria. No procede su reparto igualitario entre las partes demandante y demandada en el proceso de división judicial de la herencia.

El régimen especial de impugnación del CC art.1075, que excluye la acción rescisoria por lesión en la cuarta parte, es exclusivamente aplicable a la partición realizada directamente por el testador, pero no se extiende dicha excepción a las particiones realizadas por contador partidor designado, estableciéndose así una distinción crucial para la impugnación de particiones hereditarias ejecutadas bajo mandato post mortem.