Derecho Civil

Se enfatiza la estricta observancia del plazo testamentario para el ejercicio del cargo de albacea contador-partidor, excluyendo la aplicación analógica del CC art.904 cuando existe plazo expresamente fijado y reiterando que la pendencia de litigios sobre la validez del testamento no suspende ni prorroga dicho plazo. Es clara la competencia del registrador para calificar y denegar documentos derivados de actuaciones en jurisdicción voluntaria, siendo doctrinalmente relevante delimitar la tutela registral frente a la eficacia de las resoluciones y actuaciones notariales.

La acción para impugnar cláusulas testamentarias que vulneran la intangibilidad cualitativa de la legítima no es una acción de nulidad estructural sino una acción funcional de corrección, siendo el plazo para su ejercicio de 5 años desde el fallecimiento del testador, diferenciándola de la acción de impugnación de partición testamentaria.

En cuanto a la aptitud necesaria de un menor para ser sujeto pasivo de desheredación, se establece expresamente que por debajo de los 14 años se presume la inimputabilidad para este fin salvo declaración judicial contraria. En el ámbito registral no se puede privar de eficacia extrajudicialmente a una desheredación de menor salvo en casos evidentes de incapacidad, reforzando la necesidad de intervención judicial para valorar madurez y capacidad. Esta resolución equilibra la protección de los derechos de los menores con la necesaria seguridad jurídica en la actuación registral.

Se subraya la incompatibilidad entre el criterio europeo de residencia habitual y la exigencia interna de vecindad civil, reforzando la necesidad de adaptación normativa por parte del legislador autonómico para su armonización con el Derecho europeo. Asimismo, se confirma que la transmisión onerosa de bienes de presente difícilmente se considera pacto sucesorio a efectos del Reglamento, evitando la fragmentación de la sucesión, cuestión crucial en la interpretación de las disposiciones mortis causa en sistemas jurídicos plurales.

Cuando un arrendatario realiza obras de mejora en una finca arrendada, para que dichas mejoras sean indemnizables es necesario acreditar con base en prueba pericial y testifical que las mismas fueron realizadas con conocimiento y consentimiento efectivo del arrendador, que éstas constituyen una transformación y adaptación significativa que mejora la finca y que la valoración de la prueba debe ponderarse conforme a las reglas de la sana crítica sin que la mera falta de oposición pueda substituir la exigencia de conocimiento y consentimiento.

Se constata la complejidad interpretativa del CC art.1366 en materia de responsabilidad civil ganancial derivada de actos dolosos, subrayando que la mera existencia de una condena penal y sanciones tributarias no implica automáticamente la responsabilidad de la sociedad de gananciales, sino que es imprescindible acreditar el beneficio patrimonial para la comunidad conyugal.

No se puede imputar al tutor o curador con facultades de representación responsabilidad por culpa in vigilando por actos negligentes de la fundación encargada de las viviendas tuteladas donde el incapacitado residía y donde se produjo la no previsible actuación del causante del daño.

La contribución al sostenimiento de las cargas familiares fijada en convenio regulador como obligación personal del cónyuge obligado debe cumplirse mientras esté vigente y no puede reconducirse después al régimen de reintegros propio de la sociedad de gananciales. Estas cantidades pagadas no son créditos frente a la sociedad de gananciales integrables en su pasivo, por no ser gastos de cargo de la sociedad sino de cumplimiento de una obligación personal.

El Tribunal Supremo precisa el momento de devengo de la pensión de alimentos cuando en apelación se incrementa la cuantía, siendo que la fijada por la Audiencia Provincial solo opera desde la fecha de la sentencia de la Audiencia, mientras que la fijada por el juzgado se debe desde la interposición de la demanda.

Para que el maltrato psicológico constituya causa válida de desheredación ha de ser imputable al heredero y causar un daño real al testador. No es suficiente la mera falta de relación afectiva cuando esta deriva de conflictos familiares previos y no es atribuible exclusivamente a los herederos

No cabe la inscripción de la tercera parte indivisa de unas fincas a favor de una fideicomisaria sin la determinación completa de los fideicomisarios y sin la partición hereditaria con consentimiento de todos los herederos

La ineficacia de disposiciones testamentarias a favor del excónyuge tras el divorcio no opera automáticamente en el ámbito registral y notarial, sino que requiere declaración judicial previa. Es importante respetar el principio constitucional de tutela judicial efectiva y el valor de ley del testamento formalmente válido, evitando cargas procesales innecesarias, pero garantizando la seguridad jurídica.