Derecho Penal

En casos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cuando la prueba práctica demuestra que la tasa de alcohol en el momento de la conducción no se ha acreditado que superara los 0,60 mg/l, corresponde absolver al acusado por insuficiencia de medios probatorios para determinar la concurrencia del delito.

La conducción sin licencia habilitante, aun sin crear un riesgo concreto, constituye un delito de peligro abstracto sancionable penalmente, especialmente en casos de multirreincidencia, siendo irrelevante la capacidad física para conducir y prevaleciendo la protección preventiva de la seguridad vial.

El tribunal admite la imposición conjunta de la pena por asesinato con alevosía y la aplicación de la prisión permanente revisable por la especial vulnerabilidad de la víctima, estableciendo con claridad que no existe violación del principio non bis in idem cuando las dos agravaciones se fundamentan en razones jurídicas distintas y complementarias, reforzando así la protección jurídica de personas con discapacidad o avanzada edad frente a delitos de extrema gravedad.

Es necesaria una estricta exigencia probatoria para atribuir responsabilidad civil subsidiaria al Estado en centros penitenciarios, siendo necesario demostrar una infracción normativa concreta relacionada causalmente con el delito cometido, y refuerza que la mera ocurrencia de hechos violentos dentro de la prisión no conlleva automáticamente la responsabilidad estatal, especialmente cuando la vigilancia se realizó de forma adecuada y conforme a las normas reglamentarias.

El hurto no se consuma por la sola aprehensión material del objeto ni por su mera ocultación dentro del local. Hace falta un espacio, aunque sea mínimo, de disponibilidad pacífica o autónoma del bien; si el relato de los hechos no lo acredita con claridad y la recuperación es inmediata, la calificación correcta es la de hurto en grado de tentativa.

La comisión del delito de blanqueo de capitales requiere la prueba clara de la concurrencia de todos sus elementos típicos, especialmente la procedencia criminal del dinero, combinada con la intención explícita de ocultar su origen ilícito mediante actividades coordinadas de una organización criminal que operaba para transportar e invertir ganancias derivadas del tráfico de drogas.

Con vigencia desde 20-9-2026, y efectivo desde 21-9-2027, queda derogado el Rgto (UE) 952/2013. No obstante, los actos delegados y los actos de ejecución en vigor por él adoptados, continuarán aplicándose hasta que se deroguen mediante actos delegados o actos de ejecución que adopte la Comisión en virtud del presente Reglamento.

En casos de delito de posesión para tráfico de sustancias estupefacientes en cantidad de notoria importancia, la condena se fundamenta en la prueba indicios suficiente y racionalmente valorada que demuestra la autoría y el destino al tráfico, sin que la mera adicción del acusado sea suficiente para atenuar su responsabilidad penal salvo que se acredite que afecta funcionalmente la capacidad intelectual o volitiva al momento del hecho.

La grabación clandestina de conversaciones privadas, aun cuando los contenidos no sean altamente sensibles, encuadra dentro del delito de descubrimiento y revelación de secretos, sin exigir una afectación efectiva de la intimidad para su consumación.

El Tribunal Supremo reafirma criterios sobre la agravante de alevosía sorpresiva en el ámbito doméstico y mantiene la imputabilidad incluso en presencia de trastornos neurológicos y consumo esporádico de tóxicos.

La baja unilateral de la luz en la vivienda familiar constituye coacción cuando se utiliza para expulsar a quien la ocupa legítimamente. La titularidad formal del contrato no habilita esa vía de hecho ni permite alterar por propia mano la situación posesoria surgida tras la ruptura matrimonial. Situación distinta es ordenar la baja o en cesar en el abono de los suministros de un inmueble (en propiedad exclusiva o copropiedad) disfrutado por un tercero ilegítimamente que, sin ostentar derecho ni título alguno que le ampare (por ejemplo, porque ha usurpado el bien), pretende un aprovechamiento de un bien ajeno.

El Tribunal admite la imposición conjunta de la pena por asesinato con alevosía y la aplicación de la prisión permanente revisable por la especial vulnerabilidad de la víctima, estableciendo que no existe violación del principio «non bis in idem» cuando las dos agravaciones se fundamentan en razones jurídicas distintas y complementarias, reforzando así la protección jurídica de personas con discapacidad o avanzada edad frente a delitos de extrema gravedad.