Derecho Penal

En materia penal, se aplica la doctrina sobre los límites del recurso de casación, especialmente en la imposibilidad de revocar absoluciones basadas en valoración de hechos sin audiencia directa del acusado y sin inmediación, reforzando la protección de los derechos procesales en esta fase extraordinaria del proceso.

Se aprecia responsabilidad penal del administrador único de una empresa promotora de viviendas por apropiación indebida y estafa debido a la gestión de los fondos recibidos para finalizar las obras y la venta de estas con ocultación de cargas y ocupantes

La grabación clandestina de conversaciones privadas, aun cuando los contenidos no sean altamente sensibles, encuadra dentro del delito de descubrimiento y revelación de secretos, sin exigir una afectación efectiva de la intimidad para su consumación.

El Tribunal Supremo reafirma criterios sobre la agravante de alevosía sorpresiva en el ámbito doméstico y mantiene la imputabilidad incluso en presencia de trastornos neurológicos y consumo esporádico de tóxicos.

La baja unilateral de la luz en la vivienda familiar constituye coacción cuando se utiliza para expulsar a quien la ocupa legítimamente. La titularidad formal del contrato no habilita esa vía de hecho ni permite alterar por propia mano la situación posesoria surgida tras la ruptura matrimonial. Situación distinta es ordenar la baja o en cesar en el abono de los suministros de un inmueble (en propiedad exclusiva o copropiedad) disfrutado por un tercero ilegítimamente que, sin ostentar derecho ni título alguno que le ampare (por ejemplo, porque ha usurpado el bien), pretende un aprovechamiento de un bien ajeno.

El Tribunal admite la imposición conjunta de la pena por asesinato con alevosía y la aplicación de la prisión permanente revisable por la especial vulnerabilidad de la víctima, estableciendo que no existe violación del principio «non bis in idem» cuando las dos agravaciones se fundamentan en razones jurídicas distintas y complementarias, reforzando así la protección jurídica de personas con discapacidad o avanzada edad frente a delitos de extrema gravedad.

No debe excluirse la acumulación de penas cuya ejecución está suspendida, ya que la suspensión no puede representar un beneficio superior a la acumulación. Debe existir coherencia entre la acumulación de condenas y los objetivos constitucionales de reinserción social evitando efectos contraproducentes derivados de la exclusión de penas suspendidas.

Con vigencia desde 25-5-2027, solo en casos excepcionales la autoridad laboral puede autorizar la intervención de personas menores de 16 años en actividades en las artes escénicas, audiovisuales o musicales, siempre que se realice por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de una empresa y ello no suponga peligro para su salud ni para su adecuado desarrollo emocional, educativo ni personal ni para su formación profesional.

La existencia de un contrato simulado para sortear restricciones legales no excluye la tipicidad penal cuando se produce un abuso posesorio con retención indebida de bienes sujetos a restitución. Asimismo,la valoración del perjuicio patrimonial para cuantificar la pena puede basarse en el patrimonio neto real de la sociedad y no únicamente en el valor nominal asignado en los contratos.

El Tribunal Supremo destaca la importancia de la evaluación objetiva del riesgo en casos de violencia vicaria, reflejando la necesidad de adoptar medidas preventivas y penas específicas para proteger a los menores en contextos de violencia de género. Además, reafirma la estricta interpretación de la admisibilidad de nuevas alegaciones en recursos de casación cuando existen recursos previos de apelación y consolida los criterios para la inaplicabilidad de la atenuante de confesión cuando el delito ya ha sido plenamente investigado y descubierto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que el Derecho de la Unión no se opone a la Ley de amnistía, al considerar que la aprobación y aplicación de la misma corresponde a los Estados miembros. La norma española no vulnera ni la tutela judicial efectiva ni la Directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo. No obstante, la ley no puede impedir que un órgano jurisdiccional espere la respuesta del TJUE cuando haya planteado una cuestión prejudicial. Por ello, si el plazo máximo de dos meses previsto para extinguir la responsabilidad penal obliga a cerrar el procedimiento antes de recibir la respuesta del Tribunal Europeo, esa previsión debe dejarse inaplicada por ser contraria al Derecho de la Unión.

La pena accesoria de prohibición de aproximación es fundamental como herramienta preventiva dirigida, no solo a la víctima directa, sino también a menores en riesgo, en especial en contextos de violencia vicaria. Es necesaria una adecuada evaluación objetiva y completa del riesgo para implementar medidas de protección urgentes y eficaces en el ámbito familiar en situaciones de violencia de género.