Derecho Penal

Con vigencia desde 25-5-2027, solo en casos excepcionales la autoridad laboral puede autorizar la intervención de personas menores de 16 años en actividades en las artes escénicas, audiovisuales o musicales, siempre que se realice por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de una empresa y ello no suponga peligro para su salud ni para su adecuado desarrollo emocional, educativo ni personal ni para su formación profesional.

La existencia de una actividad coordinada y continuada de cultivo y venta de cannabis permite apreciar grupo criminal y atribuir a cada integrante la totalidad de la droga vinculada a la empresa común. La agravación por notoria importancia exige, sin embargo, depurar antes qué material es cannabis fiscalizable como tal, quedando fuera del cómputo las hojas no adheridas a las sumidades, por exigencia del principio de legalidad penal.

Las Naciones Unidas han participado en una convención contra la Ciberdelincuencia promoviendo el fortalecimiento de la cooperación internacional para la lucha contra determinados delitos cometidos mediante sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones y para la transmisión de pruebas en forma electrónica de delitos graves

El TJUE aclara el régimen jurídico sobre la convivencia de motivos obligatorios y facultativos de denegación de la orden de detención europea, resaltando la prevalencia del motivo obligatorio para la protección de derechos fundamentales, y establece con precisión el mecanismo procesal adecuado para evitar la impunidad a través del reconocimiento y ejecución de sentencias en el Estado miembro de ejecución, fortaleciendo así la cooperación judicial penal en la Unión Europea.

El tribunal realiza un análisis detallado sobre la interrupción y cómputo del plazo de prescripción en delitos con pluralidad de partícipes y continuidad delictiva, permitiendo la diferenciación de plazos según la participación concreta de cada acusado. No proceden las alegaciones basadas en valoración probatoria bajo motivos de casación restrictivos según las doctrinas judiciales sobre los requisitos para la declaración de nulidades por cuestiones procesales, como el derecho a juez predeterminado y sus causas de recusación.

La destrucción del cargamento existente en un velero interceptado en alta mar no excluye la condena por tráfico de drogas si la existencia, naturaleza y entidad de la misma resultan de una prueba indiciaria concluyente. La maniobra violenta de embestida por el velero a la embarcación oficial para impedir un abordaje, y en la que muere un agente de la policía, es constitutivo de homicidio con atentado y piratería sin aplicación del «bis in idem», aunque la pena deba articularse por concurso ideal.

El Tribunal Supremo condena por unanimidad a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por formar una organización criminal destinada a manipular la adjudicación de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. Se acredita el uso de influencias y cargos públicos para beneficiar a empresas afines a cambio de comisiones económicas. El Tribunal detalla la existencia de reparto de roles y la utilización de información privilegiada en los procedimientos de emergencia. Se imponen penas de prisión, inhabilitación y multas, con atenuación muy cualificada para Aldama por colaboración con la Justicia, acordando la suspensión de sus penas privativas de libertad. Se absuelve a los acusados de prevaricación administrativa por la situación excepcional de la pandemia. La sentencia destaca el grave daño institucional que provoca la corrupción y la necesidad de proteger la integridad en la gestión pública.

La Sala destaca la ampliación del concepto de revisión a supuestos en que los nuevos hechos no solo generan dudas sobre la culpabilidad, sino demuestran la ausencia del elemento objetivo esencial del tipo penal, fundamentando la anulación de sentencias firmes por errores materiales en la información administrativa que sustenta una condena.

Se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de dicha Ley

El Tribunal destaca la importancia de valorar con rigor probatorio las circunstancias de la conducción en la tipificación de la gravedad de la imprudencia y la necesidad de una inferencia racional fundada en pruebas convergentes para la condena en delitos por imprudencia, rechazando informes periciales defensivos que carecen de sustento técnico completo.

Es exigible la prueba clara y suficiente para atribuir responsabilidad penal a cónyuges en delitos económicos, rechazando la imputación basada en presunciones derivadas del vínculo matrimonial. Además, hay que delimitar correctamente los hechos probados en la sentencia para garantizar la tipicidad penal, especialmente en delitos que requieren un porcentaje mínimo de trabajadores afectados y respeto a la vigencia temporal de la norma aplicable.

El Tribunal Supremo reconoce el delito de maltrato habitual como una figura autónoma que protege la dignidad y la paz familiar, sancionando la reiteración de actos violentos que generan un clima de dominación, y establece que la habitualidad debe entenderse como la permanencia del trato violento, no limitada a un número mínimo de actos.