Derecho Inmobiliario-urbanismo

El incumplimiento de las obligaciones impuestas a la Administración autonómica en materia de ejecución de obras hidráulicas necesarias para el tratamiento de aguas residuales puede eximir de responsabilidad sancionadora a las entidades locales competentes en evacuación y tratamiento de aguas residuales cuando realicen vertidos sin autorización, siempre que la no realización de dichos vertidos comprometa gravemente la salud pública.

La DGSJFP considera que el juicio de identidad realizado por el notario sobre el vendedor tiene suficiente respaldo aún sin consignarse el DNI en el asiento registral, siempre que la identificación sea suficientemente fundada en otros documentos. El defecto de tracto sucesivo alegado por la registradora, basado solo en la falta del DNI en la inscripción de adquisición, no es suficiente para impedir la inscripción

La DGSJFP confirma la suspensión de la inscripción de una representación gráfica georreferenciada alternativa al existir controversias fundadas y no resueltas entre colindantes, incidiendo en que el expediente registral no es el cauce para dirimir estos conflictos, los cuales deben resolverse por vía judicial o deslinde.

La DGSJFP confirma que, ante controversias fundadas entre titulares registrales sobre georreferenciación, el registrador debe suspender -no denegar definitivamente- la inscripción de representación gráfica alternativa solicitada al no corresponderle dirimir tales conflictos en sede registral.

Se suspende la asignación de número de registro único de alquiler de corta duración por habitaciones al considerar que los estatutos de la comunidad solo permiten su uso como viviendas familiares. El Registrador debe calificar el cumplimiento de la normativa y estatutos, y solo una prohibición estatutaria expresa inscrita puede limitar este tipo de usos en el inmueble.

La adjudicación judicial en venta directa concursal transfiere el dominio al adjudicatario, equiparándola a la subasta judicial e imponiendo la obligación de pago de cuotas de comunidad desde dicho momento, sin necesidad de escritura pública. Se revoca así sentencias previas que exigían ese requisito para reconocer la legitimación pasiva de la SAREB frente a la reclamación de la comunidad de propietarios.

Cuando se destinan fondos para hacer frente a una derrama para dar cumplimiento a una condena judicial, al haberse destinado los fondos al interés común y repartiéndose ahora el coste de la reposición del patrimonio comunitario, todos los comuneros, incluidos los que ostentan un crédito reconocido judicialmente frente a la comunidad de propietarios, deben contribuir proporcionalmente, no siendo aplicable una exención en favor de estos últimos.

La asociación de propietarios de la urbanización no puede imponer a no asociados un sistema de reparto de gastos aprobado unilateralmente, obligando a que la contribución de los demandados se calcule conforme al sistema previsto en el reglamento original de la urbanización, la suma a abonar se determinará según la proporción de la superficie parcelaria, y no según los estatutos de la Asociación.

La abusividad de una cláusula referenciada al IRPH debe valorarse atendiendo al tipo efectivo resultante en el momento de la contratación, considerando el diferencial pactado y comparándolo con los tipos de interés habituales del mercado. La falta de transparencia no conlleva automáticamente la nulidad, sino que habilita para un juicio de abusividad que debe ser individualizado.

El Tribunal clarifica y actualiza los parámetros del control de transparencia aplicable a las cláusulas que contienen el IRPH como índice de referencia en préstamos hipotecarios. La accesibilidad pública y la indicación adecuada de fuentes oficiales pueden suplir la obligación de información directa por parte del prestamista, no afectando a la transparencia la omisión de información sobre el diferencial negativo previsto en circulares anteriores si se cumple con la referencia a la normativa aplicable y la información accesible.

Resolución de la Asamblea Regional de Murcia que ordena la publicación del acuerdo de derogación del DL 3/2025 sobre medidas urgentes en vivienda y ordenación urbanística. El acuerdo fue adoptado por el Pleno al amparo del Estatuto de autonomía art.30.3

El Decreto regula el programa 'Alquilámoste', que incentiva la cesión de viviendas vacías de titularidad privada a la administración autonómica, garantizando un canon mensual y la devolución del inmueble en buen estado, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas en alquiler y facilitar el acceso a personas con ingresos limitados