Derecho Laboral

Las sucesivas ampliaciones de jornada pactadas con un trabajador a tiempo parcial no determinan que el contrato deba considerarse a tiempo completo ni concertado en fraude de ley cuando la jornada efectivamente realizada se mantiene dentro de los límites de parcialidad establecidos convencionalmente y existe prueba suficiente de la naturaleza parcial de los servicios prestados.

Cuando el convenio colectivo aplicable tipifica como falta muy grave la apropiación indebida de vales descuento destinados a clientes y admite el despido entre las sanciones posibles, el control judicial no permite sustituir esa sanción elegida por el empresario por otra más leve. La modulación solo cabe si el propio convenio incorpora criterios de proporcionalidad para seleccionar la sanción.

El convenio tiene por objeto fijar un marco de colaboración recíproca entre el OEITSS y el FOGASA para el intercambio de datos, informes y antecedentes que tengan trascendencia en el ámbito de las respectivas competencias. El convenio tiene una duración de cuatro años prorrogable por otro cuatro.

Cuando una empresa deja de aplicar al colectivo el marco convencional que venía rigiendo sus condiciones y pasa a otro convenio distinto, el cambio requiere acudir a una MSCT si no deriva de un mandato legal claro ni de una doctrina jurisprudencial consolidada. Una sentencia aislada y un dictamen consultivo de alcance territorial no bastan para imponer esa sustitución de forma automática.

El Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre España y Filipinas ha entrado en vigor el 11-9-2026. Determina cuáles son los órganos de enlace y las instituciones competentes, y establece disposiciones sobre la legislación aplicable, y reglas sobre transmisión de datos personales y sobre solicitud y tramitación de prestaciones contributivas del Sistema de Seguridad Social (enfermedad, incapacidad temporal, maternidad y riesgo durante el embarazo; jubilación, invalidez, incapacidad permanente, muerte y supervivencia; accidente de trabajo y enfermedad profesional).

La prima pactada para quienes se adhieren voluntariamente al despido colectivo se abona además de la indemnización mínima cuando el acuerdo la configura como un concepto adicional y separado del complemento de prejubilación. La diferencia pendiente no genera mora salarial, sino interés legal desde la reclamación extrajudicial.

La normativa europea relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador sobre las condiciones aplicables a la relación laboral protege el derecho a recibir el documento informativo, pero no convierte en derechos derivados de ella los derechos sustantivos mencionados en dicho documento.

A partir del 25-12-2026, a efectos del reconocimiento o revisión de su pensión de jubilación se computan como cotizados los periodos de actividad realizados entre el 15-3-1980 y la fecha de integración en el RGSS del colectivo de deportistas correspondiente. No se aplica a los futbolistas profesionales, que se rigen por su normativa específica.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2026, que declara la nulidad parcial del Reglamento de Extranjería, ha sido publicada en el BOE, con lo que a partir de entonces cobra plenos efectos.

La sucesión de contratos temporales durante más de tres años para cubrir funciones permanentes en una Administración supone un abuso de temporalidad. Sin embargo, si el trabajador no ha superado un proceso de selección que respete igualdad, mérito y capacidad, no puede declararse la fijeza, aunque surge un derecho indemnizatorio autónomo, compatible y distinto de la indemnización por extinción, que subsiste, aunque después se obtenga la plaza en un proceso de estabilización.

El RD 737/2026 regula, con efectos a partir del 25-12-2026, el procedimiento y las condiciones para reconocer como cotizados a efectos de las pensiones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia, los periodos de actividad como ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y a la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día antes de su integración en el RGSS. La norma incluye una disposición transitoria para su aplicación a hechos causantes anteriores a la entrada en vigor.

El BNR 12/2026 informa de la aplicación de la bonificación del 75% a los contratos en determinados sectores de actividad en Ceuta y Melilla celebrados con anterioridad a 1-9-2026. Se informa también de la unificación de CCCs de los ministros de culto de las diferentes confesiones religiosas, así como de los nuevos certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social.