Derecho Laboral

No existe cesión ilegal cuando la contratista dirige efectivamente el trabajo y mantiene las decisiones laborales esenciales sobre la plantilla. La cesión de uso del software de la plataforma, las previsiones de demanda, los estándares de calidad y la utilización de la marca no bastan por sí solos si la plataforma se limita a coordinar el servicio y a controlar su calidad y eficiencia.

Convenios colectivos

La reclamación al Estado de los salarios de tramitación exige, además de la firmeza de la resolución y del transcurso de más de 90 días hábiles desde la presentación de la demanda hasta la sentencia que por primera vez declara la improcedencia del despido, el pago efectivo, pero no que se hubiera efectuado la opción por la readmisión o que esta se hubiera efectivamente producido. El día inicial para el cómputo del plazo se sitúa en el momento en que se realiza el pago o la puesta a disposición, no desde la consignación.

La base reguladora de la pensión de jubilación plena puede resultar inferior a la calculada para la jubilación parcial. Así ocurre cuando se accede desde la jubilación parcial sin celebración de contrato de relevo y se opta por el recálculo de la base reguladora. En estos casos no se revaloriza la base reconocida en la jubilación parcial sino que se toma como referencia la fecha en que se reconoció aquella pero se aplican las normas vigentes en la fecha en que se causa la jubilación plena. Y sobre el importe de la pensión así calculada se aplican las revalorizaciones habidas desde la jubilación parcial.

La falta de comunicación o investigación de una contingencia profesional puede justificar una sanción administrativa, pero no suple la prueba del incumplimiento preventivo exigido para el recargo. La calificación de la dolencia como profesional tampoco permite presumir, por sí sola, que los medios de protección eran insuficientes.

Publicación en el BOE de la relación de fiestas nacionales y de Comunidades Autónomas establecidas con carácter retribuido y no recuperable para el año 2027.

Con vigencia desde el 16-10-2026, se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. Se actualizan las compensaciones de abogados y procuradores del turno de oficio, incorporando los MASC, revisando las cuantías de las transacciones extrajudiciales y los módulos penales, contemplando la asistencia inmediata a víctimas y colectivos protegidos y regulando el momento del devengo de las indemnizaciones.

Cuando existe pacto colectivo vigente sobre teletrabajo o decisión unilateral del empresario de efectos colectivos, su modificación exige acudir al procedimiento de descuelgue -si tiene eficacia de convenio estatutario- o al de MSCT -si tiene eficacia extraestatutaria-. Cuando no existe pacto colectivo vigente ni decisión unilateral del empresario, la modificación de los acuerdos individuales de teletrabajo requiere acuerdo individual con el trabajador.

Se crea la sede electrónica del INSST para facilitar la relación electrónica entre los ciudadanos y el organismo. Permite realizar trámites y procedimientos, garantizando la identificación y firma electrónica, así como la accesibilidad, seguridad y transparencia en la gestión. Debe comenzar a operar como máximo en seis meses desde el día siguiente a la publicación de la resolución, es decir, antes del 19-4-2027, sin perjuicio de que pueda hacerlo antes.

La exclusión de laboralidad vinculada al transporte con autorización administrativa no alcanza al transporte privado complementario de una empresa que no transporta para terceros. Si concurren las notas de dependencia, ajenidad y retribución por tiempo, la aportación de la furgoneta por el trabajador solo desplaza la naturaleza laboral cuando supera 3,5 toneladas de masa máxima autorizada.

Es competente la jurisdicción social para conocer de la pretensión encaminada a que se computen como cotizados al RETA los periodos de alta en la Mutualidad General de la Abogacía, con el fin de causar en el futuro la prestación de jubilación, ya que lo que se discute es la existencia y extensión de un derecho prestacional de Seguridad Social y no un acto de encuadramiento o de gestión recaudatoria.

Los herederos de una persona fallecida por una enfermedad de la que actualmente existen evidencias científicas que podría haber profesional suceden al causante en los derechos que no se extinguen con la muerte, pero no adquieren una acción ya prescrita al fallecer aquel.