Derecho Laboral

La extinción de una pensión no contributiva por superar, años después de haber sido reconocida, el límite de ingresos fijado legalmente constituye, al igual que la solicitud de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, un acto de gestión ordinaria, por lo que no es necesario que la administración inicie el procedimiento de revisión judicial de actos declarativos de derechos.

El paro de 10 a 15 segundos de duración al inicio de los partidos de una jornada de liga, como protesta frente al traslado de uno de los partidos de la LNFP fuera del territorio español, no constituye huelga dado que tuvo nula trascendencia en el desarrollo de la jornada, pues todos los partidos se jugaron hasta su finalización sin incidencias. En ese caso, la medida queda encuadrada en la libertad de expresión.

La conservación de ventajas del convenio anterior exige que su pérdida de vigencia coincida con la entrada en vigor del nuevo convenio. La comparación entre ambos regímenes debe hacerse en cómputo global y anual, sin selección aislada de cláusulas favorables.

La concesión, en la misma carta de despido, de un plazo de 3 días para formular alegaciones no es suficiente para considerar cumplido el trámite de audiencia previa, lo que determina la improcedencia del despido. Se descarta la vulneración de la garantía de indemnidad vinculada a posibles represalias empresariales ante la actitud reivindicativa del trabajador, así como la existencia de discriminación por motivos de salud, al constar acreditados los incumplimientos imputados en la carta de despido.

Convenios colectivos

La renuncia a la pensión compensatoria tras la separación judicial no excluye por sí sola el acceso a la pensión de viudedad. La condición de víctima de violencia de género puede acreditarse aunque no exista sentencia condenatoria ni orden de protección, pero sí la concurrencia de denuncia, parte médico y una conexión temporal razonable entre el maltrato y la ruptura.

El incumplimiento por la empresa de la obligación de especificar en el contrato a tiempo parcial la distribución de las horas ordinarias de trabajo no determina en todo caso y de manera automática la transformación en un contrato a jornada completa, si existe prueba de que efectivamente se trataba de una prestación de servicios a jornada parcial.

La orden empresarial que impone el uso compartido de un ordenador proporcionado inicialmente a un trabajador bajo su custodia exclusiva, prohibiendo el cambio de contraseña y sin un protocolo claro y previo acuerdo con la representación de los trabajadores, vulnera su derecho fundamental a la intimidad, especialmente cuando dicha instrucción se impone tras la readmisión por despido nulo y sin información suficiente sobre el uso compartido.

No se considera enfermedad profesional la hipoacusia (sordera) de un trabajador, a pesar de estar sometido a un nivel sonoro superior a 80 Db en su trabajo, al utilizar protección acústica y no quedar demostrado su origen profesional.

Con el objetivo de simplificar la presentación e incorporar mejoras técnicas para facilitar la actuación de los profesionales, se regula la presentación de los recursos de amparo a través de la sede electrónica del Tribunal Constitucional, integrando en un único documento el actual formulario y la demanda.

Se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de los entes representativos de la economía social de ámbito estatal.

No existe relación laboral especial de deportista profesional entre un club y dos jugadoras a las que se abona gastos de manutención, transporte y alojamiento, porque no queda probado que perciban retribución salarial regular por pertenecer a la disciplina del club sino una compensación de gastos.