Derecho Laboral

No se exige que el número o porcentaje concreto de trabajadores que deben prestar los servicios mínimos esté determinado en la resolución administrativa. Pero sí que los criterios para su determinación estén suficientemente motivados y que el número de trabajadores que los deban prestar pueda deducirse fácilmente de la resolución, sin dejar margen alguno de apreciación a la empresa. No son suficientes indicaciones genéricas (“lo necesario, lo suficiente, según la normativa vigente…”) aplicables a cualquier conflicto, porque los trabajadores afectados por los servicios mínimos deben conocer las razones por las cuales su derecho a la huelga se sacrifica y para que, en su momento, los órganos judiciales puedan fiscalizar adecuadamente el acto administrativo.

La impugnación de la supresión de una condición vinculada a la sucesión empresarial no encaja siempre en la modalidad de modificación sustancial. Cuando la controversia versa realmente sobre la subsistencia de un derecho y desborda el marco propio del poder de dirección empresarial, corresponde el procedimiento ordinario y cabe acomodar el proceso para preservar el régimen de recursos.

La falta de justificación documental suficiente de las ausencias al trabajo por enfermedad no permite concluir la existencia de fraude o simulación de enfermedad. Las ausencias injustificadas podrán sancionarse conforme a lo previsto en el convenio colectivo.

Cuando un trabajador inicia la prestación de servicios a través de una ETT para una empresa usuaria y posteriormente es contratado directamente por dicha empresa, debe computarse todo el tiempo de prestación de servicios, incluida la cesión mediante la ETT, a efectos de reconocimiento de derechos laborales como el complemento salarial ad personam.

Los herederos de una persona fallecida por una enfermedad de la que actualmente existen evidencias científicas que podría haber profesional suceden al causante en los derechos que no se extinguen con la muerte, pero no adquieren una acción ya prescrita al fallecer aquel.

Se ha aprobado la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Autoprotección, que establece los criterios mínimos para elaborar, implantar y mantener los planes de autoprotección de las actividades que puedan generar emergencias. Desde su entrada en vigor (11-10-2026) deja de aplicarse la normativa anterior, que, aunque ya había sido derogada, mantenía transitoriamente su aplicación. Los planes vigentes deberán adaptarse en un plazo máximo de cuatro años.

Ante una solicitud de adaptación de jornada por conciliación, la empresa debe abrir una negociación real y de buena fe. Si la rechaza directamente sin ese trámite, esto implica la aceptación judicial de la adaptación, salvo que la petición resulte manifiestamente irrazonable o desproporcionada.

Se actualizan los conjuntos y precios de referencia de las presentaciones de medicamentos establecidos por la Orden Ministerial de 2025.

Convenios colectivos

La incapacidad temporal no protege la convalecencia ordinaria derivada de una intervención estética voluntaria, pero sí las complicaciones postquirúrgicas que puedan surgir. Así se reconoce la prestación durante la baja posterior al recambio de prótesis mamarias cuando la nueva cirugía se impone por complicaciones o patologías surgidas de los implantes previos colocados más de veinte años antes. También durante el tratamiento sanitario de las complicaciones derivadas de una dermolipectomía abdominal, reconstrucción de pared abdominal, abdominoplastia y liposucciones que no forman parte del proceso normal de recuperación .

Un pensionista de jubilación anticipada a la que accedió tras ser despedido por causas objetivas, y haber agotado las respectivas prestaciones de desempleo, tiene derecho al complemento de maternidad por aportación demográfica, a pesar de que la entidad gestora calificó erróneamente la jubilación anticipada de «voluntaria».

Se prorroga el plan integral de respuesta frente a la crisis de Oriente Medio, incluyendo, como medidas sociales, la prohibición de despedir en las empresas y entidades perceptoras de las ayudas. En materia de movilidad sostenible, también se mantiene que incumplimiento de la obligación de contar con un plan de movilidad sostenible conlleva el reintegro de las ayudas percibidas.