Derecho Laboral

Cuando en la cuenta donde se abona el sueldo, salario o pensión inembargable, o a la que se transfieren los mismos, se ingresan, además, otras cantidades que sí son embargables, el saldo es embargable si se acredita que el saldo procede exclusivamente de cantidades embargables. Si no se puede acreditar el origen concreto del saldo, el cálculo del importe inembargable se ha de hacer sobre el sueldo, salario o pensión cuando es ingresado en la cuenta bancaria, con independencia de que a la fecha del embargo se haya consumido ya una parte. Y una vez determinado el importe embargable del sueldo, salario o pensión, se debe aplicar sobre el saldo bancario existente en el momento del embargo, resultando embargado este en su totalidad o parcialmente, según proceda.

El INSS ha determinado que se aplica a los alumnos en prácticas el recargo de prestaciones de Seguridad Social derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.

A partir del 1-9-2026, las personas físicas que sean solicitantes o perceptoras de prestaciones de IT van a estar obligadas a recibir notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos. La misma obligación se establece respecto de las prestaciones por incapacidad permanente o lesiones permanentes no invalidantes.

Los trabajadores del sector de contact center cuya prestación de servicios se produce de lunes a viernes o de lunes a sábado y el festivo coincide con el sábado de descanso, este no se tiene por disfrutado y debe compensarse con un día adicional de descanso dentro de los 14 días siguientes, sin que el solapamiento altere por sí mismo la jornada anual.

La mera solicitud de datos personales supone ya una actividad de tratamiento. Desde ese momento, el empleador, como responsable, queda sujeto a los principios de la normativa de protección de datos, en especial, al principio de minimización, y ello, aunque el trabajador no llegue a facilitar los datos requeridos. Por otra parte, la solicitud del diagnóstico y tratamiento médico al trabajador vulnera el principio de minimización cuando se han entregado los justificantes médicos oportunos.

El sistema público de salud debe abonar los gastos reclamados por los padres de una menor cuando acuden al sistema de medicina privado para aplicarle el tratamiento con hormona de crecimiento, solicitado por su pediatra del sistema público de salud pero rechazado varias veces por el comité asesor competente.

La justificación del permiso por rehabilitación no permite exigir que el documento médico identifique expresamente el tratamiento recibido. Basta acreditar la asistencia, porque supeditar el derecho al contenido del justificante lo deja en manos de un tercero y puede vaciarlo de contenido.

A partir del 18-6-2026 quedan reguladas las actividades de evaluación de las tecnologías sanitarias, con el fin de informar decisiones de las autoridades competentes en relación con la incorporación, financiación, precio, reembolso o desinversión en dichas tecnologías, y el diseño e implementación de la cartera de prestaciones sanitarias.

A partir del 30-5-2026 se establece el nuevo ámbito territorial y competencial de las Direcciones Provinciales del ISM, con el objetivo de agilizar la gestión administrativa y mejorar la eficacia de la entidad.

Se incluye al sindicato LAB a las Mesas Generales de Negociación y se aclaran dudas interpretativas sobre el disfrute del crédito horario, su cesión y sus compatibilidades.

La revisión de sentencias firmes exige respetar de forma estricta el plazo de caducidad de 5 años y no admite como documento decisivo una resolución judicial posterior. Además, la absolución penal solo opera como motivo específico cuando niega el hecho o la participación, no cuando responde a falta de prueba penal bastante.

Se publica la actualización de las tablas salariales, demás retribuciones y dietas internacionales para 2026, así como las medidas para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+, que se incluyen por primera vez en el convenio colectivo estatal.