Derecho Administrativo

La falta absoluta de notificación de una resolución administrativa que extingue la vía administrativa paraliza el cómputo del plazo para interponer recurso contencioso-administrativo, por lo que la interposición del recurso realizada casi diez años después no es extemporánea.

En los recursos en que se ejercite la pretensión anulatoria de un acto sancionador que, además de la sanción, imponga al infractor la obligación de reparar el daño, la determinación de la cuantía para acceder a apelación no debe basarse únicamente en el importe de la sanción. Cuando la sanción y la obligación se encuentren en una relación de accesoriedad que impida su desagregación procesal, la cuantía del recurso es la resultante de la suma de ambas, con independencia de cuál de ellas sea superior.

La inmovilización o estacionamiento no excluye la circulación cuando el vehículo se emplea conforme a su función de medio de transporte. No concurriendo causa justificada que exonere al asegurador de la mora, los intereses se devengan desde la fecha del siniestro.

Cuando un concesionario del servicio público de mantenimiento de parques y jardines no garantiza la seguridad del arbolado y, como consecuencia, existe un riesgo que produce daños a un usuario, la responsabilidad patrimonial se distribuye de forma compartida con la administración local si esta no ha ejercido adecuadamente sus funciones de inspección y conservación de la vía.

Para reclamar responsabilidad patrimonial por daños sufridos en accidente de tráfico debido al estado de una vía, es imprescindible acreditar que la Administración demandada es titular y responsable de la conservación del tramo donde ocurrió el accidente, y que dicho estado fue la causa eficiente del daño; además, la acción debe ejercitarse dentro del plazo de prescripción de un año desde la estabilización de las lesiones o desde cuando el afectado pudo conocer el alcance del daño.

La exigencia de un certificado negativo puede vincularse a la seguridad de la contratación cuando el puesto implica acceso a domicilios, datos de clientes y envíos reveladores de hábitos personales. Si el documento solo acredita la inexistencia de antecedentes y no comporta acceso a registros penales ni tratamiento de datos incriminatorios, no queda sometido por sí mismo al régimen reforzado de los datos sobre condenas e infracciones

Los acuerdos expresos de las entidades urbanísticas de conservación y de las juntas de compensación se recurren en alzada en el plazo de un mes. El plazo reglamentario de 15 días no se mantiene para las juntas de compensación, ni puede imponerse por estatutos, porque la previsión reglamentaria debe entenderse desplazada en este extremo por la legislación procedimental común, cuya aplicación resulta preferente por razón de rango normativo.

En solicitudes de licencia para la implantación de instalaciones de nueva planta en suelo rural especialmente protegido, el silencio administrativo debe interpretarse en sentido negativo cuando la actividad autorizada es susceptible de causar daños al medio ambiente, aun si cumple con la ordenación urbanística.

La notificación electrónica de resoluciones de recursos administrativos en el ámbito del Sistema RED debe realizarse tanto al sujeto obligado como al autorizado RED, salvo opción expresa en contrario. Sin embargo, la omisión de la notificación al autorizado RED no implica automáticamente la nulidad del acto administrativo si el interesado ha ejercido plenamente su derecho de defensa dentro del plazo legal, configurándose en tal caso un defecto formal irrelevante sin incidencia en la eficacia del acto ni en la tutela judicial efectiva

La norma tiene por objeto desarrollar las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, su exigencia y aplicación, con el fin de contribuir al ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía, así como garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación, de todas las personas y, en especial, de las personas con dificultades cognitivas.

Se regula la relación entre los grupos de interés y las personas titulares de puestos públicos susceptibles de recibir influencia, en el ámbito de la Administración General del Estado y de su sector público institucional. Asimismo, crea y regula un registro de ámbito estatal, público y obligatorio, de grupos de interés.