Derecho Administrativo

La comunicación previa de inicio de actividad no constituye un acto administrativo ni genera un acto presunto susceptible de recurso administrativo o contencioso-administrativo, ya que es un acto jurídico privado del interesado que habilita el ejercicio de la actividad desde su presentación, sin necesidad de resolución administrativa previa, y la Administración ejerce un control posterior sin plazo limitado mediante sus potestades de comprobación, control e inspección.

Las prórrogas anuales previstas en el pliego no pueden agruparse en una única prórroga por el período restante, aunque no se supere la duración máxima del contrato. El cambio altera sustancialmente su régimen de duración y elimina la valoración periódica del interés público.

En caso de obras realizadas en ejecución de un contrato declarado nulo, por considerar irregular el procedimiento de contratación, debe restablecerse el equilibrio económico entre las partes, en virtud del principio de prohibición del enriquecimiento injusto de la Administración, siempre que la ejecución de esas obras no pueda imputarse a la iniciativa del operador económico, ni revelen una voluntad fraudulenta o abusiva del mismo. Así sucede cuando existen indicios suficientes que permiten alcanzar la convicción de que la Administración estaba mostrando su consentimiento, al menos, tácito, al realizarse las obras a su “ciencia, vista y paciencia”, sin formular ninguna objeción.

El requerimiento de subsanación es suficiente cuando permite identificar el requisito que debe acreditarse y el defecto resulta fácilmente detectable al contrastar la documentación presentada con el pliego. La falta de aportación en plazo de los certificados exigidos permite tener por retirada la oferta, sin conceder una nueva subsanación.

La anulación de una condena penal en revisión no constituye automáticamente título suficiente para la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, salvo que de la propia sentencia de revisión se desprenda de forma directa, clara e inequívoca una equivocación patente, manifiesta y determinante en la valoración probatoria que haya fundamentado la condena anulada.

En un accidente de tráfico ocurrido durante un evento deportivo con cortes de calles debidamente publicitados, la responsabilidad patrimonial de la Administración y del organizador del evento no procede si el conductor, conocedor de la situación, no extremó la precaución debida y colisionó con una valla situada en un paso de peatones, visible en condiciones normales, rompiéndose así el nexo causal por culpa exclusiva del conductor.

En casos de responsabilidad patrimonial por daños sufridos en vías públicas, no se atribuye responsabilidad a la Administración cuando el daño es consecuencia de un desperfecto visible y conocido en la vía, y el usuario no extremó la precaución debida, rompiéndose así el nexo causal entre la actuación administrativa y el daño sufrido.

Se regula la relación entre los grupos de interés y las personas titulares de puestos públicos susceptibles de recibir influencia, en el ámbito de la Administración General del Estado y de su sector público institucional. Asimismo, crea y regula un registro de ámbito estatal, público y obligatorio, de grupos de interés.

La AEPD declara que la empresa gestora de un aparcamiento vulneró el derecho de acceso y el derecho a la limitación del tratamiento al no gestionar en plazo ni de forma adecuada la solicitud de imágenes de videovigilancia que efectuó un usuario tras sufrir daños materiales en su vehículo, con el fin de identificar al responsable; imágenes que fueron eliminadas pese a la petición de conservación cautelar.

Una sentencia no está válidamente motivada cuando su fundamentación se limita a transcribir íntegramente las alegaciones de una de las partes, puesto que esa técnica no exterioriza un razonamiento jurisdiccional propio, vulnera el deber de motivación y el derecho a la tutela judicial efectiva, y determina la nulidad de la sentencia, con retroacción de actuaciones para dictar una nueva resolución debidamente motivada.

Cuando la notificación de un acto procesal por medios electrónicos no es abierta por el destinatario dentro de un plazo de 3 días hábiles, dicha notificación se entiende efectuada legalmente al concluir el último de esos 3 días, y el plazo para presentar la demanda del procedimiento contencioso administrativo comienza a contar desde el día hábil siguiente, pudiendo presentarse la demanda hasta las 15:00 horas del día siguiente al término de ese plazo (4º día).

Se declara la nulidad por ausencia de motivación del precepto que impone a las personas físicas extranjeras solicitantes la obligación de relacionarse con la Administración a través de medios exclusivamente electrónicos, por desproporción de la exclusividad del canal electrónico y por su potencial efecto de discriminación indirecta, sin excluir una eventual regulación futura que respete los requisitos legales