Derecho Administrativo

Se reestructrura la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Se regula la presentación de recursos de amparo a través de la sede electrónica del Tribunal Constitucional.

No cabe la aplicación analógica del régimen de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor a los accidentes entre ciclistas sin prueba de culpa o relación causal, por lo que debe aplicarse el régimen general de responsabilidad civil del Código Civil, sin que proceda indemnización.

En casos de responsabilidad patrimonial por daños sufridos en vías públicas, no se atribuye responsabilidad a la Administración cuando el daño es consecuencia de un desperfecto visible y conocido en la vía, y el usuario no extremó la precaución debida, rompiéndose así el nexo causal entre la actuación administrativa y el daño sufrido.

Se crea y regula el Foro de Gobierno Abierto, determinando su naturaleza jurídica, funciones, composición y régimen de funcionamiento.

Se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los departamentos.

Esta norma regula el régimen de transparencia y sus manifestaciones en cuanto a la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública, así como la implantación del sistema europeo de protección de las personas informantes y de lucha contra la corrupción.

La aceptación sin objeción expresa de prórrogas de contrato público por parte del contratista no implica automáticamente la renuncia a su derecho a reclamar indemnización por daños y perjuicios derivados de dichas prórrogas. La procedencia de dicha indemnización debe valorarse caso por caso, atendiendo a las circunstancias concretas y a la conducta de las partes.

Se adoptan medidas urgentes aplicables en municipios rurales, orientadas a adaptar la normativa urbanística a su capacidad, favorecer el arraigo, permitiendo planificar un crecimiento moderado, facilitar la contratación y ejecución de obras, y simplificar actuaciones en suelo no urbanizable.

La respuesta a la consulta previa de viabilidad en materia de carreteras no queda reducida a una orientación informativa, cuando la norma le atribuye efecto vinculante para la Administración. Esa vinculación le confiere una incidencia directa sobre la futura autorización y permite su impugnación autónoma.

El preámbulo de una norma no puede impugnarse de forma autónoma si no se cuestiona también el articulado al que sirve de explicación. Aunque su redacción sea equívoca, no puede desplazar el contenido claro del precepto reglamentario ni justificar una impugnación preventiva. La referencia interpretativa contenida en la exposición de motivos carece de eficacia autónoma cuando el articulado fija de forma inequívoca el criterio aplicable.

Se modifican los anexos de diversos reglamentos sobre vehículos y homologaciones.