8Un contrato de gestión de servicios públicos establecía un plazo inicial de 20 años y hasta 5 prórrogas anuales. Acordada la primera, el concesionario solicitó acumular las cuatro restantes en una única prórroga. La cuestión no afecta al plazo máximo posible, sino a la modificación de la forma en que el pliego configuró la prolongación del contrato.
Los pliegos vinculan a las partes durante toda la vida del contrato. El plazo de duración, incluidas sus prórrogas, es un elemento esencial porque delimita la prestación y condiciona las ofertas, la concurrencia y la igualdad entre los licitadores (RDLeg 2/2000 art.94).
La previsión de prórrogas anuales no equivale a un único período adicional por la suma de todas ellas. Cada anualidad exige una nueva decisión expresa que permite valorar, atendiendo a las circunstancias concurrentes, si el interés público aconseja continuar la relación contractual. Para el contratista, las prórrogas todavía no acordadas constituyen una expectativa condicionada, no un derecho consolidado.
La acumulación supondría que el órgano de contratación renunciase anticipadamente a realizar esa valoración anual y que el concesionario consolidase la continuidad del contrato durante todo el período restante. Además, los licitadores pueden valorar de forma diferente un contrato sujeto a renovaciones anuales sucesivas y otro cuya continuidad quede asegurada hasta la duración máxima.
Por ello, aunque no se amplíe el plazo máximo, la sustitución de las prórrogas anuales por una única prórroga global altera sustancialmente el régimen de duración previsto en el pliego y no puede articularse como una modificación contractual. Este criterio es igualmente aplicable a las concesiones de servicios reguladas por la normativa vigente.JCCPE Inf 45/2025, 23-4-26EDD 2026/584653
1 marzo 2026
Se establece la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, sin necesidad de consentimiento del destinatario. El sistema funciona con plataformas privadas y una solución pública de la AEAT, con reglas de interoperabilidad. Se adapta el reglamento de facturación para integrar este régimen, manteniéndose reglas especiales basadas en aceptación para ciertos servicios al público.
1 mayo 2026
En casos de accidentes de tráfico causados por la irrupción súbita e imprevisible de animales salvajes en vías públicas convencionales, la responsabilidad patrimonial de la Administración no se configura si se ha cumplido con los estándares razonables de señalización y mantenimiento, y no se ha probado un incumplimiento específico ni la existencia de un deber jurídico de actuar que hubiera evitado el daño. Se aplica la exención por fuerza mayor cuando el evento es imprevisible, inevitable y externo al funcionamiento del servicio público.
1 noviembre 2025
Se condena al Ayuntamiento de Madrid, por la responsabilidad patrimonial de la Administración, a indemnizar a un particular por lesiones sufridas tras un accidente con su motocicleta causado por el mal estado de una rejilla en la calzada, al considerar probada la relación causal entre el deficiente estado de la vía y el daño.
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