Derecho Mercantil

La condición y aceptación de cliente profesional, unidas a una negociación acreditada sobre costes, alternativas y estructura de la operación, excluyen el error vicio en la contratación del swap. La infracción de los deberes de información solo afecta a la validez si se prueba que altera realmente el consentimiento.

Se declara la validez de la junta general que acordó la disolución y liquidación de la sociedad debido a que el socio fallecido, cuyos herederos testamentarios renunciaron a la herencia, fue representado debidamente en la junta por persona que ostenta la representación de la totalidad de los intereses llamados a la herencia.

La restitución de activo y pasivo corriente no se fija con la sola diferencia contable existente al tiempo de la cesión cuando estas partidas varía con la explotación. Como su composición depende de la gestión empresarial, la valoración debe atender también al estado patrimonial existente al hacerse efectiva la devolución.

En una reducción de capital por pérdidas, la unanimidad de los socios no basta para prescindir de la verificación por auditor del balance cuando la operación determina una disminución efectiva de la cifra de capital. La auditoría protege también a los acreedores, por lo que solo puede dispensarse cuando, además del consentimiento unánime de los socios, la operación resulte neutra para aquellos, como ocurre si la reducción va seguida de un aumento de capital que iguala o supera la cifra inicial.

Si, pese a la oposición del administrador cesado, el registrador inscribe el nombramiento del nuevo administrador, el cesado no podrá impugnar la calificación positiva del registrador, que queda bajo la salvaguarda de los tribunales, y ello sin perjuicio de que pueda impugnar judicialmente el acuerdo de cese y solicitar la anotación de la demanda o de la querella.

En caso de prenda de acciones, el ejercicio de los derechos de socio corresponde al propietario, salvo disposición estatutaria en contrario. Si los estatutos vigentes se limitan a remitirse al régimen legal, el acreedor pignoraticio no puede ejercer el derecho de voto, aunque una redacción estatutaria anterior le atribuyera los derechos de socio tras comunicar la concurrencia de un supuesto de ejecución de la prenda.

Se declara la nulidad de los acuerdos adoptados en una pretendida junta universal debido a que la sociedad no acreditó la asistencia de todos los socios, dado que no aportó el acta de la junta con la firma de los asistentes. Si bien el acta no tiene eficacia constitutiva, y por tanto los acuerdos existen al margen de su documentación, es un medio de prueba para acreditar la existencia de tales acuerdos y la forma en que fueron aprobados.

Respecto de los acuerdos adoptados en una misma junta general, se declara la nulidad de los de aprobación de cuentas, aplicación del resultado y gestión social, dado que, en ese momento, el socio titular de participaciones sin voto no podía votar, por lo que, eliminando su voto, los acuerdos no habrían obtenido las mayorías suficientes; y, en cambio, se declara la validez del acuerdo subsiguiente de reducción y ampliación de capital, en la medida en que, cuando se votó este acuerdo, dicho socio acabada de recuperar su derecho de voto debido a que las referidas cuentas anuales -objeto del punto anterior del orden del día- pusieron de manifiesto la inexistencia de beneficios distribuibles, y por tanto la imposibilidad de abonar el dividendo mínimo al que tenía derecho el titular de las participaciones sin voto.

Es inscribible una cláusula estatutaria que permite que en caso de prenda de participaciones o acciones se atribuyan al acreedor prendario los derechos del socio, en caso de ejecución judicial o extrajudicial, sin necesidad de especificar que lo que se atribuye o transmite es el ejercicio de esos derechos.

Se rechaza la inscripción de la modificación de la denominación social debido a que la escritura que la documenta se presentó en el Registro Mercantil transcurrido el plazo de seis meses de reserva temporal de la denominación, sin que, por ello, se pudiera en ese momento prorrogar dicho plazo.

Una vez practicado el depósito de las cuentas anuales, no puede utilizarse el recurso contra la calificación registral para modificar el asiento de presentación bajo cuya vigencia se realizó el depósito. La rectificación de la fecha o del asiento al que se vincula el depósito debe realizarse por los procedimientos previstos para la rectificación de errores registrales.

No procede exigir responsabilidad a la sociedad por la pérdida de valor de unas acciones adquiridas antes de la información financiera cuya falta de veracidad se denuncia, al no existir relación causal entre esta información y la adquisición de los títulos.