Derecho Mercantil

El informe de evaluación de la conformidad debe incluir una determinada información mínima y cumplir las especificaciones establecidas en el anexo III del Rgto (UE) 2025/2162.

La Audiencia Provincial debió aplicar de oficio los intereses de mora de conformidad con la Ley de Contrato de Seguro a la aseguradora condenada solidariamente en apelación, sin que ello suponga una reformatio in peius, dado que la aseguradora fue absuelta en primera instancia y no se agrava su situación jurídica.

El Tribunal Supremo considera adecuado aplicar el baremo de valoración de daños de la Ley 35/2015 de forma orientativa en sectores distintos al tránsito de vehículos, aunque el siniestro sea anterior, en aras a garantizar una reparación íntegra y actualizada de los daños, sin que tal aplicación lesione los principios de igualdad, irretroactividad o seguridad jurídica.

Cuando un perjudicado opta voluntariamente por reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria mediante procedimiento administrativo y la resolución desestimatoria adquiere firmeza por no ser recurrida en vía contencioso-administrativa, no puede posteriormente ejercitar la acción directa contra la aseguradora de dicha Administración en la jurisdicción civil para obtener una indemnización.

La Audiencia Provincial aprecia un defecto formal insalvable en el plan de reestructuración al no prever expresamente la extensión de efectos a la garantía hipotecaria otorgada por una sociedad del grupo. La medida, crucial para la viabilidad del plan, no puede introducirse en el auto de homologación si no figura en el propio plan, lo que obliga a revocar la extensión acordada.

La Audiencia Provincial declara improcedente la extensión de los efectos del plan de reestructuración a los socios avalistas, al entender que el régimen excepcional previsto para las garantías intragrupo solo alcanza a las sociedades del grupo y no a las personas físicas, aunque ostenten el control o la administración de las deudoras.

La acción rescisoria concursal carece de un plazo autónomo de caducidad o prescripción. Su ejercicio está limitado al período de vigencia del procedimiento concursal, de modo que nace con la declaración del concurso y se extingue con su conclusión.

No procede estimar el ERTE por fuerza mayor por silencio administrativo, ya que la Administración amplió correctamente los plazos debido a una incidencia técnica, pero sí se reconoce la existencia de fuerza mayor por ciberataque, habilitando a la empresa a adoptar medidas suspensivas respecto de los trabajadores afectados.

La mera existencia de denuncias en el canal ético no puede considerarse acoso contra el trabajador denunciado. Sólo existiría hostigamiento si se probase mala fe en las denuncias.

La empresa no está obligada a proporcionar cuentas de correo corporativo a toda la plantilla si implementa herramientas digitales para la gestión laboral que pueden ser accesibles mediante mecanismos alternativos, sin necesitar el uso obligatorio de datos personales como correos electrónicos o teléfonos personales, y mantiene canales convencionales de comunicación.

Vulnera el derecho fundamental a la integridad moral del trabajador el envío reiterado de correos electrónicos por parte de la empresa a un trabajador en IT, además de no respetar el derecho a la desconexión digital, y aunque no requieran una respuesta inmediata.

Se ha publicado el desarrollo del fondo de compensación para las víctimas del amianto, que entra en vigor el 18-9-2025. Establece una compensación económica a las víctimas de la exposición al amianto en su ámbito laboral, doméstico o ambiental y regula quiénes son las personas beneficiarias, los requisitos, el procedimiento para su reconocimiento y su importe.