Derecho Mercantil

Cuando un cierre de hecho desemboca en un concurso de acreedores, la concurrencia de otros acreedores y la imposibilidad de satisfacer con los activos existentes todos los créditos, dificulta apreciar una relación de causalidad entre el retraso en instar el concurso y la falta de pago del acreedor que ejercita la acción individual.

La persona física designada por el administrador-persona jurídica responde solidariamente junto a ésta en todos los ámbitos de responsabilidad del administrador: por daños (acción social e individual), por deudas y concursal.

El derecho de regreso ejercitado mediante la acción de reembolso que asiste al deudor solidario que paga el total de la deuda (solvens) comporta, en virtud del pago realizado, el nacimiento de un nuevo crédito del solvens contra los otros codeudores solidarios para reclamarles el porcentaje de deuda que a cada uno corresponde. En este caso, cuyo origen es un procedimiento civil contra los agentes de la edificación por vicios ocultos en la construcción, la aseguradora del arquitecto pagó el total de la indemnización, ejercitando posteriormente la acción de reembolso contra el otro codeudor solidario (la sociedad promotora inmobiliaria) y sus administradores, los cuales fueron condenados junto con la sociedad debido a que, cuando la aseguradora efectuó el pago, la sociedad estaba desde hacía tiempo en causa de disolución sin que sus administradores promoviesen la disolución social o la remoción de la causa.

Cuando la carta certificada enviada por el notario a un administrador notificándole el cese resulta infructuosa, el notario debe intentar la notificación presencial, de manera que, aunque también resulte infructuosa, pueda considerarse válidamente realizada.

Revocando la sentencia de instancia, en apelación se desestima íntegramente la demanda de impugnación de acuerdos sociales debido a la ausencia de suficiente argumentación de los motivos en los que se sustentaba la impugnación (vulneración del derecho de información, infracción estatutaria, lesión del interés social y abuso de la mayoría).

No se puede aplicar en sede de impugnación de acuerdos sociales el régimen civil de la nulidad y anulabilidad de los contratos, por lo que la impugnación no puede fundarse en un vicio del consentimiento (como el engaño). En todo caso, el socio único de una sociedad unipersonal no puede autoimpugnar su decisión, como ha ocurrido en este caso.

En una SA con acciones al portador no emitidas, se desestima la impugnación de acuerdos por quien invocaba su condición de socio, por dos razones: (i) no acreditar la titularidad de acciones en el plazo previsto en los estatutos (deposito de los documentos justificativos cinco días antes de la junta); y (ii) en todo caso, los documentos aportados (testamento y declaración jurada sobre titularidad de acciones) no justificaban esa titularidad, pues el testamento aportado no identificaba con su número las acciones del causante ni su cantidad, y la declaración jurada tiene simple valor de aseveración por parte interesada.

Cuando en una SRL la reducción de capital con devolución de aportaciones no afecta por igual a todas las participaciones, el consentimiento individual debe prestarlo la totalidad de los socios y no únicamente aquellos cuyas participaciones resultan amortizadas.

La transmisión de una rama de actividad mediante compraventa no queda sometida al régimen imperativo de la segregación si no comporta sucesión universal, aunque el precio incluya acciones de la adquirente.

Fuera de los supuestos de disolución de pleno derecho, que aquí no concurren, la cancelación registral de la sociedad requiere, según los casos: acuerdo de la junta general y escritura pública con los requisitos legalmente previstos; en caso de disolución judicial, la correspondiente resolución judicial que así lo declare; y, en caso de concurso de acreedores, resolución judicial de conclusión del concurso. Lo que no es posible es cancelar los asientos registrales mediante simple instancia del administrador de la sociedad.

En la constitución de una sociedad de capital, aunque sea unipersonal, es preciso consignar el estado civil del socio, pero, en caso de estar casado, no hay que indicar el nombre y apellidos de su consorte ni el régimen económico de su matrimonio. Tal constancia solo se exige respecto de los empresarios individuales, por su régimen de responsabilidad personal respecto de las deudas de su actividad empresarial.

La cancelación registral de una aportación inmobiliaria declarada nula en sentencia penal puede practicarse aunque la sociedad titular registral no haya intervenido formalmente en el procedimiento cuando de la propia documentación judicial resulte acreditada su condición de mera sociedad instrumental del condenado y la identidad sustancial entre ambos.