Blog Jurídico Lefebvre

El límite incrementado del 25% resulta de aplicación a las entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros durante los 12 meses anteriores, aunque se trate de una entidad patrimonial.

El Reglamento Veri*factu únicamente desarrolla los sistemas informáticos de facturación, pero no los sistemas contables ni de gestión. Por tanto, una asesoría que no emite las facturas de sus clientes y únicamente las contabiliza no está sometida al Reglamento, sin perjuicio de que el cliente, si utiliza un sistema informático de facturación, deba cumplir con el mismo.

Con efectos a partir de 1-1-2026, se amplía al ejercicio 2026 la deducción por residencia habitual y efectiva en la Isla de la Palma.

Con efectos desde 1-1-2026, la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla resulta aplicable, en los mismos términos y condiciones, a los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma también en el período impositivo 2026.

Convenios colectivos

El BNR 11/2026 iuye las instrucciones para aplicar las medidas urgentes de apoyo a la ciudad de Ceuta. Se incluyen exenciones y bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social para empresas y trabajadores afectados por los ERTEs de fuerza mayor, el incremento de las bonificaciones a la contratación en determinados sectores, la mejora de la bonificación para trabajadores autónomos, y un aplazamiento especial en el pago de cuotas a interés reducido.

Se declara la nulidad de los acuerdos adoptados en una pretendida junta universal debido a que la sociedad no acreditó la asistencia de todos los socios, dado que no aportó el acta de la junta con la firma de los asistentes. Si bien el acta no tiene eficacia constitutiva, y por tanto los acuerdos existen al margen de su documentación, es un medio de prueba para acreditar la existencia de tales acuerdos y la forma en que fueron aprobados.

Es inscribible una cláusula estatutaria que permite que en caso de prenda de participaciones o acciones se atribuyan al acreedor prendario los derechos del socio, en caso de ejecución judicial o extrajudicial, sin necesidad de especificar que lo que se atribuye o transmite es el ejercicio de esos derechos.

Respecto de los acuerdos adoptados en una misma junta general, se declara la nulidad de los de aprobación de cuentas, aplicación del resultado y gestión social, dado que, en ese momento, el socio titular de participaciones sin voto no podía votar, por lo que, eliminando su voto, los acuerdos no habrían obtenido las mayorías suficientes; y, en cambio, se declara la validez del acuerdo subsiguiente de reducción y ampliación de capital, en la medida en que, cuando se votó este acuerdo, dicho socio acabada de recuperar su derecho de voto debido a que las referidas cuentas anuales -objeto del punto anterior del orden del día- pusieron de manifiesto la inexistencia de beneficios distribuibles, y por tanto la imposibilidad de abonar el dividendo mínimo al que tenía derecho el titular de las participaciones sin voto.

Cuando se incrementa el valor de las existencias finales de un ejercicio, ese valor debe trasladarse a las existencias iniciales del ejercicio siguiente mediante la rectificación de la autoliquidación, para evitar una doble imposición derivada del ajuste de la inspección.

Tratamiento del cálculo del periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

Tratamiento contable de los ingresos por venta de materiales procedentes de la demolición vinculada a una inversión inmobiliaria.

El tribunal refuerza la distinción entre la presunción registral respecto a la titularidad formal y la efectividad de la posesión material, evidenciando que datos descriptivos de fincas antiguos pueden no amparar la propiedad superficial y que la posesión continuada puede prevalecer aun frente a la publicidad registral. Aclara el alcance y límites de la LH art.34 y los requisitos para la usucapión con protección registral.

Se aprueba el Reglamento del Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana que reglamenta y actualiza su funcionamiento

Nueva regulación para combatir las demoras en licencias y disciplina urbanística habilitando apoyo colaborativo y medios propios.

Se declara la nulidad por ausencia de motivación del precepto que impone a las personas físicas extranjeras solicitantes la obligación de relacionarse con la Administración a través de medios exclusivamente electrónicos, por desproporción de la exclusividad del canal electrónico y por su potencial efecto de discriminación indirecta, sin excluir una eventual regulación futura que respete los requisitos legales

Se regula la relación entre los grupos de interés y las personas titulares de puestos públicos susceptibles de recibir influencia, en el ámbito de la Administración General del Estado y de su sector público institucional. Asimismo, crea y regula un registro de ámbito estatal, público y obligatorio, de grupos de interés.

En casos de responsabilidad patrimonial por daños sufridos en vías públicas, no se atribuye responsabilidad a la Administración cuando el daño es consecuencia de un desperfecto visible y conocido en la vía, y el usuario no extremó la precaución debida, rompiéndose así el nexo causal entre la actuación administrativa y el daño sufrido.

Es imposible aplicar la interrupción o cómputo del plazo desde el conocimiento posterior a la inscripción registral para el ejercicio del derecho de retracto, siendo necesario salvaguardar la seguridad jurídica mediante la presunción iuris et de iure de conocimiento desde la inscripción, incluso ante la falta de notificación fehaciente al retrayente.

En casos de preterición intencional en la partición de una herencia, si los herederos que practican la partición conocen la existencia del heredero omitido y actúan con mala fe, la partición es nula y debe anularse para realizar una nueva, sin que proceda optar por la indemnización; en ausencia de mala fe, se presume buena fe y la partición se mantiene, debiendo pagar la parte proporcional que corresponda al heredero preterido conforme al CC art.1080.

No cabe declarar nula la compraventa del inmueble realizada tras el divorcio por el cónyuge que figura en el Registro como titular (lo adquirió antes del matrimonio), aunque se realizara dicha venta sin el consentimiento del otro cónyuge. Aunque algunas mensualidades del préstamo hipotecario que financió su adquisición fueran satisfechas tras el matrimonio por la sociedad de gananciales, la concreción del porcentaje de ganancialidad debe resolverse en el proceso de liquidación, ya iniciado entre las partes. Además, se presume la buena fe de los adquirentes a título oneroso, cuando se realiza el negocio jurídico con quien figura en el Registro con facultades para transmitir.

No debe excluirse la acumulación de penas cuya ejecución está suspendida, ya que la suspensión no puede representar un beneficio superior a la acumulación. Debe existir coherencia entre la acumulación de condenas y los objetivos constitucionales de reinserción social evitando efectos contraproducentes derivados de la exclusión de penas suspendidas.

El Tribunal admite la imposición conjunta de la pena por asesinato con alevosía y la aplicación de la prisión permanente revisable por la especial vulnerabilidad de la víctima, estableciendo que no existe violación del principio «non bis in idem» cuando las dos agravaciones se fundamentan en razones jurídicas distintas y complementarias, reforzando así la protección jurídica de personas con discapacidad o avanzada edad frente a delitos de extrema gravedad.

La baja unilateral de la luz en la vivienda familiar constituye coacción cuando se utiliza para expulsar a quien la ocupa legítimamente. La titularidad formal del contrato no habilita esa vía de hecho ni permite alterar por propia mano la situación posesoria surgida tras la ruptura matrimonial. Situación distinta es ordenar la baja o en cesar en el abono de los suministros de un inmueble (en propiedad exclusiva o copropiedad) disfrutado por un tercero ilegítimamente que, sin ostentar derecho ni título alguno que le ampare (por ejemplo, porque ha usurpado el bien), pretende un aprovechamiento de un bien ajeno.