Las consultas urbanísticas también quedan sujetas a un plazo máximo, aunque su respuesta sea informativa y no decida sobre la licencia. Una ordenanza no puede dejarlas sin límite temporal ni permitir requerimientos indefinidos; a falta de un plazo válido, rige el supletorio de tres meses.
MADM n.º 7061 7
Una ordenanza municipal regula una consulta urbanística previa para proyectos edificatorios con soluciones alternativas y prevé que, desde la solicitud hasta la validación final, el procedimiento quede fuera de plazo y sin límite de requerimientos. La impugnación se dirige únicamente contra esa configuración temporal y contra la ausencia de un límite para las exigencias municipales al solicitante, no contra la existencia de la consulta como instrumento de información urbanística.
La controversia consiste en determinar si el carácter técnico, dialogado e informativo de esta actuación permite apartarla de la regla general sobre la duración de los procedimientos. La Sala lo descarta.
El razonamiento parte del derecho de información del interesado. La información urbanística forma parte del derecho a obtener orientación jurídica o técnica sobre las actuaciones proyectadas y debe facilitarse por escrito y dentro de un plazo razonable. La propia ordenanza sigue esa pauta para los demás instrumentos de información que regula, también cuando presentan un componente técnico intenso, de modo que la exclusión prevista únicamente para esta consulta carece de justificación interna (LPAC art. 53.1.f; RDLeg 7/2015 art. 5.d).
Suprimir todo plazo máximo vulnera los principios de eficacia y celeridad administrativas y quiebra la seguridad jurídica y la buena administración. Sin una referencia temporal, el interesado no sabe cuándo obtendrá respuesta ni puede comprobar si la duración es razonable, lo que lo coloca ante la alternativa de paralizar indefinidamente el proyecto o solicitar la licencia sin el criterio técnico previo que la consulta pretende proporcionar (LRJSP art. 3.1).
La complejidad técnica de las soluciones prestacionales no justifica ese vaciamiento. El tribunal admite que estas consultas pueden requerir más tiempo que otras, pero recuerda que la Administración dispone de mecanismos menos intensos para atender esa singularidad: establecer un plazo específico más amplio dentro de los márgenes legales o acordar su suspensión en los casos previstos. Si no existe una previsión válida, opera el plazo supletorio de tres meses y han de respetarse los términos del procedimiento.
Tampoco resulta admisible la sucesión de requerimientos sin límite. Permitir requerimientos indefinidos equivale a dejar abierta la tramitación a conveniencia de la Administración y prolonga la incertidumbre del solicitante más allá de lo compatible con la seguridad jurídica. La fijación de un plazo no convierte por sí sola la falta de contestación en aprobación tácita de la solución propuesta, pero sí acota la actuación municipal y permite exigir un pronunciamiento expreso dentro de un tiempo debido.
De este razonamiento resulta el criterio aplicable: la consulta urbanística sobre soluciones prestacionales debe resolverse dentro de un plazo máximo; a falta de una previsión reglamentaria válida, rige el plazo de tres meses; y la búsqueda de consenso técnico no habilita a la Administración para imponer requerimientos ilimitados (LPAC art. 21.3 y 29).