Impugnación de normas de accesibilidad por personas con discapacidad visual
1 octubre 2026
Actualidad Administrativa. Octubre de 2026
Impugnación de normas de accesibilidad por personas con discapacidad visual
La pertenencia al colectivo directamente protegido por una norma de accesibilidad basta para apreciar interés legítimo en su impugnación directa cuando esa regulación puede incidir, siquiera potencialmente, en sus derechos e intereses. En las disposiciones generales, la afectación no necesita haberse materializado ya en una aplicación concreta. MADM n.º 10613 Un particular con discapacidad visual impugna directamente la orden ministerial que aprueba el documento técnico sobre condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en los espacios públicos urbanos. Su demanda no se dirige contra toda la orden, sino contra varios preceptos concretos sobre plataformas únicas, ubicación de rejillas y alcorques, y elementos vinculados a actividades comerciales. Sostiene que esa regulación reduce garantías relevantes para la utilización segura de los espacios públicos por las personas con discapacidad visual. Se discute si la condición de persona con discapacidad visual basta para conectar al recurrente con la disposición general impugnada. El Tribunal Supremo responde afirmativamente y, al haberse apreciado la inadmisión en sentencia, entra también a resolver el fondo sin retroacción, aunque finalmente mantiene la validez de los preceptos impugnados (LJCA arts. 19.1.a y 93; Const. arts. 24 y 49). La controversia no se examina desde una acción pública ni desde una defensa abstracta de la legalidad reglamentaria. El punto de partida es el interés legítimo exigido en el proceso contencioso-administrativo. La orden recurrida desarrolla un bloque normativo orientado a garantizar la accesibilidad y la no discriminación de las personas con discapacidad en el uso de los espacios públicos, de modo que quien integra ese colectivo es titular del ámbito de protección sobre el que proyecta sus efectos la regulación cuestionada. La Sala rechaza que la falta de un destinatario inmediato excluya la afectación jurídica del recurrente. Las condiciones técnicas de accesibilidad no se imponen a las personas con discapacidad, sino que se establecen precisamente en su beneficio. Por eso, una configuración insuficiente de esas condiciones puede repercutir en sus derechos e intereses, aunque la norma obligue formalmente a las Administraciones, a los proyectistas o a los gestores del espacio público. La conexión relevante no nace de la simple condición de ciudadano, sino de la pertenencia al grupo para cuya protección se articula la regulación. El Tribunal Supremo añade una matización propia de la impugnación directa de disposiciones generales. Cuando lo recurrido es un reglamento, no siempre cabe exigir el mismo grado de concreción en la afectación que cuando se impugna un acto administrativo singular. La disposición general se incorpora al ordenamiento, tiene vocación de permanencia y puede desplegar efectos sobre un círculo subjetivo amplio durante toda su vigencia. De ahí que la legitimación exista si la norma puede incidir potencialmente en los derechos o intereses del recurrente, aunque esa incidencia no se haya actualizado todavía en una actuación concreta. Aplicando ese criterio, la condición de persona con discapacidad visual sitúa al demandante dentro del «ámbito protegido» por la normativa de accesibilidad y basta para reconocerle legitimación activa frente a la orden ministerial. La sentencia establece así que una persona con discapacidad visual puede impugnar directamente esta clase de regulación cuando su contenido puede afectar a la efectividad del derecho de accesibilidad que la propia norma desarrolla, sin necesidad de acreditar desde el inicio una lesión ya consumada en un espacio público determinado. TS 21-9-26, EDJ 715844