Necesidad de evaluación ambiental estratégica en ordenanzas provisionales urbanísticas

Actualidad urbanismo. Octubre de 2026

Necesidad de evaluación ambiental estratégica en ordenanzas provisionales urbanísticas

Las ordenanzas provisionales municipales, dado que pueden sustituir íntegramente a los planes generales de ordenación territorial, deben someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, al menos en su modalidad simplificada, necesaria para determinar si producen efectos significativos sobre el medio ambiente. La realización de dicha valoración corresponde exclusivamente al órgano ambiental competente; la omisión de este trámite conlleva la nulidad del instrumento aprobado.
MU n.º 9886
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El Tribunal se pronuncia sobre si las ordenanzas provisionales municipales deben someterse obligatoriamente al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada, conforme a la legislación básica estatal, aun cuando la normativa autonómica no regule expresamente esta exigencia.
Una comunidad autónoma impugna una ordenanza provisional aprobada por un ayuntamiento para la ordenación del Palacio Municipal de Deportes, por la omisión del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, tras la apelación y el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo establece la doctrina casacional que fija la obligación de someter las ordenanzas provisionales municipales al trámite de evaluación ambiental estratégica previsto en la Ley 21/2013. La Administración municipal no puede excluir esta evaluación por sí misma, por lo que se anula la ordenanza ante la falta de dicho trámite.
La evaluación ambiental estratégica es exigible para los planes urbanísticos con efectos ambientales significativos, porque la exclusión de este procedimiento solo puede ser declarada por el órgano ambiental competente mediante un procedimiento reglado, conforme al art. 22.1 de la LS, a los arts. 6 y 8 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
TS 20-7-2026, EDJ 661623