La regulación del Plan estatal de vivienda 2026-2030 regula los instrumentos de financiación y ayudas a implementar por las administraciones autonómicas y las ciudades de Ceuta y Melilla para favorecer el acceso a la vivienda. Se apoyan de manera prioritaria, en cuanto interesa en materia de urbanismo, las actuaciones que fomenten la ocupación racional y eficiente del patrimonio residencial y del suelo. Destacan las siguientes ayudas: 1.- Ayudas para la promoción directa de viviendas sobre suelo público cuyo destino sea el alquiler o la cesión en uso asequible o social. Han de estar ubicadas en municipios o núcleos de población de 10.000 habitantes o menos y con el objeto de contribuir al reto demográfico mediante la implantación de población, pudiendo destinarse a la venta siempre que tengan un nivel de protección permanente. 2.- Ayudas para la gestión y explotación pública de viviendas sobre suelo de titularidad pública o privada destinadas al alquiler social o asequible, a través de colaboración público-privada, mediante la cesión de uso a una administración u organismo público para que lleve a cabo su gestión durante un plazo mínimo de 50 años. 3.- Ayudas para fomentar la promoción de viviendas en suelo privado con régimen de protección pública permanente. 4.- Ayuda para el impulso al desarrollo urbanístico de suelo para acelerar el incremento de la oferta de viviendas con algún régimen de protección pública y sólo si esta reserva está prevista en la ordenación urbanística. Las obras de urbanización correspondientes al ámbito o fase de la actuación de que se trate deben estar finalizadas antes de 30-6-2030, sin perjuicio de su modificación por la comisión de seguimiento del convenio. Los órganos de cooperación en materia de vivienda y suelo son la Conferencia sectorial de agenda urbana y vivienda, la Comisión multilateral de vivienda y suelo, la Comisión bilateral de vivienda y suelo. RD 326/2026, BOE 23-4-26
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1 mayo 2026
Se debe hacer una interpretación literal y restrictiva de las cláusulas de arras penitenciales en contratos de reserva de compraventa. La facultad de desistimiento debe ser simétrica para ambas partes no generando desequilibrio abusivo la ausencia de plazo para la promotora cuando la cláusula es transparente y equitativa.
1 agosto 2026
El tribunal excluye la protección de la L 57/1968 para compraventas de inmuebles con uso turístico-hotelero, confirmando que la finalidad residencial es requisito esencial para la operatividad de esta normativa y, en consecuencia, para atribuir responsabilidad al banco receptor de anticipos.
1 noviembre 2025
La adjudicación judicial en venta directa concursal transfiere el dominio al adjudicatario, equiparándola a la subasta judicial e imponiendo la obligación de pago de cuotas de comunidad desde dicho momento, sin necesidad de escritura pública. Se revoca así sentencias previas que exigían ese requisito para reconocer la legitimación pasiva de la SAREB frente a la reclamación de la comunidad de propietarios.
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