Derecho Administrativo

Se reestructrura la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Se establece un procedimiento administrativo integral que une la denuncia penal con medidas administrativas inmediatas, como la baja temporal con anotación específica y el bloqueo del DNI, orientadas a proteger al titular registral frente a fraudes de suplantación de identidad y a limitar los perjuicios fiscales y sancionadores derivados.

El Tribunal señala la importancia de la correcta valoración conjunta de pruebas técnicas, testimoniales y documentales para establecer el nexo causal en reclamaciones por accidentes en vía pública, recalca que el cumplimiento normativo y correcto mantenimiento del servicio público excluye la responsabilidad patrimonial, y que la conducta del usuario afectado puede romper el nexo causal necesario para atribuir dicha responsabilidad.

No existe responsabilidad patrimonial administrativa cuando el daño en vía pública resulta de la conducta imprudente del propio usuario, incluso si existe un defecto en la infraestructura local, reafirmando el límite del principio de responsabilidad objetiva frente a riesgos asimilados a la conducta del perjudicado.

La mera solicitud de datos personales supone ya una actividad de tratamiento. Desde ese momento, el empleador, como responsable, queda sujeto a los principios de la normativa de protección de datos, en especial, al principio de minimización, y ello, aunque el trabajador no llegue a facilitar los datos requeridos. Por otra parte, la solicitud del diagnóstico y tratamiento médico al trabajador vulnera el principio de minimización cuando se han entregado los justificantes médicos oportunos.

Medidas para la adaptación de organismos públicos existentes en el ámbito estatal a la L 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Se da nueva regulación a los cabildos insulares de Carnarias, estableciendo sus competencias y régimen jurídico, su organización de gobierno y administrativa, su funcionamiento, información y transparencia, el ejercicio de la potestad reglamentaria y las relaciones de estos con la comunidad autónoma.

Se establecen los principios y requisitos que deben cumplir los formularios, asegurando que sean universalmente accesibles, intuitivos, comprensibles y que minimicen la solicitud de datos ya obrantes en las Administraciones públicas. Además, se fomenta el uso de tecnologías avanzadas para la precarga y validación automática de datos, promoviendo la interoperabilidad entre Administraciones públicas y el uso de asistentes conversacionales para la cumplimentación guiada. También se regulan mecanismos de revisión de los formularios y un sistema de retroalimentación ciudadana para su mejora continua.

Se modifica la regulación del procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid, para desarrollar la evaluación ex post e incorporar un procedimiento especial para la tramitación de determinados anteproyectos de ley.

Se modifica el Reglamento General de Circulación. Las modificaciones afectan principalmente a la circulación de peatones, bicicletas, vehículos de movilidad personal y motocicletas.

Existe diferencias normativas y un régimen transitorio para los VMP no certificados adquiridos antes del 22-1-24, identificándolos con una numeración específica y plazo temporal para su circulación, lo que aporta claridad jurídica y seguridad en la aplicación práctica. Se establece una graduación de infracciones aplicables, con criterios objetivos para la actuación administrativa y sancionadora, lo que contribuye a un marco normativo preciso y ajustado a la realidad tecnológica y comercial de los vehículos de movilidad personal.

Para la Dirección General destaca la integración y actualización instantánea de información operativa mediante sistemas telemáticos especializados como LINCE, base única y oficial para el estado de la red vial. También es relevante la insistencia en la anticipación y coordinación sistemática entre todos los actores implicados, así como la estrategia comunicativa multicanal y el uso de tecnologías avanzadas para el control y gestión dinámica de las emergencias en la red vial.