Derecho Administrativo

Se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los departamentos.

La expedición de un título oficial exige comprobar la identidad del solicitante, pero no legitima la petición sistemática de una copia completa del DNI. Si la finalidad puede cumplirse con los datos ya obrantes en la universidad y con extremos identificativos concretos, la exigencia del documento íntegro vulnera la minimización de datos.

Se crea y regula el Foro de Gobierno Abierto, determinando su naturaleza jurídica, funciones, composición y régimen de funcionamiento.

Los órganos judiciales y la Administración tienen la obligación de realizar un emplazamiento diligente y efectivo a todos los interesados identificables mediante fuentes accesibles, como el Registro de la Propiedad, en procedimientos que afectan derechos reales sobre bienes inmuebles, especialmente en materia urbanística, para evitar situaciones de indefensión y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Se modifican algunos aspectos de la regulación de los contratos reservados.

La Ley de medidas fiscales y administrativas de Cantabria incorpora diversas medidas con incidencia en materia de contratación y subvenciones.

El concepto de fuerza mayor incluye no solo el evento meteorológico extraordinario sino también las consecuencias inevitables posteriores, como la presencia de barro en la vía durante las labores de limpieza, y la imposibilidad práctica de mantener un estándar normal de conservación en situaciones de catástrofe, lo que refuerza la interpretación amplia de la fuerza mayor en materia de responsabilidad patrimonial administrativa.

Se aplica estrictamente el principio de culpa exclusiva de la víctima para romper el nexo causal en la responsabilidad patrimonial de la Administración en accidentes ocurridos durante eventos deportivos con cortes de calles, subrayando la obligación del conductor de extremar la precaución y atención, incluso cuando la señalización pueda ser mejorable.

Las presunciones legales derivadas de la coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario son importantes para la identificación física de las fincas en procedimientos declarativos de dominio. Estas presunciones pueden modificar la distribución de la carga de la prueba, especialmente cuando la delimitación administrativa del monte vecinal es imprecisa o indeterminada.

Se reestructura la Administración de la Junta de Extremadura.

La nueva regulación actualiza el concepto de patrimonio histórico y lo sustituye por un enfoque amplio de patrimonio cultural material e inmaterial. Simplifica los niveles de protección, refuerza la conexión con la planificación urbanística y territorial, y ordena el régimen de intervención, inspección y sanción sobre los bienes culturales.

La modificación refuerza el régimen de transparencia de Navarra, precisa las obligaciones de publicidad activa y derecho de acceso, y rediseña el Consejo de Transparencia como órgano técnico garante. También integra a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción en el sistema y le atribuye la gestión del Registro de Grupos de Interés.