Derecho Administrativo

Debe hacerse una interpretación restrictiva de la prescripción en materia de responsabilidad patrimonial, especialmente en daños físicos. El plazo comienza a contar desde la consolidación definitiva del daño y no desde el alta hospitalaria. La jurisdicción contencioso-administrativa puede pronunciarse sobre el fondo cuando la Administración inadmite la reclamación sin motivación suficiente, garantizando así la tutela judicial efectiva y evitando dilaciones indebidas.

Es importante una adecuada señalización y diseño de elementos urbanos para evitar riesgos a los usuarios, rechazando la justificación de medidas de seguridad que generen peligros no señalizados en vías públicas. Tiene prevalencia la valoración judicial objetiva y razonable de la prueba en materia de responsabilidad patrimonial administrativa.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante ha publicado varias recomendaciones cuyo objetivo es resolver dudas frecuentes y ofrecer aclaraciones interpretativas transversales o específicas para atender a colectivos concretos

La práctica empresarial de realizar registros diarios e ilimitados en el bolso de una trabajadora, incluyendo la exigencia de mostrar el número IMEI de su teléfono móvil, sin causa justificada ni sospecha previa, constituye una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad y dignidad del trabajador.

Se aprueba el Estatuto orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

Cuando la Administración pública incurre en un error que provoca la pérdida definitiva de restos óseos de un difunto durante la vigencia de la concesión de un nicho, se reconoce la responsabilidad patrimonial por daño moral a los familiares directos, cuya cuantificación queda a prudente arbitrio del tribunal de instancia, siempre que se respeten criterios de razonabilidad y reparabilidad económica.

La Administración autonómica no responde automáticamente por los efectos adversos graves de la vacuna del Covid-19. Solo hay responsabilidad si concurre mala praxis o actuación contraria a la lex artis.

La potestad de la Administración para imponer prórrogas forzosas en contratos de gestión de servicios públicos está limitada cuando el contrato y el pliego establecen expresamente la necesidad de mutuo acuerdo, aun cuando se aleguen motivos de interés general en favor de dicha prórroga.

La reserva de contratos públicos a favor de centros especiales de empleo de iniciativa social no vulnera los principios de igualdad de trato ni de proporcionalidad. Se reconoce que estos centros, promovidos mayoritariamente por entidades sin ánimo de lucro y que reinvierten sus beneficios en la creación de empleo para personas con discapacidad, están en mejor posición para cumplir el objetivo legítimo de integración social y laboral de este colectivo. La exclusión de los centros de iniciativa empresarial de dicha reserva no es arbitraria ni desproporcionada, y no supone una restricción artificial de la competencia.

La indemnización por obras ejecutadas fuera del contrato con consentimiento tácito de la Administración debe limitarse a los costes efectivos, excluyendo gastos generales y beneficio industrial, diferenciando claramente esta indemnización de la derivada de un contrato válido, lo que contribuye a evitar la generalización de obras sin soporte contractual y protege los principios de igualdad, transparencia y legalidad en la contratación pública.

La viabilidad del recurso por inactividad de la Administración se condiciona a la verificación judicial previa de un acto firme ejecutable, también cuando se alegue silencio positivo. Solo acreditado ese presupuesto, la falta de respuesta a la solicitud de ejecución puede ser inactividad.

Hay que valorar la concurrencia de culpas en accidentes derivados del mal estado de las vías públicas, equilibrando la obligación de mantenimiento de la Administración con el deber de cuidado de los usuarios, y la necesidad de señalización adecuada para prevenir riesgos, lo que implica una aplicación matizada del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial administrativa.