Derecho Administrativo

Se establece el régimen jurídico de los municipios turísticos de Canarias, así como los requisitos y el procedimiento para la declaración y pérdida de tal condición.

La Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público modifica algunos aspectos en materia de régimen local.

Se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, A.A.I.

Se establece el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración regional.

Se configura un marco autonómico de calidad normativa orientado a controlar la producción normativa, reducir cargas administrativas, mejorar la claridad y accesibilidad de las normas, aumentar la transparencia y permitir fórmulas controladas de innovación regulatoria.

La Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público incorpora la posibilidad de imponer sanciones en caso de que aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso especial en materia de contratación o en la solicitud de medidas cautelares en la tramitación de este recurso.

Se suspenden los plazos procesales en los municipios afectados por los incendios de julio de 2026.

La Sala fija la indemnización por lesiones temporales, secuelas, gastos previsibles de asistencia sanitaria futura y prótesis y órtesis, además estima las partidas de ayuda de tercera persona y de lucro cesante, rechazando en cambio los gastos de adecuación de vivienda y adaptación o cambios de vehículo por falta de justificación. Aplicando el 50% de concurrencia de culpas, reconoce el derecho del actor a ser indemnizado por el Consell Insular d'Eivissa desde la reclamación administrativa.

Es importante ponderar la concurrencia de causas en reclamaciones de responsabilidad patrimonial en vías públicas rurales promocionadas por la administración, ya que la existencia de señalización prohibitiva, la naturaleza rural de la vía y la asunción de riesgos implícita en la actividad deportiva justifican la exclusión de responsabilidad administrativa ante la falta de incumplimiento probado de los deberes de conservación, reforzando la doctrina sobre limitación del nexo causal en estos contextos.

Nuevas variables ambientales sobre el uso de TIC para reducir el consumo de energía y materiales y fomentar material reciclado, la posible medición de ese impacto y la gestión del fin de vida de los equipos informáticos mediante recogida o reciclaje, conservación, venta, devolución o donación, en línea con objetivos de sostenibilidad y de comercio electrónico sostenible.

Se aplaza hasta 2027 y 2028 la aplicación de las obligaciones sobre sistemas de IA de alto riesgo y se introducen medidas para simplificar su cumplimiento. La reforma incorpora, además, nuevas prácticas prohibidas, flexibiliza la obligación de alfabetización en IA y refuerza las competencias de la Oficina de IA

La publicación por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de una guía que establece criterios obligatorios para el tratamiento de control de presencia mediante sistemas biométricos constituye una circular material que debe someterse al procedimiento de elaboración previsto, debiendo ser publicada en el BOE para adquirir eficacia normativa. De no cumplirse este procedimiento, la guía es anulable por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y por exceder la función orientativa propia de las guías.