Derecho Administrativo

Se reestructrura la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La DG Tráfico ha establecido directrices, con carácter transitorio, hasta la culminación del proceso de transferencia competencial.

Modificación legislativa encaminada a simplificar trámites administrativos, agilizar procedimientos y modernizar el marco jurídico.

Se renueva en profundidad el régimen jurídico aplicable al patrimonio autonómico, adaptándolo a la legislación básica estatal y a la jurisprudencia constitucional más reciente. Entre las principales novedades destacan: la implantación de la Plataforma de Publicidad Patrimonial, la regulación de mecanismos de economía circular para la gestión eficiente de bienes muebles, nuevas figuras y procedimientos en negocios patrimoniales, la adaptación de edificios administrativos y la introducción de un régimen propio y detallado de protección y defensa del patrimonio, así como su régimen sancionador. Además, la ley actualiza la regulación de las relaciones interadministrativas y urbanísticas.

El SEPES pasa a denominarse CASA 47 Entidad Pública Empresarial, amplía su estructura y competencias para centrarse en el fomento de vivienda pública asequible, refuerza la paridad y eleva los límites de delegación económica. Además, adapta el régimen de convenios a la normativa autonómica y consolida su papel como principal gestora estatal de vivienda social.

Actualización del sistema de recepción, salida y registro de documentos en Canarias, en línea con la digitalización y simplificación administrativa, eliminando la dualidad de registros, creando oficinas con nuevas funciones presenciales y adaptando la normativa autonómica a las bases estatales en materia de administración electrónica.

Se reducen los umbrales de los contratos públicos de obra suministros y servicios para adaptarlos a la normativa europea.

Reforma del régimen jurídico de la Administración autonómica, destacando la adaptación a la legislación estatal, la priorización de la digitalización, la simplificación administrativa y el refuerzo de la transparencia y el control en órganos y procedimientos.

Regulación de los niveles mínimos de calidad y accesibilidad de los servicios de atención a la clientela que deben ofrecer empresas de servicios básicos y grandes empresas, estableciendo derechos reforzados para personas consumidoras vulnerables y nuevas obligaciones en información, atención y reclamación en defensa del consumidor.

Se reducen los umbrales de los contratos públicos de obra suministros y servicios para adaptarlos a la normativa europea.

Con entrada en vigor el 15-1-2026, se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos para la interposición, tramitación y resolución de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa por los obligados tributarios y se aprueban diversos formularios.

El plazo de prescripción de la acción para reclamar daños por accidente de tráfico frente al Consorcio de Compensación de Seguros comienza cuando el perjudicado dispone de todos los elementos fácticos y jurídicos necesarios para ejercitarla, lo que no sucede hasta que tiene confirmación de la ausencia de seguro (carta verde) del vehículo causante.