Derecho Administrativo

En la aplicación del margen de error en pruebas de alcoholemia, el redondeo debe hacerse en beneficio del reo, pero la existencia de signos externos evidentes de embriaguez puede justificar la condena aun cuando la tasa ajustada no supere estrictamente el límite legal, integrando así criterios técnicos y empíricos para la valoración del delito contra la seguridad vial.

Se establece un marco general para regular el derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria y, al mismo tiempo, impulsar y fomentar el ejercicio efectivo de ese derecho y la cultura participativa y deliberativa, con la finalidad de promover una ciudadanía activa e informada en la toma de decisiones públicas, garantizando canales accesibles de diálogo y estableciendo instrumentos de participación, consulta y colaboración entre Administraciones, ciudadanía o sociedad civil organizada, junto con el fomento de la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación de políticas públicas, la innovación, la difusión de hábitos participativos y la mejora de la relación Administración-administrados.

En casos de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por aplicación de normas declaradas inconstitucionales, no procede indemnización si el reclamante no ha obtenido previamente sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.

Se fija la relación de subgrupos de clasificación para los cuales se tendrán en cuenta las obras ejecutadas en el curso de los últimos diez años a los únicos efectos de acreditación de la solvencia técnica de los empresarios en contratos de obras.

Solo están legitimados para interponer recurso especial en materia de contratación aquellos licitadores que puedan obtener un beneficio directo en caso de estimarse su reclamación.

Se complementa la regulación establecida en el RD 970/2020, que introdujo un marco jurídico específico para los vehículos de movilidad personal (VMP), estableciendo la necesidad de un certificado de circulación que acredite el cumplimiento de requisitos técnicos y permita su identificación, así como la establecida en la L 5/2025, que creó el seguro obligatorio de responsabilidad civil para los vehículos personales ligeros (VPL).

El Tribunal destaca la importancia de valorar conjuntamente la existencia de gravilla y el deterioro del firme para atribuir responsabilidad a la Administración, así como la aplicación proporcional de la concurrencia de culpas en accidentes de tráfico, matizando la carga probatoria y la valoración de daños en reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

El tribunal clarifica la distinción entre funciones de inspección y auditoría en el ámbito de las escuelas particulares de conductores, estableciendo que la inspección, como potestad pública que puede derivar en sanciones, debe ser ejercida exclusivamente por funcionarios públicos, limitando la posibilidad de delegar o colaborar con entidades privadas a las auditorías.

El Reglamento europeo simplifica las obligaciones de divulgación de la taxonomía ambiental, introduciendo umbrales de materialidad del 10 % para evitar evaluar actividades poco significativas, pero obligando a reportarlas por separado, ajusta el cálculo de indicadores de entidades financieras excluyendo determinadas partidas y limitando el perímetro de contrapartes, simplifica y reorganiza plantillas (incluida la información sobre gas fósil y energía nuclear) y, además, modifica criterios técnicos en materia de contaminación y químicos.

Se ha publicado una decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos que adopta normas procedimentales para la aplicación del requisito de consentimiento previo del mismo antes de la destitución del delegado/responsable de protección de datos (DPD) por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión

La AEPD ha actualizado la Guía sobre protección de datos en las relaciones laborales (diciembre 2025). Tiene como objetivo de ofrecer una herramienta práctica de ayuda a las organizaciones públicas y privadas para un adecuado cumplimiento de la legislación. Se trata de una referencia para facilitar la aplicación de criterios y orientaciones.

Se modifica la organización de la estructura institucional y administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.