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El problema jurídico radica en determinar si las circulares internas del Banco de España pueden considerarse normas que regulen procedimientos administrativos de supervisión y, en consecuencia, si su eventual incumplimiento afecta a la validez de las sanciones impuestas. El Tribunal Supremo parte de que estas circulares internas se encuadran en la potestad de autoorganización del Banco de España. No tienen naturaleza normativa ni eficacia externa, sino que constituyen instrucciones dirigidas a ordenar la actuación interna de sus servicios. No configuran auténticos procedimientos administrativos ni reconocen derechos a los sujetos supervisados. Por ello, su eventual vulneración carece de relevancia invalidante respecto de las actuaciones sancionadoras.
Esta doctrina, referida a las circulares del Banco de España, es plenamente aplicable a las figuras similares que empleen otras Administraciones públicas y entidades. En consecuencia, el incumplimiento de estas circulares no puede fundamentar la nulidad o anulabilidad del procedimiento sancionador, sin perjuicio de sus efectos en el ámbito interno organizativo.
Por otro lado, se analiza el carácter de la infracción consistente en no subsanar en plazo las deficiencias detectadas por el supervisor. El Tribunal fija doctrina reiterando que este tipo de infracción no es de tracto único, sino continuada. La conducta infractora no se agota en el momento inicial de incumplimiento, sino que se prolonga mientras persista la situación irregular. El elemento determinante es que el ilícito consiste en mantener deficiencias no corregidas pese a requerimiento expreso. Por ello, la infracción se consuma de forma permanente hasta que se produce la efectiva subsanación.
Como consecuencia, el comienzo del plazo de prescripción no se sitúa en el momento en que debía cumplirse el requerimiento, sino en el momento en que cesa la conducta omisiva, es decir, cuando se corrigen las deficiencias. Este criterio impide que el infractor pueda fijar unilateralmente el inicio de la prescripción en función de una supuesta subsanación no acreditada, y garantiza la eficacia de la potestad sancionadora en supuestos de incumplimientos prolongados.TS 26-2-26, EDJ 519347
1 diciembre 2025
Actualización del sistema de recepción, salida y registro de documentos en Canarias, en línea con la digitalización y simplificación administrativa, eliminando la dualidad de registros, creando oficinas con nuevas funciones presenciales y adaptando la normativa autonómica a las bases estatales en materia de administración electrónica.
1 enero 2026
La publicación por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de una guía que establece criterios obligatorios para el tratamiento de control de presencia mediante sistemas biométricos constituye una circular material que debe someterse al procedimiento de elaboración previsto, debiendo ser publicada en el BOE para adquirir eficacia normativa. De no cumplirse este procedimiento, la guía es anulable por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y por exceder la función orientativa propia de las guías.
1 agosto 2026
Cuando la notificación de un acto procesal por medios electrónicos no es abierta por el destinatario dentro de un plazo de 3 días hábiles, dicha notificación se entiende efectuada legalmente al concluir el último de esos 3 días, y el plazo para presentar la demanda del procedimiento contencioso administrativo comienza a contar desde el día hábil siguiente, pudiendo presentarse la demanda hasta las 15:00 horas del día siguiente al término de ese plazo (4º día).
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