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Las medidas en materia de agilización y simplificación de los procedimientos se concretan en la modificación de la L Cataluña 16/1984, de la función interventora, y del DLeg Cataluña 3/2002, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. Las modificaciones afectan a las funciones de la Intervención General de la Generalitat de Catalunya, con la finalidad de hacer efectiva la implementación de soluciones informáticas en la tramitación de procesos. Por otra parte, se modifica la L Cataluña 26/2010, de régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones públicas de Cataluña, para regular el derecho de acceso y utilización de datos y documentos propios por parte de los ciudadanos. Se reconoce el derecho a acceder a los datos y a los documentos que las Administraciones públicas de Cataluña tienen en su poder, relativos a su persona o actividad, a través de un espacio personal, privado y seguro disponible en las sedes electrónicas correspondientes. Igualmente, pueden aportar y conservar voluntariamente documentos propios con la finalidad de facilitar la aportación en procedimientos administrativos. Desde este espacio, las personas interesadas pueden visualizar y seleccionar los datos y los documentos mencionados para incorporarlos directamente a los trámites o procedimientos administrativos que inicien o en los que participen como personas interesadas. Mediante este modelo de «dato único», la Administración puede disponer inmediatamente de los datos necesarios para tramitar y resolver los procedimientos administrativos con más agilidad.
Además, con la misma finalidad, se modifica la L Cataluña 18/2020, de facilitación de la actividad económica, para prever la digitalización en determinados ámbitos con carácter urgente. Los ámbitos en los que se tiene que producir son, además de los vinculados al ejercicio de una actividad económica, otros que, en gran parte por su urgencia, son objeto de este y de otros decretos ley ya aprobados, como: los relativos a la tramitación de los procedimientos de los planes urbanísticos, medioambientales y de intervención en la edificación. En este mismo ámbito, se modifica la L Cataluña 12/2007, de servicios sociales, para facilitar la comunicación de datos entre los servicios de salud y los servicios sociales del sistema público para el establecimiento del servicio proactivo de ofrecimiento del reconocimiento de discapacidad y de reconocimiento de la situación de dependencia.DL Cataluña 3/2026, DOGC 25-3-26
1 mayo 2026
En casos de responsabilidad patrimonial por daños sufridos en vías públicas, no se atribuye responsabilidad a la Administración cuando el daño es consecuencia de un desperfecto visible y conocido en la vía, y el usuario no extremó la precaución debida, rompiéndose así el nexo causal entre la actuación administrativa y el daño sufrido.
1 junio 2026
El Tribunal señala la importancia de la correcta valoración conjunta de pruebas técnicas, testimoniales y documentales para establecer el nexo causal en reclamaciones por accidentes en vía pública, recalca que el cumplimiento normativo y correcto mantenimiento del servicio público excluye la responsabilidad patrimonial, y que la conducta del usuario afectado puede romper el nexo causal necesario para atribuir dicha responsabilidad.
1 noviembre 2025
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