Derecho Inmobiliario-urbanismo

Se modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal.

La norma aborda nuevas necesidades sanitarias y familiares y corrige disfunciones en las prestaciones, principalmente mediante modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social.

Los acuerdos adoptados por la junta de propietarios bajo el régimen de propiedad horizontal que establezcan recargos diarios por mora en el pago de cuotas comunitarias son válidos siempre que respeten el principio de proporcionalidad y no sean abusivos ni desproporcionados, pudiendo considerarse nulos aquellos cuyo importe exceda de forma manifiesta la cuantía de la cuota adeudada y resulte desproporcionado en relación con dicha obligación.

Establecimiento de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística.

Se modifican las ayudas para adquirir o autopromover viviendas en municipios gallegos de hasta 10.000 habitantes para incluir las compras realizadas entre el 16-10-25 y el 31-12-25, excluidas de las convocatorias de 2025 y 2026.

Posibilidad de que las pólizas y los certificados del seguro decenal puedan firmarse mediante firma electrónica cualificada con los efectos jurídicos equivalentes a la firma manuscrita.

La acción de desahucio por precario ejercida por el propietario para recuperar la posesión de una finca que es utilizada sin título por terceros no está sujeta al plazo de prescripción de 5 años previsto para acciones personales, sino que se rige por el plazo de prescripción de las acciones reales sobre bienes inmuebles, que es de 30 años.

La regulación estatal que establece definiciones operativas para la aplicación de una ley, incluyendo la prevalencia de las normativas autonómicas en caso de contradicción, respetando así las competencias exclusivas autonómicas en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio, no vulnera la distribución competencial prevista en la Constitución Española, siempre que no se dicte normativa con carácter supletorio que invada la competencia exclusiva autonómica.

Se crea el programa de ayudas Alokaplus (Aloka+), dirigido a personas arrendadoras de viviendas ubicadas en zonas de mercado residencial tensionado.

Se aprueban dos nuevos decretos leyes que recogen sustancialmente las medidas incorporadas por los anteriores RDL 26/2026 y RDL 27/2026.

Se declaran zona de mercado residencial tensionado 53 municipios de Cataluña, de acuerdo con la ley por el derecho a la vivienda.

Prorrogación en 118 municipios la vigencia de la zona de mercado residencial tensionado declarada mediante la Resol Cataluña TER/800/2024.