Derecho Inmobiliario-urbanismo

Tanto la normativa estatal como autonómica exigen la existencia de un título habilitante urbanístico (licencia, autorización o equivalente) para la inscripción en el Registro, incluso aunque exista declaración responsable inscrita ante Turismo de la Comunidad de Madrid.

La Dirección General considera que el criterio relevante a la hora de prorrogar una anotación preventiva de embargo, en presentaciones telemáticas, es la fecha y hora de entrada en el registro, que permite la prórroga si la presentación telemática se realiza antes de las 24:00 horas del último día de vigencia de la anotación.

La Dirección General confirma que, ante la falta de tracto sucesivo y sin el consentimiento de los titulares actuales o una resolución judicial, no puede practicarse la inscripción solicitada sobre la subsanación de un supuesto error material registral en la inscripción de una participación indivisa vinculada a una plaza de garaje.

La Audiencia Nacional reconoce el derecho de los residentes en países extracomunitarios, como Estados Unidos, a deducir los gastos vinculados al arrendamiento de inmuebles en España en igualdad de condiciones con los residentes en la UE o en el EEE, anclando su decisión en el principio de libre circulación de capitales y la jurisprudencia del TJUE.

La competencia municipal sobre el estacionamiento de vehículos no es título suficiente para que la Administración hidráulica sancione a un ayuntamiento por no impedir la ocupación de dominio público hidráulico mediante estacionamiento de terceros, al carecer las entidades locales de competencia para perseguir o sancionar infracciones de la Ley de Aguas.

Medidas extraordinarias a adoptar en caso de erupción volcánica

Modificación reglamentaria del régimen de accesos a autopistas, autovías, etc.

Particularidades en su régimen jurídico

Novedades para la delimitación de la zona de afección y régimen de actuaciones.

Eliminación de limitaciones para la ubicación de redes de instalaciones subterráneas y aéreas en caminos

No convalidación normativa aprobada por decreto ley. Efectos

El Tribunal Supremo valida la revisión y actualización de los planes de gestión del riesgo de inundación, especialmente respecto a la demarcación hidrográfica del Segura, al considerar acreditada la correcta elaboración de la cartografía de inundaciones y la ausencia de vicios invalidantes en el procedimiento.