Derecho Inmobiliario-urbanismo

El mandamiento de cancelación de cargas emitido en ejecución hipotecaria junto con resoluciones firmes dictadas son títulos suficientes para la cancelación registral automática de arrendamientos posteriores incompatibles con la adjudicación. Se rechaza la necesidad de un pronunciamiento judicial adicional específico o acuerdo privado para la cancelación, subrayando la función limitativa y objetiva del registrador.

Las limitaciones estatutarias en comunidades de propietarios no son oponibles a terceros que adquirieron propiedades antes de su inscripción registral, especialmente cuando la actividad turística fue iniciada bajo cobertura administrativa previa y amparada judicialmente. Se hace una interpretación restrictiva de prohibiciones estatutarias con efectos retroactivos.

Mediante real decreto ley se regulan con carácter de urgencia diversas medidas de protección del derecho a la vivienda, con especial incidencia en el ámbito de los arrendamientos y los desahucios.

Recuperación de suelo calificado como monte e infraestructura preventiva productiva tras los incendios de 2026.

Composición y régimen de las actuaciones de la Comisión de Residuos de las Islas Baleares.

Se amplía la moratoria para frenar nuevas plantas de biometanización que traten residuos de terceros. Quedan fuera ciertas instalaciones pequeñas de autogestión y algunas públicas.

La regulación favorece la rehabilitación mediante incentivos fiscales y financiación, e impulsa el uso de inmuebles públicos para vivienda asequible. Fija un precio máximo de venta para determinadas viviendas de CASA 47, aplicable también a transmisiones posteriores. Además, regula la aportación de inmuebles a esta entidad, con reglas especiales sobre valoración, transmisión y uso.

Las consultas urbanísticas también quedan sujetas a plazo máximo aunque su respuesta sea informativa. La ordenanza no puede excluir todo límite temporal ni permitir requerimientos indefinidos.

Los acuerdos expresos de las entidades urbanísticas de conservación y de las juntas de compensación se recurren en alzada en el plazo de un mes. El plazo reglamentario de 15 días no se mantiene para las juntas de compensación, ni puede imponerse por estatutos, porque la previsión reglamentaria debe entenderse desplazada en este extremo por la legislación procedimental común, cuya aplicación resulta preferente por razón de rango normativo.

Se modifican los ingresos mínimos exigidos para acceder a las deducciones por arrendamiento.

Un acuerdo alcanzado en un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos, aunque formalizado en escritura pública y con fuerza ejecutiva entre las partes, no es suficiente ni adecuado para alterar los asientos del Registro de la Propiedad respecto a la prescripción adquisitiva cuando existe titular registral que no ha sido reconocido judicialmente.

La aplicación del principio de tracto sucesivo es requisito indispensable para la inscripción registral, así como la limitación del Registro a inscribir únicamente actos que tengan eficacia o trascendencia real inscrita previamente. La inscripción no puede extenderse a sentencias que rechacen pretensiones ni a derechos derivados de contratos no inscritos. No se deben admitir inscripciones que contravengan la legitimación registral y seguridad jurídica registral.