Derecho Inmobiliario-urbanismo

Las consultas urbanísticas también quedan sujetas a plazo máximo aunque su respuesta sea informativa. La ordenanza no puede excluir todo límite temporal ni permitir requerimientos indefinidos.

Los acuerdos expresos de las entidades urbanísticas de conservación y de las juntas de compensación se recurren en alzada en el plazo de un mes. El plazo reglamentario de 15 días no se mantiene para las juntas de compensación, ni puede imponerse por estatutos, porque la previsión reglamentaria debe entenderse desplazada en este extremo por la legislación procedimental común, cuya aplicación resulta preferente por razón de rango normativo.

Se aprueba el Reglamento del Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana que reglamenta y actualiza su funcionamiento

El tribunal refuerza la distinción entre la presunción registral respecto a la titularidad formal y la efectividad de la posesión material, evidenciando que datos descriptivos de fincas antiguos pueden no amparar la propiedad superficial y que la posesión continuada puede prevalecer aun frente a la publicidad registral. Aclara el alcance y límites de la LH art.34 y los requisitos para la usucapión con protección registral.

Nueva regulación para combatir las demoras en licencias y disciplina urbanística habilitando apoyo colaborativo y medios propios.

Nueva regulación para impulsar medidas encaminadas al aumento de la oferta residencial, activando suelos y facilitando rehabilitación y cambios de uso a vivienda.

Medidas urgentes para acelerar la promoción de vivienda, especialmente protegida, mediante simplificación del planeamiento y su ejecución.

Se refuerzan beneficios fiscales ligados a vivienda en IRPF e ISD, especialmente por discapacidad. En vivienda protegida fija duración, regula el precio máximo y endurece la adjudicación, con reglas transitorias para promociones en curso.

Se regula el programa Mi Primera Vivienda, orientado a prestar apoyo a las personas y familias que, siendo solventes y teniendo recursos, no dispongan del ahorro previo necesario para la adquisición de su primera vivienda.

Es imposible aplicar la interrupción o cómputo del plazo desde el conocimiento posterior a la inscripción registral para el ejercicio del derecho de retracto, enfatizando el tribunal la necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica mediante la presunción iuris et de iure de conocimiento desde la inscripción, incluso ante la falta de notificación fehaciente al retrayente.

El tribunal excluye la protección de la L 57/1968 para compraventas de inmuebles con uso turístico-hotelero, confirmando que la finalidad residencial es requisito esencial para la operatividad de esta normativa y, en consecuencia, para atribuir responsabilidad al banco receptor de anticipos.

La inclusión en el orden del día de cuestiones relativas a obras y cerramientos en elementos comunes, en un contexto de conflicto previo debidamente informado a los propietarios, es suficiente para legitimar la adopción de acuerdos judiciales, sin necesidad de una mención explícita y formal del ejercicio de acciones judiciales ni de la autorización al presidente para demandar, siempre que tal autorización aparezca de forma implícita en el acuerdo adoptado por la junta.