Derecho Inmobiliario-urbanismo

En un contrato de obra celebrado por una comunidad, en el que los copropietarios asumen individualmente la obligación de pago correspondiente a sus porcentajes, estos están legitimados para reclamar personalmente las cantidades pagadas al prestamista en contratos de crédito vinculados y para las acciones frente al contratista, sin que dicha legitimación se limite exclusivamente a la comunidad.

Es posible que las Entidades Urbanísticas de Conservación modifiquen estatutariamente sus fines para incluir la asunción de actividades de conservación y mantenimiento de la urbanización, incluyendo tareas tradicionalmente consideradas competencia municipal, como la limpieza del viario público y recogida de residuos vegetales, siempre que existan planes y proyectos urbanísticos de iniciativa privada que así lo establezcan y se garantice la debida aprobación administrativa.

La licencia de primera ocupación se define como documento habilitante suficiente para acreditar el cambio de uso en la inscripción registral, modificando la exigencia tradicional de licencia de obra específica para el cambio, siempre que no implique modificaciones estructurales sustanciales. Además, se aplica la LS art.28.4 para la inscripción de obras nuevas por antigüedad y la necesidad de notificación municipal posterior, estableciendo el ámbito de actuación para los registros ante casos de ampliaciones y cambios de uso en edificios ya consolidados.

El tribunal subraya que la responsabilidad del arquitecto conforme a la LOE no queda excluida por la falta de finalización o recepción formal de la obra cuando dicha situación deriva de causas ajenas al propietario y existen evidencias claras de negligencia profesional y firma de documentos falsos que causan daños en la construcción.

El tribunal reitera y clarifica el principio de que la responsabilidad contractual del promotor en materia de defectos constructivos no está condicionada por la gravedad de tales defectos, y reconoce que la comunidad de propietarios cuenta con legitimación activa para reclamar la reparación de daños a elementos comunes, incluso cuando los actuales titulares no sean los adquirentes originarios, subrayando la inaplicabilidad restrictiva del principio de relatividad de los contratos en favor de la protección jurídica de los comuneros sucesivos.

El Tribunal ratifica el carácter programático y respetuoso con la autonomía autonómica que deben tener las normas estatales que establecen condiciones básicas en materia de vivienda y urbanismo, delimitando el ejercicio legítimo de competencias estatales de coordinación y planificación económica sin invadir competencias exclusivas autonómicas, especialmente en un ámbito sensible como el derecho a la vivienda.

Se establece una nueva regulación de las cooperativas, también las de vivienda, en Asturias para tratar de proporcionar a las personas socias viviendas y locales a precio de coste.

Se adoptan una serie de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears así como para la simplificación y la racionalización administrativas

Se adecuan y alinean los plazos autonómicos con los plazos estatales especialmente en el programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

Se amplían los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones de rehabilitación en los edificios y se hace una redistribución técnica de fondos entre distintos programas para optimizar recursos.

Se establecen unas subvenciones para financiar pago del alquiler o del precio de cesión de viviendas o habitaciones para jóvenes para favorecer su acceso a la vivienda.

Es importante respetar el principio de especialidad registral en los casos de titularidad vinculada ob rem, exigiendo una descripción suficiente y detallada de todas las fincas e intereses accesorios que forman parte del derecho transmitido para evitar dudas en el Registro. Aunque existan vínculos estructurales entre fincas principales y vinculadas, la descripción formal detallada en los títulos es indispensable para la inscripción, garantizando así la seguridad y claridad en las transmisiones y la protección del tráfico jurídico.