Derecho Inmobiliario-urbanismo

Se modifica la ley foral del derecho a la vivienda para reforzar la estabilidad y permanencia del parque de viviendas protegidas.

Es posible que las Entidades Urbanísticas de Conservación modifiquen estatutariamente sus fines para incluir la asunción de actividades de conservación y mantenimiento de la urbanización, incluyendo tareas tradicionalmente consideradas competencia municipal, como la limpieza del viario público y recogida de residuos vegetales, siempre que existan planes y proyectos urbanísticos de iniciativa privada que así lo establezcan y se garantice la debida aprobación administrativa.

Creación del Catastro inmobiliario foral de Guipuzcoa.

La utilización de documentos privados con firmas legitimadas notarialmente carece de la consideración de documentos auténticos exigidos para la cancelación registral de cargas derivadas de escrituras públicas, salvo cuando la ley o el título pactado dispongan expresamente modalidades excepcionales, como actas notariales. Es obligatorio, además, identificar los medios de pago conforme a la normativa fiscal vigente, vinculando el régimen registral a la prevención del fraude fiscal y estableciendo que tales defectos son subsanables, pero su omisión justifica la denegación.

Régimen jurídico aplicable a los informes que se requieren en el procedimiento de aprobación de declaraciones de interés comunitario y en parcelaciones o segregaciones de fincas o terrenos rústicos de estructuras agrarias.

Régimen especial de cambio de uso.

Cómputo de edificabilidad en situaciones especiales

Prohibición de construcciones, reconstrucciones o ampliaciones en la franja comprendida entre la arista exterior de la explanación y la línea de edificación.

Clasificación de los terrenos de caza.

Aprobación del régimen jurídico de las entidades colaboradoras con competencias en materia de urbanismo.

Se introducen una serie de modificaciones realizadas en el ámbito de los tributos cedidos. En concreto, del libro sexto del Código tributario de Cataluña.

Hay una distinción esencial entre el juicio de capacidad y el juicio de suficiencia, siendo este último de consignación obligatoria. La ausencia de una expresión literal precisa del juicio de suficiencia puede suplirse cuando en conjunto las manifestaciones del notario permiten inferir la suficiencia de las facultades representativas, evitando formalismos excesivamente rígidos.