Consolidación de doctrina sobre distribución competencial en materia de vivienda

Actualidad Inmobiliaria. Octubre de 2026

Consolidación de doctrina sobre distribución competencial en materia de vivienda

La regulación estatal que establece definiciones operativas para la aplicación de una ley, incluida la prevalencia de las normativas autonómicas en caso de contradicción, respeta las competencias exclusivas autonómicas en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio y no vulnera la distribución competencial prevista en la Constitución española, siempre que no se dicte normativa con carácter supletorio que invada dichas competencias.
MI n.º 9682. MARRI n.º 415.
14. Se pronuncia el Tribunal sobre la compatibilidad con el ordenamiento constitucional de los preceptos impugnados de la L 12/2023, en cuanto a su encaje competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, especialmente en relación con la competencia exclusiva autonómica en materia de vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y procedimiento administrativo, así como con la utilización de competencias estatales en materia de bases y coordinación de la planificación económica general.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la L 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, alegando la invasión de competencias autonómicas en materia de vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y procedimiento administrativo, después de que no se resolvieran las discrepancias en la Comisión Bilateral de Cooperación con la Administración General del Estado.
El Tribunal declara la pérdida sobrevenida de objeto respecto del art. 16 de la L 12/2023, ya declarado inconstitucional, y desestima el recurso en lo demás, confirmando la constitucionalidad del resto de los preceptos impugnados y consolidando la doctrina constitucional previa sobre el reparto competencial en las materias analizadas.
La decisión se fundamenta en la doctrina constitucional consolidada, que reconoce la competencia exclusiva autonómica en materia de vivienda y la posibilidad de que el Estado dicte normas básicas o normas de bases, amparadas en el art. 149.1.1, 8 y 13 de la Constitución, para establecer directrices y coordinar la planificación económica general, respetando la autonomía normativa de las comunidades autónomas, sin crear derecho supletorio ilegítimo ni invadir competencias exclusivas, conforme a los precedentes del Tribunal Constitucional y a los textos legales aplicables.
TCo (Pleno) 59/2026. ECLI:ES:TC:2026:59.