Derecho Penal

Cuando en un proceso penal por presunto maltrato infantil mediante zarandeo no puede acreditarse sin ninguna duda la causa traumática de las lesiones, existiendo alternativas médicas razonables que explican dichas lesiones, debe dictarse sentencia absolutoria, respetando el derecho a la presunción de inocencia y el principio «in dubio pro reo»

No se pueden extinguir penas no acumulables por superar el límite máximo temporal de cumplimiento previsto en el Código Penal, evitando así la creación de una situación de impunidad para delitos posteriores. Son necesarios mecanismos alternativos para la revisión de situaciones prolongadas de privación de libertad para evitar la tensión entre la acumulación aritmética de penas y los derechos constitucionales a la libertad y a la tutela judicial efectiva

Para que una persona jurídica sea penalmente responsable por un delito cometido por una persona física de su organización es necesario acreditar, no solo la comisión del delito por dicha persona física, sino también la existencia de un defecto organizativo grave en sus mecanismos de prevención y supervisión.

La amnistía supone la excepción retroactiva de la aplicación de una norma penal y, por consiguiente, la eliminación de responsabilidad punitiva derivada de la comisión de ese ilícito a quien resulte beneficiado por ella. El indulto, sin embargo, solo exime de las penas total o parcialmente impuestas, pero no afecta a otras consecuencias que se derivan del ilícito cometido.

Se condena al fiscal general del Estado, por un delito de revelación de datos reservados al considerar probado que filtró un correo confidencial y elaboró una nota informativa sobre un pacto de conformidad penal, vulnerando el deber de confidencialidad. Para el Tribunal Supremo el deber de reserva permanece, aunque los datos sean de conocimiento público.

La falsificación de documentos oficiales mediante medios digitales o fotocopias, cuando se simula la autenticidad del documento y se utiliza para justificar hechos ante la administración o terceros, debe ser considerada falsedad en documento oficial, independientemente del soporte material empleado, reforzando la protección jurídica frente a las nuevas formas de falsificación digital.

Es necesaria una motivación suficiente y detallada en las resoluciones judiciales que autorizan medidas restrictivas de derechos fundamentales, así como corroborar la información anónima con indicios concretos para justificar registros domiciliarios. Igualmente hay que exigir prueba individualizada y concreta para la aplicación de atenuantes por drogadicción, así como el control limitado de la casación sobre la valoración de la prueba realizada en apelación.

Se declara la nulidad de múltiples contratos mercantiles constitutivos de sociedades utilizadas para la emisión de facturas falsas. La Audiencia subraya la importancia de la ausencia de causa lícita en la constitución societaria como elemento para anular dichas operaciones en el contexto de delitos fiscales y de falsedad documental.

Se debe hacer una interpretación rigurosa de la cláusula de exclusión de responsabilidad penal por proximidad madurativa en delitos sexuales con menores de 16 años, estableciendo que una diferencia de edad de 8 años supera el umbral de proximidad y anula la validez del consentimiento, especialmente en contextos de violencia. El testimonio de la víctima es prueba principal en delitos de violencia y abuso sexual, valorándose la necesidad de persistencia, ausencia de incredibilidad subjetiva y verosimilitud.

Hay que garantizar la efectividad del derecho a la defensa en procesos con intervención telefónica, ya que la mera designación de abogado no basta si no se acredita una defensa real y operativa, y precisa los requisitos para alegar falta de defensa efectiva en casación. Se aplica la atenuante de dilaciones indebidas en procesos prolongados sin justificación, debiendo ajustar la individualización de la pena en función de la duración del procedimiento y la ausencia de responsabilidad del acusado.

La resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, establece el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad sobre la acreditación de situaciones de violencias sexuales. Su finalidad principal es garantizar el acceso de las víctimas a derechos, recursos y servicios reconocidos en la normativa estatal, conforme a la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.

El Tribunal Supremo estima un recurso de revisión y anula la condena por delito contra la seguridad vial al acreditarse que el acusado disponía de licencia válida de conducir expedida por Colombia, considerando que la falta de canje del permiso extranjero supone solo infracción administrativa por lo que decreta la libre absolución.