Derecho Penal

La pena de privación del derecho a conducir debe cumplirse de forma continua y no puede ser fraccionada, incluso en casos de conductores profesionales, reforzando el principio de legalidad en la ejecución penal y la coherencia del sistema sancionador en materia de seguridad vial.

El delito de integración en banda armada por quienes deben ejercer una actividad en favor de la sociedad, como la de abogado, merece una respuesta punitiva proporcional a la gravedad de esa conducta criminal, sin que pueda argumentarse que esta pueda serlo de menor gravedad en algunos supuestos a pesar de actuarse con intensidad en la elaboración de documentos, dedicación plena del autor a la organización y durante un periodo de años.

Para la tipificación del delito de odio no es necesario que las víctimas pertenezcan exclusivamente a un colectivo vulnerable, ampliando la protección penal a cualquier persona o grupo que sea objeto de ataques motivados por odio ideológico o territorial.

En casos de violencia de género con antecedentes de quebrantamiento de medidas cautelares, la reiteración en el incumplimiento de órdenes de alejamiento y la convivencia no autorizada con la víctima elevan el riesgo de agresión grave, lo que justifica, siempre que la valoración probatoria quede suficientemente demostrada, la imposición de este tipo de pena por delitos de asesinato, en este caso, a la expareja y la propia hija del acusado.

Corresponde a las Secciones de Infancia y Adolescencia de los Tribunales de Instancia la competencia para conocer de las agresiones sexuales a menores, niños, niñas y adolescentes, y, en su defecto, a los órganos judiciales de instrucción, donde no estén constituidos tales órganos especializados.

En la aplicación del margen de error en pruebas de alcoholemia, el redondeo debe hacerse en beneficio del reo, pero la existencia de signos externos evidentes de embriaguez puede justificar la condena aun cuando la tasa ajustada no supere estrictamente el límite legal, integrando así criterios técnicos y empíricos para la valoración del delito contra la seguridad vial.

Existe la posibilidad de revisar sentencias firmes dictadas por conformidad cuando se aportan pruebas posteriores que acreditan la inocencia del condenado, al ser necesario respetar la justicia material frente a la seguridad jurídica y la cosa juzgada, incluso en procedimientos rápidos y conformes.

En casos de acceso y revelación de datos reservados por funcionarios públicos, la conducta típica requiere que el acceso no autorizado se realice en el ejercicio de funciones públicas y con prevalimiento del cargo, y que exista una conexión causal entre la dádiva y el acto administrativo para configurar el delito de cohecho pasivo.

Conducir tras cumplir la pena de privación del derecho a conducir, pero sin haber superado el curso de reeducación vial, carece de tipicidad penal, siendo la omisión únicamente sancionable en vía administrativa y no como quebrantamiento de condena ni como delito contra la seguridad vial.

El Tribunal Supremo destaca la estricta limitación del recurso de casación en materia penal para sentencias dictadas en apelación, subrayando que no se pueden introducir ni resolver cuestiones nuevas no planteadas en apelación, ni valorar pruebas nuevas, remitiendo estas últimas al recurso de revisión, lo que refuerza la función unificadora y restrictiva de la casación en el sistema procesal penal español.

El Tribunal destaca la correcta aplicación del CP art.77.2 en el cálculo de la pena en casos de concurso ideal, subrayando que no es procedente imponer penas acumuladas que excedan la suma legalmente permitida, especialmente en delitos reiterados con agravantes de reincidencia y multirreincidencia.

El RD 52/2026 actualiza el Registro de Vehículos, que pasa a denominarse Registro Nacional de Vehículos, integra el Registro de VPL como sección y modifica la regulación de los VMP para alinearla con nuevos anexos que incorpora, modificando, en concreto, el Anexo II, al incorporar el vehículo personal ligero