5Esta sentencia resuelve sobre la responsabilidad de los acusados por los delitos de odio, integridad moral y lesiones leves, derivados de los hechos ocurridos durante y después de una manifestación.
Un grupo de personas, simpatizantes de un partido político de extrema derecha, participaron en una manifestación y posteriormente agredieron y profirieron insultos de odio hacia un grupo de vecinos por su ideología independentista y pertenencia territorial, causando lesiones leves y daños morales.
El Tribunal Supremo considera responsables a los acusados por la comisión de delitos contra los derechos fundamentales, confirmando la condena sin cambio doctrinal. Son responsables de los delitos de odio motivados por la ideología y pertenencia territorial de las víctimas, en concurso con el delito contra la integridad moral y por las lesiones leves producidas (CP art.510.2.a, art.173.1 y art.147.2).
El Tribunal destaca que no es requisito que las víctimas sean vulnerables para la tipificación del delito de odio. La valoración probatoria realizada por los tribunales de instancia y apelación fue racional y suficiente para enervar la presunción de inocencia.
TS 21-1-26, EDJ 5023571 septiembre 2026
Con vigencia desde 20-9-2026, y efectivo desde 21-9-2027, queda derogado el Rgto (UE) 952/2013. No obstante, los actos delegados y los actos de ejecución en vigor por él adoptados, continuarán aplicándose hasta que se deroguen mediante actos delegados o actos de ejecución que adopte la Comisión en virtud del presente Reglamento.
1 septiembre 2026
Es necesaria una estricta exigencia probatoria para atribuir responsabilidad civil subsidiaria al Estado en centros penitenciarios, siendo necesario demostrar una infracción normativa concreta relacionada causalmente con el delito cometido, y refuerza que la mera ocurrencia de hechos violentos dentro de la prisión no conlleva automáticamente la responsabilidad estatal, especialmente cuando la vigilancia se realizó de forma adecuada y conforme a las normas reglamentarias.
1 junio 2026
El tribunal realiza un análisis detallado sobre la interrupción y cómputo del plazo de prescripción en delitos con pluralidad de partícipes y continuidad delictiva, permitiendo la diferenciación de plazos según la participación concreta de cada acusado. No proceden las alegaciones basadas en valoración probatoria bajo motivos de casación restrictivos según las doctrinas judiciales sobre los requisitos para la declaración de nulidades por cuestiones procesales, como el derecho a juez predeterminado y sus causas de recusación.
Recibe los posts más recientes en tu email
