El Tribunal Supremo precisa el momento de devengo de la pensión de alimentos cuando, en apelación, se incrementa la cuantía: la fijada por la Audiencia Provincial solo opera desde la fecha de la sentencia de la Audiencia, mientras que la fijada por el juzgado se debe desde la interposición de la demanda.
MFA nº 8189
Resuelve el TS la cuestión sobre cuándo debe devengarse la pensión alimenticia cuando la Audiencia Provincial incrementa la cuantía fijada en primera instancia: puede ser desde la fecha de interposición de la demanda o desde la fecha de la sentencia de apelación.
Se interpuso demanda de guarda y custodia y pensión de alimentos contra su expareja, solicitando la atribución de la guarda y custodia a la madre y una pensión alimenticia elevada. El padre solicitó custodia compartida y la ausencia de pensión alimenticia, con controversia centrada en la cuantía y el momento de devengo de la pensión alimenticia tras la apelación.
El Tribunal Supremo determina que la cuantía de la pensión fijada por la Audiencia Provincial opera desde la fecha de la sentencia de apelación, mientras que la cuantía fijada por el juzgado se debe desde la interposición de la demanda, descontando lo abonado en virtud del auto de medidas para evitar pagos duplicados. Se confirma la fijación de doctrina jurisprudencial al respecto.
Se fundamenta en la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala que establece que la pensión alimenticia fijada en primera instancia se devenga desde la demanda (CC art.148). Cualquier incremento en segunda instancia opera desde la fecha de la sentencia de apelación, considerando las medidas provisionales como accesorias y sin autonomía respecto al proceso principal.
TS 16-4-26, EDJ 564965
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1 mayo 2026
No se puede imputar al tutor o curador con facultades de representación responsabilidad por culpa in vigilando por actos negligentes de la fundación encargada de las viviendas tuteladas donde el incapacitado residía y donde se produjo la no previsible actuación del causante del daño.
1 julio 2026
Se debe realizar una interpretación integral y restrictiva de la prohibición de disposiciones testamentarias en favor de tutores o curadores, ampliando el ámbito de validez a cualquier pariente dentro del cuarto grado sin exigir exclusividad en el grado hereditario y reforzando la autonomía y capacidad jurídica de las personas con discapacidad conforme a la L 8/2021 y la Convención Internacional. Además, considera que no es aplicable la aprobación judicial de la gestión tutelar para la validez testamentaria post mortem, reforzando el papel del notario como garante de la voluntad libre y esclarecida del testador con discapacidad.
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La facultad genérica otorgada al fiduciario para disponer de los bienes hereditarios inter vivos en un fideicomiso de residuo debe interpretarse como limitada a actos a título oneroso, salvo expresa autorización para disponer a título gratuito, por lo que procede aplicar el principio de subrogación real respecto a los bienes enajenados válidamente, integrando en el fideicomiso la parte del precio obtenido no consumida en vida por el fiduciario
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