Derecho Civil

No cabe declarar nula la compraventa del inmueble realizada tras el divorcio por el cónyuge que figura en el Registro como titular (lo adquirió antes del matrimonio), aunque se realizara dicha venta sin el consentimiento del otro cónyuge. Aunque algunas mensualidades del préstamo hipotecario que financió su adquisición fueran satisfechas tras el matrimonio por la sociedad de gananciales, la concreción del porcentaje de ganancialidad debe resolverse en el proceso de liquidación, ya iniciado entre las partes. Además, se presume la buena fe de los adquirentes a título oneroso, cuando se realiza el negocio jurídico con quien figura en el Registro con facultades para transmitir.

La persistencia de un interés afectivo parental no exime de la privación de la patria potestad cuando existe un incumplimiento grave y reiterado de los deberes parentales que afecta el bienestar del menor. El régimen de visitas puede ser suspendido si el mantenimiento del contacto resulta perjudicial para la salud emocional del menor, siendo necesario que prevalezca el interés superior del menor por encima de la mera conservación del vínculo parental cuando este ha quedado deteriorado por conductas del progenitor.

La extinción de la pensión alimenticia para un hijo mayor que ha finalizado estudios e iniciado actividad laboral no se aplica retroactivamente, salvo excepciones evidentes. Se consolida la doctrina sobre la irretroactividad en el derecho alimenticio cuando no se prueban hechos que justifiquen lo contrario.

Es importante exigir una determinación temporal clara del derecho de uso de la vivienda familiar para su inscripción registral, especialmente en supuestos de custodia compartida, donde no puede asignarse dicho uso con carácter indefinido. Es necesario que cualquier extinción o modificación de dicho derecho de uso sea declarada judicialmente, preservando la función registral sin extralimitarse en aspectos jurisdiccionales.

La interpretación de las sentencias judiciales debe ser literal para determinar la duración y vigencia de derechos limitados, como es el derecho de uso sobre la vivienda familiar tras el divorcio. Además, es necesario que los derechos inscribibles en el Registro de la Propiedad cumplan estrictamente con el principio de especialidad, en particular, la identificación clara y previa registral del inmueble o porción sobre la que recae el derecho, para evitar incertidumbre jurídica y proteger la seguridad del tráfico inmobiliario.

En la partición de herencias donde existan donaciones a título lucrativo consistentes en dinero para la compra de bienes inmuebles, debe considerarse para la colación el valor actualizado del dinero donado al momento de la partición adicional, y el pago de intereses remuneratorios pactados debe respetar lo acordado contractualmente, comenzando su devengo desde la fecha prevista en la escritura y no desde la reclamación judicial.

Resuelve el tribunal sobre la forma en que se produce la transmisión hereditaria en supuestos complejos de herencia y transmisión, desestimando la doctrina moderna de adquisición directa en favor de la teoría clásica de la doble transmisión para garantizar la adecuada protección de los derechos legitimarios, especialmente de la viuda del transmitente, y evitar distorsiones en la práctica notarial y registral, contribuyendo a la seguridad jurídica en materia sucesoria.

La Dirección General destaca la claridad jurisprudencial y administrativa sobre la distinción esencial entre renuncia abdicativa y traslativa, especialmente en el ámbito del derecho hereditario y registral, así como su impacto en la transmisión de derechos hereditarios y obligaciones fiscales. La calificación registral es independiente y autónoma respecto a calificaciones anteriores, garantizando la seguridad jurídica y la correcta interpretación de la voluntad del renunciante según el carácter de la renuncia.

El Tribunal confirma la exclusión del régimen económico matrimonial de gananciales en la liquidación patrimonial de parejas de hecho, reafirma la aplicación del principio nominalista en créditos dentro de la comunidad de bienes no matrimonial y clarifica que las resoluciones dictadas en fase de ejecución deben adoptar la forma de auto, no de sentencia, imposibilitando el recurso de casación contra las mismas según la ley procesal vigente.

La Dirección General destaca la aplicación restrictiva del principio de equivalencia funcional para documentos notariales extranjeros en materia registral, subrayando que la certificación meramente formal de firmas y contenido no alcanza los estándares españoles para consideración de documento público inscribible. Es necesario un control efectivo de capacidad y juicio de legalidad realizado por el notario extranjero en el momento de otorgamiento para garantizar la inscripción, incluso en el contexto de la libre circulación de documentos públicos entre Estados miembros de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo destaca la estricta aplicación del Convenio de La Haya en materia de alimentos internacionales, reforzando la obligación de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras basadas en residencia habitual y resistencia a revisar cuestiones fácticas sobre competencia internacional, así como la interpretación del concepto de orden público procesal para denegar exequatur, señalando la elevada protección del interés superior del menor y la importancia de no obstaculizar la eficacia de medidas alimenticias definitivas dictadas en otro Estado contratante.

Se debe realizar una interpretación integral y restrictiva de la prohibición de disposiciones testamentarias en favor de tutores o curadores, ampliando el ámbito de validez a cualquier pariente dentro del cuarto grado sin exigir exclusividad en el grado hereditario y reforzando la autonomía y capacidad jurídica de las personas con discapacidad conforme a la L 8/2021 y la Convención Internacional. Además, considera que no es aplicable la aprobación judicial de la gestión tutelar para la validez testamentaria post mortem, reforzando el papel del notario como garante de la voluntad libre y esclarecida del testador con discapacidad.