Derecho Civil

El Tribunal Supremo ha anulado, por falta de competencia estatal, los preceptos del RD 1312/2024 relativos al procedimiento de registro único de arrendamientos y la obligación de inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad o en el de Bienes Muebles para obtener un número de registro que permita ofrecer servicios de alquiler de corta duración a través de plataformas en línea.

Se constata la complejidad interpretativa del CC art.1366 en materia de responsabilidad civil ganancial derivada de actos dolosos, subrayando que la mera existencia de una condena penal y sanciones tributarias no implica automáticamente la responsabilidad de la sociedad de gananciales, sino que es imprescindible acreditar el beneficio patrimonial para la comunidad conyugal.

No se puede imputar al tutor o curador con facultades de representación responsabilidad por culpa in vigilando por actos negligentes de la fundación encargada de las viviendas tuteladas donde el incapacitado residía y donde se produjo la no previsible actuación del causante del daño.

La contribución al sostenimiento de las cargas familiares fijada en convenio regulador como obligación personal del cónyuge obligado debe cumplirse mientras esté vigente y no puede reconducirse después al régimen de reintegros propio de la sociedad de gananciales. Estas cantidades pagadas no son créditos frente a la sociedad de gananciales integrables en su pasivo, por no ser gastos de cargo de la sociedad sino de cumplimiento de una obligación personal.

El Tribunal Supremo precisa el momento de devengo de la pensión de alimentos cuando en apelación se incrementa la cuantía, siendo que la fijada por la Audiencia Provincial solo opera desde la fecha de la sentencia de la Audiencia, mientras que la fijada por el juzgado se debe desde la interposición de la demanda.

Para que el maltrato psicológico constituya causa válida de desheredación ha de ser imputable al heredero y causar un daño real al testador. No es suficiente la mera falta de relación afectiva cuando esta deriva de conflictos familiares previos y no es atribuible exclusivamente a los herederos

No cabe la inscripción de la tercera parte indivisa de unas fincas a favor de una fideicomisaria sin la determinación completa de los fideicomisarios y sin la partición hereditaria con consentimiento de todos los herederos

La ineficacia de disposiciones testamentarias a favor del excónyuge tras el divorcio no opera automáticamente en el ámbito registral y notarial, sino que requiere declaración judicial previa. Es importante respetar el principio constitucional de tutela judicial efectiva y el valor de ley del testamento formalmente válido, evitando cargas procesales innecesarias, pero garantizando la seguridad jurídica.

Se clarifica y reafirma la validez del reconocimiento de complacencia de paternidad y su inscripción en el Registro Civil, estableciendo que la falta de correspondencia con la verdad biológica no implica nulidad automática, y que deben ponderarse principios constitucionales como la seguridad jurídica y el interés superior del menor, integrando así la realidad social y jurídica en la determinación de la filiación.

La reconciliación que anula una desheredación debe ser un acto jurídico formal y bilateral, descartando la validez de la reconciliación tácita basada en conductas o cuidados, especialmente cuando el testador presenta deterioro cognitivo que afecta su capacidad para manifestar su voluntad.

El Tribunal Supremo clarifica la interpretación de la LEC art.437.4.3 respecto a la acumulación en el juicio verbal de desahucio de las cantidades derivadas de cláusulas penales por intereses de demora, resolviendo la controversia existente entre distintas audiencias provinciales sobre la materia.

La falta de cumplimiento manifiesta y la conducta pasiva del vendedor pueden ser consideradas como un desistimiento tácito, habilitando al comprador a exigir la devolución duplicada de las arras penitenciales, sin necesidad de una declaración expresa de desistimiento