Derecho Civil

Se aplaza hasta 2027 y 2028 la aplicación de las obligaciones sobre sistemas de IA de alto riesgo y se introducen medidas para simplificar su cumplimiento. La reforma incorpora, además, nuevas prácticas prohibidas, flexibiliza la obligación de alfabetización en IA y refuerza las competencias de la Oficina de IA

No puede aceptarse que el contrato de alimentos, firmado entre el padre y la hermana de la demandante, carezca de causa porque las prestaciones asumidas ya estén legalmente establecidas entre personas con este parentesco, puesto que dicha obligación legal no comprende necesariamente acoger en casa y cuidar personalmente al alimentista, y puede asumirse contractualmente, aunque este cuente con medios económicos suficientes para contratarlos.

Destaca la importancia del principio registral de especialidad en garantizar la claridad y precisión en la inscripción de propiedades en comunidad. La disolución de la sociedad de gananciales no equivale automáticamente a una adjudicación registral, por lo que para inscribir bienes en condominio tras divorcio es imperativo expresar de forma inequívoca las cuotas proporcionales de cada comunero

El régimen especial de impugnación del CC art.1075, que excluye la acción rescisoria por lesión en la cuarta parte, es exclusivamente aplicable a la partición realizada directamente por el testador, pero no se extiende dicha excepción a las particiones realizadas por contador partidor designado, estableciéndose así una distinción crucial para la impugnación de particiones hereditarias ejecutadas bajo mandato post mortem.

El Tribunal Supremo ha anulado, por falta de competencia estatal, los preceptos del RD 1312/2024 relativos al procedimiento de registro único de arrendamientos y la obligación de inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad o en el de Bienes Muebles para obtener un número de registro que permita ofrecer servicios de alquiler de corta duración a través de plataformas en línea.

Los honorarios del contador partidor, al ser gastos hechos en interés común de todos los herederos, deben deducirse de la herencia y repercutirse a cada heredero en proporción a su cuota hereditaria. No procede su reparto igualitario entre las partes demandante y demandada en el proceso de división judicial de la herencia.

Se enfatiza la estricta observancia del plazo testamentario para el ejercicio del cargo de albacea contador-partidor, excluyendo la aplicación analógica del CC art.904 cuando existe plazo expresamente fijado y reiterando que la pendencia de litigios sobre la validez del testamento no suspende ni prorroga dicho plazo. Es clara la competencia del registrador para calificar y denegar documentos derivados de actuaciones en jurisdicción voluntaria, siendo doctrinalmente relevante delimitar la tutela registral frente a la eficacia de las resoluciones y actuaciones notariales.

La acción para impugnar cláusulas testamentarias que vulneran la intangibilidad cualitativa de la legítima no es una acción de nulidad estructural sino una acción funcional de corrección, siendo el plazo para su ejercicio de 5 años desde el fallecimiento del testador, diferenciándola de la acción de impugnación de partición testamentaria.

En cuanto a la aptitud necesaria de un menor para ser sujeto pasivo de desheredación, se establece expresamente que por debajo de los 14 años se presume la inimputabilidad para este fin salvo declaración judicial contraria. En el ámbito registral no se puede privar de eficacia extrajudicialmente a una desheredación de menor salvo en casos evidentes de incapacidad, reforzando la necesidad de intervención judicial para valorar madurez y capacidad. Esta resolución equilibra la protección de los derechos de los menores con la necesaria seguridad jurídica en la actuación registral.

Se subraya la incompatibilidad entre el criterio europeo de residencia habitual y la exigencia interna de vecindad civil, reforzando la necesidad de adaptación normativa por parte del legislador autonómico para su armonización con el Derecho europeo. Asimismo, se confirma que la transmisión onerosa de bienes de presente difícilmente se considera pacto sucesorio a efectos del Reglamento, evitando la fragmentación de la sucesión, cuestión crucial en la interpretación de las disposiciones mortis causa en sistemas jurídicos plurales.

Cuando un arrendatario realiza obras de mejora en una finca arrendada, para que dichas mejoras sean indemnizables es necesario acreditar con base en prueba pericial y testifical que las mismas fueron realizadas con conocimiento y consentimiento efectivo del arrendador, que éstas constituyen una transformación y adaptación significativa que mejora la finca y que la valoración de la prueba debe ponderarse conforme a las reglas de la sana crítica sin que la mera falta de oposición pueda substituir la exigencia de conocimiento y consentimiento.

En la liquidación de la sociedad de gananciales, los gastos derivados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y las cuotas de la Comunidad de Propietarios que son abonados por uno de los excónyuges tras la disolución pero antes de la liquidación definitiva de la sociedad, corresponden a la sociedad ganancial como pasivo, ya que tales gastos se imputan a la titularidad y propiedad del inmueble y no al uso o disfrute de la vivienda.