Derecho Civil

Cuando existe un error obstativo en la descripción del objeto de una compraventa en la escritura pública que implica una divergencia entre la voluntad real de las partes y lo declarado, este error debe reconocerse y conduce a la nulidad parcial o total del contrato, especialmente cuando la parte que sufre el error actúa con diligencia inmediata para subsanarlo y la contraparte no puede acogerse a la apariencia generada por la escritura para prevalerse de una adquisición por un bien distinto.

Cuando en un contrato de compraventa de inmueble con cláusula resolutoria expresa y pago aplazado, el comprador incumple un plazo de pago y realiza el abono tras el requerimiento resolutorio previsto en el CC art.1504, procede la resolución automática del contrato conforme a la condición resolutoria pactada, sin que sea necesario acreditar un incumplimiento esencial conforme al CC art.1124.

En el ejercicio de la acción de retracto de colindantes, el plazo de caducidad de 9 días para su ejercicio comienza a computarse desde la fecha de inscripción registral de la transmisión inmobiliaria, salvo que el retrayente acredite haber tenido conocimiento fehaciente y completo de la venta con anterioridad, pero no desde una fecha posterior a dicha inscripción.

El Tribunal Supremo enfatiza la necesidad de una valoración integral y prioritaria del interés superior del menor en procesos de guarda y custodia, destacando que la existencia de condenas penales y medidas cautelares por violencia deben excluir la custodia compartida aun cuando la conflictividad derivada esté vinculada a crisis de pareja, reforzando la prohibición de guarda compartida en casos con indicios fundados de violencia doméstica o de género.

Se reafirma la temporalidad en la atribución del uso de la vivienda familiar después del divorcio, especialmente cuando los hijos comunes alcanzan la mayoría de edad y no existe discapacidad, estableciendo con precisión el plazo para el desalojo y aclarando que la extensión indefinida de dicho uso podría constituir una expropiación forzosa del derecho de propiedad del titular de la vivienda.

El acta notarial de notoriedad no es un medio obligatorio ni exclusivo para acreditar la identidad de los sustitutos por sustitución vulgar cuando el renunciante y demás herederos manifiestan expresamente en escritura pública quiénes son los herederos sustitutos. El libro de familia, junto con la manifestación en escritura pública, constituye medio suficiente de prueba para la entidad registral, frente a la interpretación restrictiva que exige el acta notarial para todos los casos.

Se sustituye el Título II del libro segundo del Código Civil de Cataluña en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas. La reforma comporta un cambio de modelo, se reestructura separando protección de menores y apoyos de mayores. Para mayores se crea un capítulo nuevo basado en la Convención Nueva York 13-12-2006, con apoyos no formalizados y formalizados, desarrollo de apoyos preventivos y rediseño de la asistencia (modalidades, acta previa, plan de asistencia, designación preventiva). Se refuerzan salvaguardas, destacando la revisión periódica de apoyos formalizados y garantías patrimoniales (inventario y cuentas), manteniéndose la protección patrimonial (patrimonios protegidos) con ajuste terminológico.

No cabe modificar unilateralmente el régimen económico matrimonial atribuido a un bien según inscripción registral sin prueba fehaciente o título rectificatorio formal. Se insiste en la adecuación rigurosa del caudal hereditario para la protección de legitimarios y terceros y se reafirma la presunción legal de ganancialidad como criterio rector ante la ausencia de prueba documental válida, reforzando la seguridad jurídica en materia de derechos reales y sucesorios.

Se clarifica la aplicación de la LH art.15 en el contexto de pactos sucesorios con transmisión actual en vida del causante, distinguiendo entre el régimen jurídico sucesorio que solo opera post mortem y la transmisión inmediata a título singular, lo que implica que en vida no procede extender afección legitimaria sobre legados con eficacia presente. Además, resalta la interpretación coherente con la naturaleza jurídica de la legítima que protege derechos solo una vez el legitimario se configura tras el fallecimiento, matizando el ámbito de actuación registral y consolidando la autonomía del causante para disponer libremente de su patrimonio en vida sin tutela registral legitimaria previa.

La interpretación de las sentencias judiciales debe ser literal para determinar la duración y vigencia de derechos limitados, como es el derecho de uso sobre la vivienda familiar tras el divorcio. Además, es necesario que los derechos inscribibles en el Registro de la Propiedad cumplan estrictamente con el principio de especialidad, en particular, la identificación clara y previa registral del inmueble o porción sobre la que recae el derecho, para evitar incertidumbre jurídica y proteger la seguridad del tráfico inmobiliario.

La extinción de la pensión alimenticia para un hijo mayor que ha finalizado estudios e iniciado actividad laboral no se aplica retroactivamente, salvo excepciones evidentes. Se consolida la doctrina sobre la irretroactividad en el derecho alimenticio cuando no se prueban hechos que justifiquen lo contrario.

Es importante exigir una determinación temporal clara del derecho de uso de la vivienda familiar para su inscripción registral, especialmente en supuestos de custodia compartida, donde no puede asignarse dicho uso con carácter indefinido. Es necesario que cualquier extinción o modificación de dicho derecho de uso sea declarada judicialmente, preservando la función registral sin extralimitarse en aspectos jurisdiccionales.