Derecho Civil

Se clarifica la aplicación de la LH art.15 en el contexto de pactos sucesorios con transmisión actual en vida del causante, distinguiendo entre el régimen jurídico sucesorio que solo opera post mortem y la transmisión inmediata a título singular, lo que implica que en vida no procede extender afección legitimaria sobre legados con eficacia presente. Además, resalta la interpretación coherente con la naturaleza jurídica de la legítima que protege derechos solo una vez el legitimario se configura tras el fallecimiento, matizando el ámbito de actuación registral y consolidando la autonomía del causante para disponer libremente de su patrimonio en vida sin tutela registral legitimaria previa.

No cabe modificar unilateralmente el régimen económico matrimonial atribuido a un bien según inscripción registral sin prueba fehaciente o título rectificatorio formal. Se insiste en la adecuación rigurosa del caudal hereditario para la protección de legitimarios y terceros y se reafirma la presunción legal de ganancialidad como criterio rector ante la ausencia de prueba documental válida, reforzando la seguridad jurídica en materia de derechos reales y sucesorios.

Es imposible aplicar la interrupción o cómputo del plazo desde el conocimiento posterior a la inscripción registral para el ejercicio del derecho de retracto, siendo necesario salvaguardar la seguridad jurídica mediante la presunción iuris et de iure de conocimiento desde la inscripción, incluso ante la falta de notificación fehaciente al retrayente.

Resuelve el tribunal sobre la forma en que se produce la transmisión hereditaria en supuestos complejos de herencia y transmisión, desestimando la doctrina moderna de adquisición directa en favor de la teoría clásica de la doble transmisión para garantizar la adecuada protección de los derechos legitimarios, especialmente de la viuda del transmitente, y evitar distorsiones en la práctica notarial y registral, contribuyendo a la seguridad jurídica en materia sucesoria.

La Dirección General destaca la aplicación restrictiva del principio de equivalencia funcional para documentos notariales extranjeros en materia registral, subrayando que la certificación meramente formal de firmas y contenido no alcanza los estándares españoles para consideración de documento público inscribible. Es necesario un control efectivo de capacidad y juicio de legalidad realizado por el notario extranjero en el momento de otorgamiento para garantizar la inscripción, incluso en el contexto de la libre circulación de documentos públicos entre Estados miembros de la Unión Europea.

El Tribunal reafirma la temporalidad en la atribución del uso de la vivienda familiar después del divorcio, especialmente cuando los hijos comunes alcanzan la mayoría de edad y no existe discapacidad, estableciendo con precisión el plazo para el desalojo y aclarando que la extensión indefinida de dicho uso podría constituir una expropiación forzosa del derecho de propiedad del titular de la vivienda.

La valoración de la capacidad económica para la fijación de pensiones alimenticias debe incluir todos los recursos económicos disponibles, incluyendo patrimonio, y no solo rendimientos regulares. Además, los gastos de estudios particulares o en universidades fuera del domicilio habitual deben considerarse como extraordinarios no necesarios, requiriendo valoración caso por caso y rechazando su consideración automática. El principio de motivación es un elemento indispensable para la validez de las decisiones judiciales en materia de familia.

El Tribunal Supremo considera exigible una imputabilidad exclusiva y un daño psicológico comprobable y significativo para considerar procedente la causa de desheredación por maltrato psicológico, aclarando que las situaciones de distanciamiento o ruptura afectiva mutua no cumplen automáticamente este requisito, conformando una aplicación restrictiva y detallada de las causas legales de desheredación por maltrato.

Se debe realizar una interpretación integral y restrictiva de la prohibición de disposiciones testamentarias en favor de tutores o curadores, ampliando el ámbito de validez a cualquier pariente dentro del cuarto grado sin exigir exclusividad en el grado hereditario y reforzando la autonomía y capacidad jurídica de las personas con discapacidad conforme a la L 8/2021 y la Convención Internacional. Además, considera que no es aplicable la aprobación judicial de la gestión tutelar para la validez testamentaria post mortem, reforzando el papel del notario como garante de la voluntad libre y esclarecida del testador con discapacidad.

La interpretación sustancial y voluntarista del testamento prevalece sobre una literal estricta en materia de sustitución testamentaria, especialmente el reconocimiento explícito de que la expresión 'fallecer en la misma fecha' debe entenderse en sentido amplio incluyendo la premoriencia. Asimismo, es importante respetar la legítima del heredero preterido aun cuando haya acuerdo entre todos los interesados sobre la interpretación del testamento.

El Tribunal Supremo destaca la estricta aplicación del Convenio de La Haya en materia de alimentos internacionales, reforzando la obligación de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras basadas en residencia habitual y resistencia a revisar cuestiones fácticas sobre competencia internacional, así como la interpretación del concepto de orden público procesal para denegar exequatur, señalando la elevada protección del interés superior del menor y la importancia de no obstaculizar la eficacia de medidas alimenticias definitivas dictadas en otro Estado contratante.

Se aplaza hasta 2027 y 2028 la aplicación de las obligaciones sobre sistemas de IA de alto riesgo y se introducen medidas para simplificar su cumplimiento. La reforma incorpora, además, nuevas prácticas prohibidas, flexibiliza la obligación de alfabetización en IA y refuerza las competencias de la Oficina de IA