10 Se cuestiona si la empresa puede establecer de modo unilateral tanto un modelo de acuerdo de teletrabajo como la política de desconexión digital, o debe pactar ambas cuestiones con la RLT.Respecto a la primera cuestión, se señala que el acuerdo de teletrabajo debe ser necesariamente individual como expresión imprescindible del principio de voluntariedad, por lo que tal acuerdo no puede ser suplido por pacto o convenio de carácter colectivo. Ahora bien, el contenido del acuerdo de teletrabajo debe respetar lo que establezca la ley y la negociación colectiva. En consecuencia, la empresa puede ofrecer a los trabajadores un modelo de acuerdo de teletrabajo de modo unilateral, sin que las condiciones que en el mismo figuran sean fruto de un acuerdo o pacto a través de la negociación colectiva.Respecto a la segunda cuestión, se indica que lo que la LOPD exige es que la política interna de desconexión digital se elabore previa audiencia a los representantes legales de los trabajadores, atendiendo -sin duda- a las exigencias legales y convencionales. En el caso analizado, la política de desconexión digital fue elaborada por la empresa tras consulta y audiencia de la representación legal de los trabajadores, y los derechos de desconexión fueron establecidos a través del convenio colectivo sectorial. Por ello, se concluye que no hay indicios de ilegalidad ni de vulneración del derecho a la libertad sindical.TS 11-11-25, EDJ 765346
1 octubre 2025
Entiende la DGSJFP que la naturaleza participativa de un préstamo no impide su consideración como crédito refaccionario si su objeto es la financiación de obras sobre inmuebles.
1 octubre 2025
La ampliación de la cantidad garantizada en una hipoteca unilateral tributaria aceptada, en sustitución de medidas cautelares, puede configurarse unilateralmente, bien como una ampliación de la hipoteca existente, bien mediante una nueva hipoteca, siempre que así resulte de la voluntad manifestada y de la certificación administrativa.
1 octubre 2025
La declaración de concurso no afecta al regular funcionamiento de la junta general en cuanto órgano social de formación de la voluntad de la sociedad que no desarrolla funciones de administración ni actos de disposición; por lo que la administración concursal no puede interferir en la adopción de acuerdos de la junta, pudiendo asistir y emitir opinión, pero no votar, y mucho menos vetar sus decisiones. Con carácter excepcional, requieren su autorización los acuerdos con “contenido patrimonial o relevancia directa para el concurso”, pero esta excepción no alcanza a los acuerdos propios del devenir ordinario de su vida social, como el cese y nombramiento de administradores.
