Derecho Mercantil

Cuando la administración concursal comunica la insuficiencia de masa activa como reacción a la reclamación judicial de un crédito contra la masa, el especial orden de prelación de pagos establecido para estos casos no es oponible a dicho crédito, debiendo desaprobarse la rendición de cuentas si se altera dicho orden en perjuicio del acreedor reclamante.

En los supuestos de concurso concluido por insuficiencia de masa activa, cuando se presentan simultáneamente el auto de declaración de concurso con nombramiento de administrador concursal y el auto firme de conclusión con disolución de la sociedad, cancelación de la hoja registral y cese del propio administrador concursal, no puede erigirse en defecto impeditivo la falta de aceptación formal del cargo ni la constancia completa de sus datos identificativos.

La rendición de cuentas no es accesible a casación salvo que esté conexa con otras cuestiones que sí lo sean, como la procedencia de la conclusión del concurso o la infracción del régimen legal de pagos en caso de insuficiencia de masa activa.

El Tribunal Supremo reitera su doctrina sobre el alcance de la exoneración del pasivo insatisfecho mediante plan de pagos bajo la redacción originaria del Texto Refundido de la Ley Concursal, y confirma que ésta se extiende a los créditos públicos que no tengan la consideración de créditos contra la masa o con privilegio general.

La exoneración del pasivo insatisfecho se extiende al crédito ordinario del deudor aunque esté garantizado con hipoteca constituida por un tercero, sin que ello comporte la extinción de la garantía hipotecaria.

El Congreso de los Diputados ha derogado el RDL 16/2025, y con él la prórroga del SMI 2025. Hasta que se fije un nuevo valor para el SMI 2026, la Dirección General de Trabajo ha emitido un criterio interpretativo.

No convalidación del RDL 16/2025 que, entre otras muchas medidas, contenía la moratoria contable de las pérdidas Covid (2020-2021) hasta el cierre del ejercicio iniciado en 2026.

Concluido un concurso por insuficiencia de masa activa, es inscribible la escritura de liquidación y extinción de la sociedad por la vía mercantil aunque subsistan deudas impagadas, siempre que conste la inexistencia de activo y dicha circunstancia haya sido constatada en sede concursal. El cierre provisional de la hoja registral no impide la práctica de asientos compatibles con la situación de liquidación forzosa.

En el supuesto de que, existiendo conflicto de intereses, el socio de una SRL no esté legalmente obligado a abstenerse de la votación (LSC art.190.3), su eventual abstención cuenta como votos válidamente emitidos a efectos de computar el mínimo del tercio del capital social.

Se desestima la impugnación de un acuerdo del consejo de administración que nombró, por el sistema de cooptación, a un consejero delegado que a su vez lo era de una sociedad que opera en el mismo sector hotelero, y ello por cuanto que ambas compañías, aunque tuviesen objeto social similar, operan en mercados geográficos distintos, y no tienen, por tanto, intereses contrapuestos.

No cabe la impugnación del acuerdo de la junta general de nombramiento de administrador por vulneración del deber de lealtad del administrador nombrado (infracción de la prohibición de competencia, al ser apoderado general de otra sociedad con el mismo objeto social), dado que ese deber no lo infringe la junta con el nombramiento, sino el administrador nombrado que actúa incurso en tal conflicto sin la oportuna dispensa de la junta. A falta de dispensa, los interesados tienen a su disposición las acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad.

En un asunto al que, por razón de fechas, se aplica la LSRL/95, se acuerda el cese judicial del administrador por vulneración de la prohibición de competencia por los siguientes motivos: (i) administraba a su vez otra sociedad con objeto social o complementario; (ii) ambas sociedades mantenían relaciones comerciales -una producía la uva que vendía a la otra para su transformación en vino y venta-; (iii) la sociedad que vendía la uva a la otra tenía un crédito por el precio de la venta, que la administradora no reclamaba; y (iv) en el seno de dicha sociedad vendedora (titular del crédito no reclamado) existía un conflicto societario estructural con los otros socios -demandantes-. Por todo ello, había un conflicto de interés del administrador de carácter estructural y permanente que determinan su cese.