Derecho Mercantil

La impugnación del acuerdo de la junta general que decide ejercitar la acción social de responsabilidad contra un administrador, que determina su cese automático, no es cauce procesal para dilucidar si concurren o no los motivos alegados por la sociedad para ejercitar dicha acción, pues ello ha de dilucidarse en el proceso específico de responsabilidad.

No puede acordarse una ampliación de capital por compensación de créditos cuando la aportación realizada por el socio ha sido contabilizada como aportación a fondos propios, sin reflejar derecho de crédito alguno a su favor frente a la sociedad.

No concurre infracción del deber de claridad de la convocatoria cuando, pese a la parquedad del orden del día -que se refiere a la «capitalización de la aportación»-, el socio ha tenido acceso previo a la documentación esencial que permite conocer los extremos básicos de la ampliación de capital propuesta.

El derecho del socio al cobro de dividendos válidamente aprobados no puede extinguirse ni reducirse mediante una compensación basada en supuestos créditos de la sociedad que no han sido acreditados por prueba objetiva, ni por su mera constancia en la contabilidad social o su inclusión en un acuerdo de junta, al carecer estos instrumentos de eficacia creadora o probatoria suficiente frente al socio.

Se suspende la inscripción de un acuerdo de aumento de capital por compensación de créditos, por incompatibilidad con una escritura presentada previamente que modificaba la administración social. El principio de prioridad registral impide la inscripción de actos que sean incompatibles con los anteriores.

Es válido el pacto de socios que, para determinados acuerdos, refuerza la mayoría al 90% del capital, aunque, por la concreta distribución del capital, implique la unanimidad en la toma de decisiones; así como el que obliga a determinados socios, mientras ostenten tal condición, a prestar de forma exclusiva servicios de gerencia a la sociedad.

El nombramiento de consejero por cooptación en una sociedad cotizada es válido cuando consta la emisión previa del informe de la comisión de nombramientos exigido legal y reglamentariamente, aunque se entregue el mismo día de la reunión del consejo, y no resulta exigible un informe adicional del propio consejo en los supuestos de designación por cooptación.

Existe pluralidad de acreedores a efectos de la declaración de concurso necesario cuando concurren varios sujetos con personalidad jurídica propia titulares de créditos diferenciados, aunque dichos créditos tengan origen en un mismo negocio jurídico y las sociedades compartan domicilio y órgano de administración.

En la enajenación concursal de bienes gravados con hipoteca, la inscripción de la adjudicación exige, como regla general, la cancelación simultánea de las cargas. No es posible inscribir la transmisión separadamente de la cancelación, salvo que el juez autorice expresamente la subsistencia del gravamen con subrogación del adquirente.

Para cancelar una hipoteca como consecuencia de la enajenación concursal de un bien afecto a privilegio especial no basta con un mandamiento judicial genérico que afirme el cumplimiento de los requisitos legales. Es necesario que del mandamiento resulte expresamente que los acreedores hipotecarios han tenido intervención en el procedimiento y que se ha respetado su derecho de satisfacción con el precio obtenido.

No puede inscribirse la adjudicación concursal de una mitad indivisa de un bien inscrito con carácter ganancial cuando no consta la previa disolución y liquidación de la sociedad de gananciales ni la adjudicación del bien íntegro a la masa activa. El principio de tracto sucesivo impide inscribir una cuota que no se corresponde con la titularidad registral.

Desde el 28-12-2025, quedan derogados los art.6, 9 y 10 a 16 de la OM ECO/734/2004, lo que supone la eliminación completa del régimen reglamentario sobre organización del servicio de atención al cliente en las entidades financieras, deberes de información y procedimiento interno de quejas y reclamaciones. El efecto principal es el vaciamiento funcional de la Orden como norma procedimental, desplazándose su regulación principal al nivel legal, a través de la L 10/2025 y de las modificaciones introducidas en la L 44/2002, con habilitación para un nuevo desarrollo reglamentario.