Derecho Mercantil

En una sociedad con dos socios al 50%, se acuerda su disolución judicial por bloqueo de la junta general que impide el normal funcionamiento de la sociedad, designado el juzgado como liquidador a un tercero ajeno a la compañía, para así evitar que el enfrentamiento entre los socios se perpetúe durante la fase de liquidación.

Tras la conclusión de un concurso sin masa, la liquidación y extinción de la sociedad concursada ha de realizarse por la vía mercantil, siendo posible la cancelación de asientos registrales cuando el liquidador manifiesta, bajo su responsabilidad, que la sociedad carece de activo alguno con el que satisfacer sus deudas, pudiéndose producir la cancelación registral antes del transcurso de un año que prevé la normativa concursal entre el cierre provisional de la hoja registral tras la conclusión del concurso y el definitivo (LCon art.485).

Se anulan las cuentas anuales, así como los acuerdos conexos (aplicación del resultado y gestión social), debido a que la sociedad reclasificó como crédito de la sociedad frente a un tercero (la esposa de quien fuera el socio único) lo que, en realidad, era el pago de dividendos a favor de dicha esposa, dado su carácter ganancial por estar casados bajo el régimen de gananciales. En vista de su significativo impacto en las cuentas (en torno a los 750.000 euros), la indebida reclasificación vulnera el principio de imagen fiel, al aumentar ficticiamente las reservas de la sociedad.

Se declara la nulidad de los acuerdos de aprobación de cuentas y censura de la gestión social debido a que la sociedad no se las facilitó al socio, ni tampoco fueron auditadas por el auditor nombrado por el registrador mercantil a instancia de dicho socio.

En las sociedades no obligadas a auditoría, el nombramiento de auditor voluntario efectuado por la sociedad debe inscribirse aunque exista pendiente de resolución un recurso contra el nombramiento de auditor instado por el socio minoritario, siempre que dicho nombramiento registral no sea firme. El derecho del socio minoritario queda enervado si se garantiza la efectiva realización de la auditoría y el acceso al informe.

Se deniega la reserva de la denominación social solicitada como primera opción (“Grupo Getura”) por inducir a error sobre otra ya previamente registrada (Getur SA), dado que el término “Grupo” es genérico, por lo que no tiene carácter individualizador, y la letra “a” tampoco añade elemento alguno de individualización.

La tolerancia del acreedor frente al cobro de honorarios de la administración concursal no impide reclamar su reintegro cuando dicho cobro vulnera una norma imperativa que limita temporalmente su devengo.

La retribución de la administración concursal en fase de liquidación queda limitada a los plazos legales, sin que la complejidad del concurso ni la prolongación autorizada de las operaciones permita su cobro más allá de dichos límites sin prórroga judicial expresa.

No procede reconocer indemnización por incumplimiento del preaviso cuando la extinción de la relación mercantil del consejero ejecutivo se produce tras la declaración de concurso y en interés del concurso.

En la fase de liquidación de un concurso, la cancelación de hipotecas mediante mandamiento judicial exige que del propio mandamiento o de la documentación judicial resulte de forma expresa que los acreedores con privilegio especial afectados han tenido la intervención legalmente exigida en el procedimiento y que se ha respetado el destino del precio obtenido. No basta la mera orden genérica de cancelación ni la afirmación de que se dio traslado sin alegaciones.

En el marco de un proceso concural, la apertura de la fase de liquidación y la disolución de la sociedad privan de fundamento a la indemnización pactada por no competencia postcontractual del consejero ejecutivo.

El Tribunal Supremo declara que, tras la comunicación de insuficiencia de masa activa, la administración concursal no puede satisfacer con cargo a la masa los honorarios de un experto independiente como crédito imprescindible para la liquidación sin autorización judicial previa, ni cuando dicho gasto carece de utilidad real conforme al plan de liquidación aprobado.