En relación con las modificaciones introducidas en el Reglamento de Facturación (RD 1619/2012), destacan las siguientes:
1. Factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales. Como novedad, se incorpora la referencia a la factura electrónica entre empresarios y profesionales, recogiendo que, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que tenga en España la sede de su actividad económica, o un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que se trate de operaciones que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual, se ha de emitir este tipo de facturas. Se recogen las mismas excepciones respecto a la factura simplificada.
2. Medios de expedición de facturas. Se mantiene la posibilidad de expedir las facturas por cualquier medio, en papel o en formato electrónico, recogiéndose una particularidad respecto a la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, ya que se exige el cumplimiento de unas condiciones particulares.
3. Concepto y condiciones de la factura electrónica. Se redefine el concepto de factura electrónica al recogerse que es aquella que haya sido expedida, transmitida y recibida en formato electrónico (con anterioridad, se hacía referencia a que haya sido expedida y recibida en formato electrónico). En cuanto a la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, se han de reunir las características técnicas recogidas en el RD 238/2026 art.7. En relación con la necesidad del consentimiento del destinatario, además de ser necesario para su expedición, se extiende a su transmisión y recepción y se excepciona en el caso de factura electrónica obligatoria.
4. Autenticidad e integridad. A efectos de garantizar la autenticidad e integridad de la factura electrónica, se mantienen los previstos con carácter general en el RD 1619/2012 art.8, y en el caso de facturas electrónicas obligatorias, se actualiza al tener que ser acreditado mediante los procedimientos recogidos en el RD 238/2026 art.7.3 y 11.7.
Aunque la entrada en vigor está prevista el 20-4-2026, su aplicación efectiva se encuentra diferida en los siguientes términos, contados desde la entrada en vigor de la orden ministerial de desarrollo: 12 meses después, para los empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones haya excedido de 8 millones de euros durante el año natural inmediato anterior; y 24 meses después, para el resto de los empresarios y profesionales.
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100 €
1 junio 2026
La cancelación de una hipoteca unilateral no aceptada, cuando se ha cedido el crédito hipotecario y se ha inscrito la cesión, exige requerimiento de aceptación al cesionario inscrito que advierta expresamente que transcurridos los dos meses sin hacer constar en el Registro la aceptación, la hipoteca podrá cancelarse a petición del dueño de la finca.
1 junio 2026
Se declara la nulidad del acuerdo de la junta general de entablar, contra los consejeros nombrados a propuesta del grupo minoritario de socios, la acción social de responsabilidad por irregularidades contables, con el consiguiente cese en el cargo, debido a que no respondía a una necesidad razonable y fue adoptado con abuso de la mayoría en perjuicio de la minoría, que, con el cese de dichos consejeros, quedaba desvinculada de la gestión de la sociedad. En todo caso, tales irregularidades, si bien alteran la imagen fiel de la sociedad y pueden perjudicar a terceros que contratan con ella, no son susceptibles de fundar una acción social contra el administrador, dado que no causan por sí mismas un daño directo en el patrimonio de la sociedad, siendo tal daño uno de los presupuestos inexcusables de este tipo de acción.
1 julio 2026
En una SA con acciones al portador no emitidas, se desestima la impugnación de acuerdos por quien invocaba su condición de socio, por dos razones: (i) no acreditar la titularidad de acciones en el plazo previsto en los estatutos (deposito de los documentos justificativos cinco días antes de la junta); y (ii) en todo caso, los documentos aportados (testamento y declaración jurada sobre titularidad de acciones) no justificaban esa titularidad, pues el testamento aportado no identificaba con su número las acciones del causante ni su cantidad, y la declaración jurada tiene simple valor de aseveración por parte interesada.
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