En relación con las modificaciones introducidas en el Reglamento de Facturación (RD 1619/2012), destacan las siguientes:
1. Factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales. Como novedad, se incorpora la referencia a la factura electrónica entre empresarios y profesionales, recogiendo que, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que tenga en España la sede de su actividad económica, o un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que se trate de operaciones que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual, se ha de emitir este tipo de facturas. Se recogen las mismas excepciones respecto a la factura simplificada.
2. Medios de expedición de facturas. Se mantiene la posibilidad de expedir las facturas por cualquier medio, en papel o en formato electrónico, recogiéndose una particularidad respecto a la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, ya que se exige el cumplimiento de unas condiciones particulares.
3. Concepto y condiciones de la factura electrónica. Se redefine el concepto de factura electrónica al recogerse que es aquella que haya sido expedida, transmitida y recibida en formato electrónico (con anterioridad, se hacía referencia a que haya sido expedida y recibida en formato electrónico). En cuanto a la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, se han de reunir las características técnicas recogidas en el RD 238/2026 art.7. En relación con la necesidad del consentimiento del destinatario, además de ser necesario para su expedición, se extiende a su transmisión y recepción y se excepciona en el caso de factura electrónica obligatoria.
4. Autenticidad e integridad. A efectos de garantizar la autenticidad e integridad de la factura electrónica, se mantienen los previstos con carácter general en el RD 1619/2012 art.8, y en el caso de facturas electrónicas obligatorias, se actualiza al tener que ser acreditado mediante los procedimientos recogidos en el RD 238/2026 art.7.3 y 11.7.
Aunque la entrada en vigor está prevista el 20-4-2026, su aplicación efectiva se encuentra diferida en los siguientes términos, contados desde la entrada en vigor de la orden ministerial de desarrollo: 12 meses después, para los empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones haya excedido de 8 millones de euros durante el año natural inmediato anterior; y 24 meses después, para el resto de los empresarios y profesionales.
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Precio
100 €
1 abril 2026
Los activos por impuesto diferido (créditos fiscales activados) no son beneficios propios de la explotación, por lo que no se computan a efectos de la liquidación económica del usufructo a su finalización.
1 julio 2026
El derecho de regreso ejercitado mediante la acción de reembolso que asiste al deudor solidario que paga el total de la deuda (solvens) comporta, en virtud del pago realizado, el nacimiento de un nuevo crédito del solvens contra los otros codeudores solidarios para reclamarles el porcentaje de deuda que a cada uno corresponde. En este caso, cuyo origen es un procedimiento civil contra los agentes de la edificación por vicios ocultos en la construcción, la aseguradora del arquitecto pagó el total de la indemnización, ejercitando posteriormente la acción de reembolso contra el otro codeudor solidario (la sociedad promotora inmobiliaria) y sus administradores, los cuales fueron condenados junto con la sociedad debido a que, cuando la aseguradora efectuó el pago, la sociedad estaba desde hacía tiempo en causa de disolución sin que sus administradores promoviesen la disolución social o la remoción de la causa.
1 octubre 2025
En el caso de que el cónyuge titular de las acciones/participaciones con carácter privativo cree o mantenga un entramado societario con fines fraudulentos, para perjudicar a tercero (como su otro cónyuge, tras el divorcio), los tribunales, mediante el levantamiento del velo societario o el fraude de ley, pueden atribuir directamente a la sociedad de gananciales tanto los beneficios destinados por la sociedad a reservas durante la vigencia del matrimonio, como los dividendos distribuidos constante el matrimonio a sociedades interpuestas.
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