Derecho Mercantil

Se prorroga la vigencia del SMI de 2025 hasta que se fije el SMI para 2026.

Se condena al administrador de una sociedad dedicada a la inversión financiera a indemnizar los daños causados a un inversor, al amparo del régimen de responsabilidad por daños, por haber celebrado contratos de asesoramiento financiero y operado sin la preceptiva autorización de la CNMV y haber procedido al cierre de hecho de la sociedad.

Se considera acto de competencia desleal por parte de una federación deportiva la autorización o prohibición unilateral respecto de la fijación de fechas y horarios de partidos la liga profesional organizadora, y la imposición de condiciones económicas para dicha autorización.

El devengo de los intereses legales de demora conforme al artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro comienza desde la fecha del siniestro total del vehículo, ya que la aseguradora tuvo conocimiento desde el inicio y no existió causa justificada para retrasar el pago, limitándose a discrepar sobre la cuantía.

La pendencia de una acción de responsabilidad o de un procedimiento de separación de la administración concursal no impide la finalización de la fase de liquidación ni la conclusión del concurso, pues son actuaciones independientes cuya existencia no afecta al contenido exigido para el informe final de liquidación.

La prohibición de iniciar la vía de apremio administrativa para reclamar un crédito tributario concursal o contra la masa, desde la apertura del concurso, no impide que los créditos tributarios contra la masa generados después de la declaración de concurso generen intereses de demora y recargos, que también tienen la consideración de créditos contra la masa.

Los posibles defectos de convocatoria de junta -p.e., cuando no es convocada por uno de los dos administradores mancomunados - son subsanados si, asistiendo todos los socios, deciden celebrarla con carácter universal. En todo caso, la asistencia del demandante, como administrador mancomunado no convocante y a su vez como socio que votó a favor de los acuerdos, también subsana el defecto de convocatoria invocado.

Se desestima la diligencia preliminar solicitada por un socio para conocer la fecha en que los administradores le remitieron la convocatoria de una junta general, a fin de saber si fue convocada con la antelación mínima prevista por la ley, dado que tal dato debía figurar en el burofax que recibió con la convocatoria, por lo que la negligencia del socio, al no conservar o extraviar el justificante del burofax, no puede ser suplida requiriendo información a la sociedad.

Se condena a una Agencia de Valores, sus administradores y la entidad que aseguró su responsabilidad civil por daños a terceros, a reintegrar a los clientes minoristas las pérdidas económicas sufridas en unas inversiones en acciones y bonos emitidos por seis sociedades cotizadas en el MAB -actual BME Growth-, estrechamente vinculadas a la Agencia -que actuó como colocador en el mercado de dichas emisiones-, cuatro de las cuales fueron declaradas en concurso de acreedores, y ello por (i) no haber informado adecuadamente a sus clientes del conflicto de intereses existente, (ii) haber invertido en activos de riesgo no adecuados al perfil de los inversores y (iii), en definitiva, haber antepuesto su interés al de sus clientes.

Pendiente un concurso de acreedores, se atribuye la competencia exclusiva al juez del concurso para conocer de las reclamaciones de cantidad contra la sociedad concursada y las acciones de responsabilidad contra sus administradores por deudas sociales por no haber promovido la disolución de la sociedad concurriendo causa para ello. Sin embargo, el concurso no afecta a las acciones individuales de responsabilidad por daños contra los administradores, que pueden ejercitarse al margen del concurso.

El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad por deudas sociales contra el administrador de la sociedad es el mismo que el de la deuda social garantizada, por lo que, tratándose del impago de mercancías, dicha acción prescribe a los cinco años conforme al CC art.1964, interrumpiéndose la prescripción por la reclamación efectuada contra cualquiera de los deudores solidarios, entre ellos la sociedad.

En el caso de que el administrador compatibilice el ejercicio del cargo con una relación laboral común (en este caso, director comercial bajo las órdenes y dependencia de la sociedad), la jurisdicción social es competente para conocer de las acciones de carácter laboral (como la resolución de su contrato laboral) y la civil-mercantil de las acciones por el ejercicio del cargo (como la acción social de responsabilidad). En este caso, se desestima la acción social por entender que el nombramiento como administrador fue meramente aparente (entre otras cosas, tenía vedado el acceso a la contabilidad) y por estar las reclamaciones dinerarias ejercitadas por la sociedad directamente relacionadas con el contrato laboral de prestación de servicios, y no con el ejercicio del cargo.