Derecho Mercantil

El cierre registral tanto por baja en el índice de entidades de la AEAT como por revocación del NIF, a consecuencia del incumplimiento de obligaciones fiscales de la sociedad, impide inscribir la renuncia del apoderado debido a su eventual responsabilidad tributaria -solidaria o subsidiaria- por tal incumplimiento.

El registrador mercantil debe suspender el expediente de nombramiento de experto independiente, a instancia de socio minoritario, para valorar sus acciones/participaciones en el marco del derecho de separación por falta de distribución de beneficios de un ejercicio, cuando las cuentas se han aprobado por la junta antes de que hayan sido verificadas por el auditor nombrado por el registrador para ese mismo ejercicio, toda vez que la auditoria podría obligar a reformularlas, pasando de beneficios a pérdidas, como ha ocurrido en este caso, siendo la existencia de beneficios presupuesto para poder ejercer el derecho de separación.

Una vez que la sociedad acuerda el reparto de dividendos entre los socios, no puede desligarse unilateralmente del pago ni posponer la fecha de pago establecida en el acuerdo, ni siquiera en caso de insolvencia, dado que, acordado el reparto, el derecho abstracto del socio a participar en los beneficios se materializa en un derecho concreto frente a la sociedad, que se independiza de la relación societaria misma. Por otro lado, el socio no está obligado a impugnar los acuerdos sociales que pretendan enervar o modificar el previo acuerdo de reparto.

La declaración de concurso no afecta al regular funcionamiento de la junta general en cuanto órgano social de formación de la voluntad de la sociedad que no desarrolla funciones de administración ni actos de disposición; por lo que la administración concursal no puede interferir en la adopción de acuerdos de la junta, pudiendo asistir y emitir opinión, pero no votar, y mucho menos vetar sus decisiones. Con carácter excepcional, requieren su autorización los acuerdos con “contenido patrimonial o relevancia directa para el concurso”, pero esta excepción no alcanza a los acuerdos propios del devenir ordinario de su vida social, como el cese y nombramiento de administradores.

Ante una causa de disolución, el administrador demandado únicamente responde de las deudas posteriores. A tal efecto, hay que estar a la fecha de nacimiento de la deuda (en este caso, fecha de las facturas), siendo indiferente la fecha de vencimiento de los pagarés librados para su pago. En todo caso, la falta de depósito de las cuentas no acredita per se que la sociedad se encontrase en causa de disolución por pérdidas, si no va acompañada de otros indicios.

A falta de prueba directa de que la sociedad está en causa de disolución por pérdidas, la misma puede deducirse de hechos periféricos, como el propio impago y la ausencia de argumentación del administrador sobre el equilibrio patrimonial de la sociedad.

Pese a la literalidad del RRM art.102.1.4ª, la constancia en el acta notarial de la junta general de la “declaración del presidente sobre los resultados de las votaciones” es simple reflejo de una práctica consolidada, pero no constituye un requisito de validez o eficacia de los acuerdos adoptados con las mayorías legalmente exigibles, ni puede condicionar en modo alguno la ejecución de los mismos.

Si bien la ley exige que el socio que desee separarse de la sociedad por insuficiencia en el reparto de beneficios haga constar formalmente en acta su protesta, la misma, en cuanto que equivale a disconformidad del socio, puede manifestarse de diversas maneras, dependiendo del tipo de acuerdo. Así, si la junta acuerda destinar todos los beneficios a reservas, el mero voto en contra significa desacuerdo; pero también podría votar a favor del acuerdo de reparto, estando en desacuerdo con el importe repartido, en cuyo caso tendrá que expresar su protesta o disconformidad con el reparto acordado, para poder ejercer el derecho de separación.

Se desestima la acción judicial de expulsión de un socio por no prestar apoyo financiero a la sociedad, estando la sociedad en dificultades económicas, dado que no es causa legal de expulsión, ni en este caso tampoco estatutaria, en la medida que los estatutos sociales no establecen ninguna prestación accesoria a cargo de los socios.

El liquidador no responde del pago de las deudas de la sociedad por el mero incumplimiento de sus deberes formales (elaboración del inventario y balance inicial, formulación de cuentas, operaciones de liquidación, presentación del balance final), sino que es preciso que exista un nexo causal directo entre dicho incumplimiento y el impago de la deuda, cosa que aquí no ocurre en tanto en cuanto no consta que la sociedad tuviese patrimonio alguno con el que satisfacer, siquiera parcialmente, la deuda reclamada.

Corresponde al liquidador al que se pretende separar del cargo por retraso en la liquidación -más de tres años sin someter a la junta la aprobación del balance final-, justificar que la demora tiene causa justificada. En este caso, los pleitos promovidos por el otro socio (su excónyuge), de impugnación de un acuerdo de aprobación de cuentas y el ejercicio de acciones de responsabilidad contra él, no justificaban la parálisis de la liquidación, por lo que el registrador le separó del cargo, en resolución confirmada judicialmente.

No cabe practicar el depósito de las cuentas anuales cuando la convocatoria de la junta general omite toda mención al derecho específico de información del art.272.2 LSC. Dicha omisión es un defecto insubsanable, al vulnerar un derecho esencial de los socios. La simple alusión al art.197 LSC o la remisión a la web corporativa no cumple con el deber legal de informar expresamente sobre el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación.